El 21 de agosto de 2017 quedará marcado en la historia como el día en el que, tras casi treinta años, Chile dejó de ser parte de los seis países que penalizan la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia. Las repercusiones en los ámbitos a los que afecta la nueva ley no se hicieron esperar.

La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción de un embarazo, ya sea de manera espontánea o provocada, tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad; es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente.

Anualmente, el número de procedimientos inducidos a nivel global bordea los 46 millones; 26 millones son llevados a cabo en países donde es legal y la porción restante es practicada de manera ilegal. Hasta 2016, sólo seis países en el mundo prohibían la interrupción bajo cualquier justificación, considerando incluso el riesgo de vida de la madre. Chile formó parte de ellos durante casi tres décadas, pese a haberlo despenalizado bajo fines terapéuticos en el pasado.

Contextualización histórica nacional

Definiciones conceptuales

La fundamentación se remite al compromiso del Estado con los derechos humanos, apuntando la denegación de la interrupción del embarazo como una vulneración. La principal finalidad del proyecto es hacerse cargo de tres causales: en caso que exista peligro de vida de la mujer embarazada, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o de carácter letal —que deberá ser diagnosticada por un equipo médico—, y si la gestación fue producto de una violación.

Según lo contemplado respecto a la última causal, el plazo es de 12 semanas de gestación. Tratándose de quienes tienen menos de 14 años, el límite es extendido hasta las 14 semanas, pues considera que las niñas y adolescentes demoran más tiempo en saber que están embarazadas. En esos casos, las afectadas deberán actuar con autorización de sus padres u otro adulto responsable; pese a ello, se les concede un espacio legítimo de discernimiento, reconociendo que serán quienes tendrán que sobrellevar las consecuencias de su decisión.

María de los Ángeles Uribe, psicóloga egresada de la Universidad del Desarrollo y especializada en maltrato y abuso sexual infantojuvenil, explica que las opiniones académicas en lo que a apoyo terapéutico respecta están divididas. “Existen dos posturas en las diferentes investigaciones; por una parte, algunos señalan que no existen consecuencias asociadas, debido a que la persona tiene una interpretación positiva del aborto y, por lo tanto, piensa que es la mejor decisión, y por otro lado, están aquellos que plantean que es vivido como una situación traumática que provoca la vivencia de un duelo”.

Sin importar el contexto, la profesional cree que es importante hallar refugio en la ayuda psicológica durante el proceso. “Se hace relevante el acompañamiento psicológico para poder asistir a la persona en la situación, ayudándola a resignificar las causas y efectos y favorecer la adaptación”.

Apreciaciones profesionales

Nelson Villena, abogado y académico de la Universidad de Concepción, se manifestó conforme con la aprobación del proyecto. “Soluciona una realidad y un problema latente. Este tema fue muy discutido, porque tiene componentes de tipo religioso, filosófico y ético, pero el Estado siempre debe legislar para la mayoría de los ciudadanos”, señaló.

Villena también aclaró los alcances de la implementación de la nueva ley. “No va a haber ninguna modificación a nivel constitucional. El Estado garantiza la protección a la vida de las personas y eso no cambia, lo que se hace es introducir excepciones a casos puntuales en los que se puede poner término a un embarazo”.

Nelson Villena, abogado y académico de la Universidad de Concepción. Fotografía por Elizabeth Salgado.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile señaló que no se llevarán a cabo abortos en las instalaciones de la institución. Fotografía gentileza de thisischile.cl

Por otra parte, Germán Acuña, presidente de la sede regional del Colegio Médico de Chile, afirmó estar en espera del reglamento que definirá cómo se aplicarán las resoluciones. “No tenemos conocimientos referentes al financiamiento de la calidad o las garantías de oportunidad, pero esperamos que sean salvaguardadas en la red asistencial tanto pública como privada”.

El profesional, además, detalla que la participación médica será fundamental a la hora de llevar a cabo un aborto. “El médico es el responsable legal del equipo en cualquier procedimiento, por lo tanto, el rol que cumpla será muy importante. Por eso, y dadas las convicciones personales, tendrá la posibilidad de optar a la objeción de conciencia y decidir su participación o no”.

La objeción de conciencia consiste en la justificación del incumplimiento de una obligación de carácter legal bajo el amparo de los límites morales personales. Es decir, la realización de dicho accionar le provocaría al individuo en cuestión una grave lesión en la propia conciencia. En agosto de 2017, el término comenzó a resonar cuando el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, aseguró que, de llegar a presentarse el caso de que una mujer decidiera realizarse un aborto en las instalaciones médicas de la institución, sería trasladada a otro recinto hospitalario, con la excepción de que el proceder tuviese carácter de urgencia.

Acuña sostiene que la asociación gremial llevará a cabo un seminario a nivel nacional en el que aborde temas como la ética y el debate moral. En cuanto a las eventualidades que el panorama provocaría con aseguradoras privadas de salud, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, indicó a Radio Cooperativa que, de existir un convenio cerrado con una institución que tiene objeción de conciencia, la isapre debería estar obligada a ofrecer más de una alternativa. Según el Ministerio de Salud, a lo largo de 2017 se cuenta con fondos para comprar equipamiento y capacitar a los profesionales participantes, y a partir de enero de 2018, se espera contar con profesionales ubicados e instalados en cada una de las localidades que contarán con el servicio.

El Ejecutivo, por otra parte, tiene contemplado dividir al país en seis macrozonas de atención compleja; en estas se pretende llevar a cabo el diagnóstico de inviabilidad fetal. Se va a contemplar, además, el traslado de las pacientes desde los distintos lugares de Chile.

Desde el Colegio Médico de Chile señalan que capacitarán a sus miembros respecto a temas como la objeción de conciencia. Fotografía gentileza de Colegio Médico de Chile.