Tras el desastre medioambiental del que fue víctima la Isla de Chiloé y otros sectores de la Región de Los Lagos, la llegada de la acuicultura y, en especial, de la salmonicultura a la Octava Región, se presenta como una amenaza para la población, ya que se responsabiliza a estas empresas por la contaminación del mar, la muerte de diversas especies marinas y el desempleo de miles de pescadores.

El pasado mes de marzo, se ingresaron 72 solicitudes, por parte de 5 empresas, para instalar centros de cultivo en todas las provincias de la Región del Biobío. Desde entonces, tanto pescadores como algunos ciudadanos de distintas comunas, temen por la llegada de la industria salmonera a la Región y el impacto negativo que ésta podría generar. Actualmente, según la Subsecretaría de Pesca, ya son 83 las solicitudes ingresadas para cultivo de salmónidos y 21 para cultivo de mitílidos (choritos), mientras que en la costa de Ñuble, ya fueron ingresados 11 proyectos al Servicio de Evaluación Ambiental. Estos centros de cultivo se instalarán a lo largo de la zona costera de la región del Biobío, muy cerca de las costas y frente a la desembocadura de ríos, esteros, acantilados, playas, y hasta frente a pueblos y caletas de pescadores.

Biólogos marinos, organizaciones medioambientales y una serie de profesionales y activistas, han realizado conferencias en Concepción y otras de ciudades de la Región, alertando a la población de las nocivas consecuencias que puede traer la masiva llegada de estas industrias a la zona. Junto a esas actividades, son varias las marchas que se han realizado para manifestar el descontento de la ciudadanía frente a esta inminente arremetida de las salmoneras. En aquellas instancias, se ha criticado no sólo el impacto ambiental que pueden generar estas empresas, sino que también su alta demanda de recursos alimenticios, así como la explotación laboral y trastornos sociales que pueden llegar a generar.

Las manifestaciones han sido lideradas, en su mayoría, por Fenaspar Chile (Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile). El presidente de esta organización, Hernán Cortés, declaró que “las personas que vivimos del mar nos encontramos en peligro. La industria salmonera no tiene respeto por el medioambiente ni el ecosistema y vendrán a dañar nuestra fuente de trabajo, como lo han hecho más al sur”. A Fenaspar, se suma el apoyo de varios alcaldes que ya han hecho pública su disconformidad con la eventual llegada de empresas de salmonicultura. Uno de ellos es Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, quien asegura que “ya es sabido lo altamente contaminante que son las salmoneras, y no quiero que nuestras costas sean víctimas de ellas. Para nosotros, esta situación se ha convertido en una amenaza. La industria salmonera quiere invadir la provincia de Arauco y el resto de comunas costeras de la Región, pero nos resistimos a ello”, manifiesta preocupado.

A la preocupación por la crisis medioambiental y la explotación laboral, se suman otras causas más complejas que complican especialmente a pesqueros desde hace años, como la Nueva Ley de Pesca chilena o Ley Longueira, y todos los hechos que han sido parte del Caso Corpesca. Ésta Ley ha sido catalogada de injusta y corrupta por sentenciar que los recursos pesqueros se encuentren a favor de las grandes industrias y sus respectivos dueños, y no de los pesqueros artesanales. Sin embargo, las empresas mantienen en pie sus concesiones y proyectos, y muy probablemente se llegarán a tramitar de igual forma.