El periodista italiano Lorenzo Spairani, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, el ciudadano vasco Ibán Gartzía, la banda punk Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band y los estudiantes peruanos Michael Peña, Eduardo Pillaca y Carla de la Cruz son algunos de los casos de expulsión del país por motivos políticos durante este último tiempo. Ninguno de ellos cometió algún delito ni provocó desordenes públicos. Al parecer, todo indica que en Chile hay determinadas personas, formas de pensamiento y libros que no son bienvenidos.

Aunque es común que se prohíba el ingreso a aquellos extranjeros que no cumplan con ciertos requisitos, las restricciones políticas y de pensamiento pasan inadvertidas como simples formalidades de la burocracia aduanera. Ni hablar de literatura anarquista, marxista o de tendencia contestataria, pues el porte constituye una gran razón para no entrar al país.

Incluso, en el año 2016 el noticiero Ahora Noticias realizó el reportaje “Delitos en el viaje”, en el que se dio a conocer el caso de un ciudadano español. Tras llevar algunos folletos políticos en su equipaje, el joven fue expulsado por fomentar doctrinas que “alteran el orden social del país”.

El Decreto Ley N°1094 del año 1975

Este tipo de determinaciones se han fundamentado en la Ley de Extranjería del año 1975, promulgada a comienzos de la dictadura militar y vigente hasta nuestros días. Y es que el artículo 15 del Decreto Ley 1.094 señala:

‘Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: 1) Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado’

DL 1.094, art. 15

Se trata de una ley decretada en 1975 por la autodenominada “Junta de Gobierno”. Al final del texto legal se puede apreciar la firma de Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza. Si bien puede parecer insólito para cualquier persona inexperta en esta materia, la verdad es que la aplicación de esta normativa no es un caso excepcional. Tomando en cuenta que se mantiene la Constitución Política de la República, este tipo de artículos son sólo una arista más de todo el entramado jurídico establecido durante el régimen militar. Pese a la existencia de leves modificaciones, son más 150 leyes vigentes e intactas.

En ese sentido, el abogado Adolfo Montiel es crítico del sistema actual. Con una trayectoria de más de 40 años en la defensa de los derechos humanos, plantea que actualmente aún se vulneran a través de diversas formas.

«Hoy la defensa de los derechos humanos continúa. En dictadura existía un terrorismo de Estado sistemático, pero hoy día el atropello a los derechos humanos es un poco más sutil y larvado. No es tan grosero, pero sucede todos los días: la profunda desigualdad en el plano educativo, la precarización de la salud y el centralismo agobiante. Éstos son algunos ejemplos de las violaciones que vivimos”, explica el abogado.

Contrabando de libros: el caso de Matías Coloma

Matías Coloma, mejor conocido como “Emeteah” en su faceta musical, es un joven de 20 años de edad que reside en la comuna Talcahuano. A temprana edad manifestó diversas inquietudes que lo impulsaron a participar de forma activa en los movimientos sociales, siendo el rap una de sus herramientas fundamentales. De esta manera, Matías asume una posición política de izquierda e influenciada por el anarquismo.

Es así como decide emprender el rumbo por América Latina con el objetivo de conocer nuevas experiencias. Tras su paso por Perú, Colombia y Ecuador, llega a la República Bolivariana de Venezuela con la intención de comprender dicho proceso social por su propia cuenta. Durante su estadía adquirió diferentes libros que iba a regalar a sus amistades, sin ningún ánimo de lucro o intención de vender, simplemente con el deseo de dar a conocer lo que está ocurriendo en el continente y ofrecer una fuente alternativa de información.

Lamentablemente, su nula experiencia viajando fuera del país no le favoreció en el paso fronterizo Los Libertadores. Tras desconocer los procedimientos formales, Matías no declaró correctamente sus pertenencias, por lo que recibió un llamado de atención por los libros que portaba. A su juicio, los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas reconocieron su nula intencionalidad en el hecho y él se rectificó presentando las facturas de cada texto. Sin embargo, denuncia que uno de ellos revisó el contenido literario de las obras y finalmente decidió entregarlo a la justicia por “contrabando”, situación agravada por la presencia del noticiero de Mega.

“Te vamos a meter preso por extremista” y “ándate al régimen chavista” fueron algunos de los epítetos que aseguró recibir por funcionarios aduaneros. Además, denuncia que el canal tergiversó y manipuló la información del reportaje periodístico, ya que incluso hicieron pasar un texto de poesía por un manual para confeccionar bombas.

De este modo, a Matías le requisaron todos sus libros y quedó a la espera del proceso judicial en su contra. No obstante, decidió aclarar públicamente el incidente y tomar acciones legales en contra del canal.

Video denuncia

Declaración pública de Matías Coloma:

Finalmente, cabe preguntarse la necesidad de estas leyes y si son propias de un Estado que no duda en condenar estos hechos cuando ocurren en el exterior.

Lo cierto es que la legislación vigente define como discriminación arbitraria:

‘toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares por motivos de raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad’.