En una movida para estar acorde a lo firmado en el Convenio de Budapest, Chile actualizará su Ley de Ciberdelitos por primera vez en 24 años, y de paso adecuarse a los tiempos actuales, sancionando principalmente faltas a la privacidad de las personas y la creación o facilitar herramientas o datos para fines maliciosos como robos o hackeos.

El mes de agosto de 2017, entro en vigencia el tratado de Budapest, es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la creación de leyes nacionales. Para adecuar la legislación el Gobierno chileno que es el primer país sudamericano en adherir a este pacto, enviara un proyecto al congreso para actualizar la ley de Ciberdelitos, la que no ha tenido modificaciones desde 1993. 

Para entender un poco el contexto de esto, hay que remitirse a la misma ley 19.223 que está vigente hoy en día. Dicha ley consta de apenas cuatro artículos y a la fecha jamás se le han hecho modificaciones. Es tan corta que se puede leer en su totalidad a continuación:

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¿Que busca el proyecto?

El proyecto de ley que se enviará al congreso implica actualizar la legislación actual en base al Convenio de Budapest, un tratado internacional firmado hace ya bastante tiempo (2001) al cual Chile se sumó en abril de 2017 como parte de una renovada política de ciberseguridad.

Los nuevos delitos que se agregarán a la ley son ocho, según lo que indica La Tercera:

1) Captación visual y sonora de información sin consentimiento

2) Difusión de ese material

3) Producción de programas o dispositivos para cometer delitos

4) Difusión de información de un sistema informático

5) Manipulación de claves confidenciales y de datos codificados en una tarjeta

6) Uso de programas o dispositivos para vulnerar la integridad de datos

7) Alteración o daño de sistemas informáticos

8) Alteración de datos para acceder a un sistema informático

El Jefe del Cibercrimen de laPDI de Concepción, Subcomisario Eduardo Lambert

Actualización de la ley 19.923

El abogado de la Fiscalía nacional Antonio Segovia, dice que si bien son muchos los casos que se ha intentado juzgar, bajo la definición de estafa, esto no es suficiente. “Se trata de figuras que datan de 1874 y desde luego no contemplaban situaciones vinculadas a las nuevas tecnologías. Los fiscales han tenido varios problemas en tribunales para sancionar este tipo de conductas a nivel de estafa”.

“El convenio de Budapest es un instrumento internacional de carácter multilateral y uno de más importante en materia de abordaje integral a la ciberdelincuencia o cibercriminalidad. En este sentido provee una serie de normas para que los países adecuen sus legislaciones domesticas a los estándares del convenio”. Señala.

También señala que esto va a permitir congelar datos (Correos electrónicos) y a su vez establecer una comunicación fluida con autoridades de otros países para combatir este tipo de delitos. Por último el jurista destaca que con este proyecto entrega mejores condiciones para las policías para que realicen mucho más rápido su trabajo. 

Presidenta Michelle Bachelet y Canciller firma decreto del Convenio de Budapest durante lanzamiento de la Política Nacional de Ciberseguridad. (27 de abril de 2017)

¿Que piensa la PDI sobre el proyecto de ley?

El Jefe del Cibercrimen de la PDI de Concepción, Subcomisario Eduardo Lambert, explicó que la actual legislación sólo sanciona los accesos indebidos y el espionaje informático, de ahí la importancia de poder actualizar la ley.

El funcionario de la PDI penquista explicó que una de las complicaciones actuales es que si bien los policías pueden infiltrarse en las redes por ejemplo de pedofilia, no hay mayores atribuciones para concretar otras acciones. En el fondo cuando se utiliza esta figura de un agente encubierto en el ciberespacio, o un agente revelador como nueva figura, las defensas pueden argumentar que se incitó a cometer un delito, y finalmente el ‘ciberdelincuente’ puede incluso quedar en libertad.

Por último el  Subcomisario Lambert señala que la nueva legislación ayudaría con la detección de personas que porten algún malware o código malicioso, tal como se puede detener a alguien que porte un arma blanca o un arma de fuego, o elementos para cometer delitos, porque se entiende que éstos se utilizarían para algún ilícito. Si una persona porta un virus, malware u otro elemento, se podría considerar como un “arma cibernética”.

Antonio Segovia. Abogado de la Fiscalia nacional.

Por último el proyecto de ley aún no ha sido despachado y todavía está en fase de afinación antes de enviarse a las cámaras baja y alta. Será entonces momento de revisarlo en detalle y de alguna forma anticipar la efectividad del mismo, ya que pese a ser frecuentes hoy en día la mayoría de delitos quedan impunes porque no hay nada que los penalice.

Es por eso que acá de mostraos algunas recomendaciones básicas que debes tener en cuenta para no sufrir algún ciberdelito.