La llegada del verano trae consigo un aumento en el consumo de agua. Las empresas sanitarias establecen un periodo punta, donde se cobran multas a aquellos clientes que exceden el límite de los 40 metros cúbicos desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo.

Las políticas económicas se han implementado como medida para lograr una gestión sostenible de los recursos hídricos. Las tarifas son una herramienta que forma parte de estas medidas públicas cuyo objetivo es incentivar en la población: la utilización ambiental, social y económicamente sostenible y eficiente de esta sustancia vital. Por esta razón, los precios tienen que evidenciar la escasez del recurso, logrando así una menor utilización en sectores con escasa disponibilidad hídrica, ayudando así a la sustentabilidad del agua. Por consiguiente, el precio en el norte del país debiera ser más alto que en el sur de Chile.

Actualmente, existe presión mundial debido a lo rápido que crecen las ciudades y sus habitantes, la contaminación y el aumento de la demanda sobre el H20 por el mayor crecimiento económico de las últimas décadas. Generalmente, las tarifas debieran considerar aspectos tales como: la eficiencia económica, la equidad, la accesibilidad al agua e  incentivar la conservación de la misma. Sin embargo, esto no se cumple actualmente; las entidades reguladoras son las responsables de establecer el costo de los servicio y su función, hipotética, es  sopesar estos factores principalmente en regiones con escasez.

El DFL 70 de 1983 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) indica una tarifa no-punta variable y otra punta en períodos de alta demanda, durante los meses de verano ($/m3) donde las multas de sobreconsumo son para cubrir los costos de prestación del servicio en estas fechas. Estas se calculan mediante una tasa volumétrica ($/m3) y una fija ($). Las tarifas volumétricas durante todo el año debieran reflejar el valor de escasez, ya que el proceso de cálculo considera el valor del agua en cada zona. Por lo que, debiera aumentar el precio desde el norte hacia el sur.

Edith Muñoz, ejecutiva de atención al cliente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios dice que: “Las leyes en Chile que regulan el servicio de agua potable son de antes de los 90 y están basadas en fijar precios que logran que los operadores se autofinancien y que existan subsidios estatales en materia de agua para las familias de bajos recursos”. Por su parte, Raúl Ulloa, ejecutivo de atención al cliente de ESSBIO, dice que: “por cada metro cúbico que exceda el límite de sobreconsumo (40 m3) el costo aumenta un 200% respecto al valor normal”.

Tarifa de sobreconsumo

Entre los meses de abril a noviembre, la variación en el gasto de agua es baja por lo que las concesionarias utilizan este tiempo para fijar el promedio mensual que utiliza cada usuario; se aplica el recargo en caso de que un hogar presente un consumo mayor al valor mensual registrado en temporada “baja”. En cambio, la época donde se paga el sobreconsumo está caracterizada por ser los meses del año con mayores temperaturas, en donde el uso de agua registra promedios que exceden ampliamente la media anual.

El alza en los precios es definido a modo de ensayo por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siis). Sin embargo, cada empresa es encargada de presentar propuestas tarifarias para luego de negociar entre ambas partes y determinar una cifra que permanezca durante cinco años. Las multas tienen como objetivo combatir la escasez hídrica, por eso es que se aplica en doce regiones de Chile, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta La Araucanía.

El precio de cada metro cúbico que pagan los chilenos todos los meses para tener suministro es fijado de forma arbitraria por las empresas concesionarias y la Siss. Nuestro país es considerado privilegiado en materia de agua, si bien el volumen de agua por persona al año es alto, la disponibilidad hídrica por región es distinta y las tarifas actualmente no son lo suficientemente útiles para gestionar de forma sustentable el H2O.