Condiciones de hacinamiento, falta de agua potable y servicios higiénicos, violencia, plagas y una política de reinserción deplorable es parte de la cotidianidad tras las rejas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó el Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, teniendo como el eje el cumplimiento -o no- de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de quienes se encuentran cumpliendo una condena. El resultado evidencia la realidad de una parte de la sociedad que es castigada más allá de su libertad.

El sistema punitivo supone ser una instancia en la que además de pagar una determinada condena que significa el aislamiento social, también contempla la reinserción en un proceso que permita descubrir nuevas oportunidades para el desarrollo de las personas. Aunque en la práctica, según Gabriela Hormazábal, trabajadora social, las cárceles funcionan como una escuela delictual porque se fundamenta en la sobrevivencia mediante el uso de la violencia donde prima la ley del más fuerte.  

El informe analiza 40 centros penitenciarios (de un total de 84 a nivel nacional) donde están recluidas 5.417 personas. Se evidencia que uno de cada dos hombres no cuenta con un espacio propio para dormir (51,3%) y en el caso de las mujeres una de cada de tres (35,7%).

La sobrepoblación interna producto de una pésima planificación conlleva una cadena de problemas que inician por la falta de servicios básicos y repercuten en expresiones de violencia que en algunos casos, significa la muerte, dice el abogado Eduardo Alcaíno. Lo más usual es que esta violencia sea ejercida entre los reclusos y las reclusas pero también desde Gendarmería, la entidad encargada de supervisar y proteger.

La violación a los derechos humanos también alcanza a las familias que asisten a las jornadas de visitas pasando por la revisión de Gendarmería, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, además de los menores de tres años que residen en la cárcel junto a su cuidador o cuidadora, quienes son igualmente convictos de manera colateral “y luego son enviados a Sename, donde se supone que deben cuidarlos y protegerlos, aunque sabemos que no es así”, dice Gabriela Hormazábal.

De los 40 penales, 24 no tienen acceso a baño ni agua potable de manera permanente. Se menciona estanques y desagües tapados, humedad, hongos, nula ventilación y sólo en dos unidades especiales al extremo sur cuentan con calefacción. Esta falta de higienización propicia el desarrollo de plagas como ratones, chinches y vinchucas y afecta directamente en la salud de las personas que ahí residen.

Nelly León, capellana de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, señala que es lamentable que en el 2019 aún estemos hablando sobre de las condiciones de habitabilidad de las cárceles, cuando deberíamos estar jugándonos por la reinserción de las personas detenidas. En ese sentido, el hecho de fondo es cómo se deja de considerar sujetos humanos a quienes pagan sus penas en cárcel.