El Estallido Social de octubre de 2019 provocó grandes protestas a lo largo de todo el territorio chileno, generando graves enfrentamientos entre las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile y manifestantes, en las cuales también se llevaban detenidas a un gran número de personas.

Por Patricia Mancilla y Renata Jara

La información recopilada por el medio Ciper informa que los civiles acusados de cometer supuestos delitos en las movilizaciones y que permanecen privados de libertad son 497 a nivel nacional, de los que 216 están bajo arresto domiciliario.  

Las presas y los presos reclutados bajo el sistema carcelario, se encuentran en situación precarizada debido al hacinamiento provocado por la gran cantidad de personas detenidas e ingresadas que no necesariamente cumplen condena, sino que más bien se encuentran a la espera de un juicio o su cambio de medida cautelar.

Así están actualmente los detenidos a causa de las manifestaciones, con pésimas condiciones de vida y en abandono de parte de las autoridades que no tienen interés por generar un plan de inserción a la sociedad, ni ajustan el presupuesto a una infraestructura óptima e higiene en el recinto.

Ley control de armas: criminalización de la protesta 

Uno de los cargos más usados en el contexto de protestas fue la Ley de Control de Armas (Ley N°17798), aprobada en 1972 durante la Unidad Popular bajo el contexto de revuelta social y grandes movilizaciones de los cordones industriales. En ese entonces, la normativa permitía tener un control político del proceso y permitir la seguridad del Estado.

Contrario a que se modificara esta ley, ha sido continuamente reforzada: primero a fines de los setenta en la Dictadura Militar; luego, durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde se incluyó el uso de artefactos explosivos como las bombas molotov o similares; y finalmente, endurecida más en 2014, bajo el mandato de Michelle Bachelet.

La reforma introdujo restricciones de suspensión condicional respecto a ciertos delitos como el porte y tenencia de aparatos detonantes, que se extiende incluso a personas que no tienen antecedentes. También tiene consecuencias previas a la condena, pues a la hora de dictar las medidas cautelares, es común que el Ministerio Público pida la prisión preventiva inmediata por esta causa, negándose a reemplazar la sanción por una menor, como lo es el arresto domiciliario. Esto implica que las sentencias tengan la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir: desde los tres años y un día de cárcel hasta los diez años.

Miguel Muñoz, abogado experto en tratar las temáticas de presos políticos y miembro de la asamblea territorial Chiguayante Organizado, explicó que “(…) existen hechos dentro de la protesta social que penalmente son relevantes y dan comienzo a una persecución esmerada por parte de las policías y autoridades. Actos que, por la pena asociada, encierran una gravedad a juicio del legislador y constituyen un obstáculo para poder optar a una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva. Además, la existencia de procesos anteriores en los antecedentes del detenido puede jugar en contra para optar a otra clase de medida cautelar”.

El trato de Fiscalía  con quienes llegan a ser detenidos es consecuencia de la estructura a la cual responde el sistema judicial, “(…) el actuar del Ministerio Público es consecuencia de la normativa represiva impulsada por el Ejecutivo y el Congreso que van destinadas a criminalizar la protesta. En un contexto de movilización, el Estado echa a andar todo el aparataje punitivo para perseguir y sancionar a los que ejecutan hechos que válidamente admiten la posibilidad de una interpretación no violenta, tal como ocurrió con la serie de proyectos de ley después de octubre del año pasado que apuntaban a sancionar penalmente a los ciudadanos que se manifestaban en las calles” afirmó Miguel Muñoz.

Otra de las razones que sustenta la desviación de la aplicación de la ley es que es imposible optar a penas en libertad en caso de condenas, por lo que obliga recurrir al Tribunal Constitucional. Javiera Delgado, abogada defensora de Edgardo García, prisionero por el Estallido Social, mencionó que “(…) que se puede interpretar como una discriminación arbitraria y que responden a decisiones políticas que buscan aumentar el cumplimiento de penas efectivas como mecanismo para disminuir la delincuencia, siendo se ha demostrado que las penas altas no son una herramienta eficaz”.

La alta e invisible cifra de detenciones políticas

El despertar nacional producido el año pasado logró la atención y participación de miles a lo largo del territorio nacional. No obstante, tuvo graves consecuencias por la alta represión, que terminó en registrar a 260 víctimas con traumas oculares, según el  reporte que realizó el Colegio Médico de Chile.

A lo anterior se agregan los catastros por detenidos bajo la ley de porte de armas que, en el caso de la región Metropolitana, son 188 personas de los cuales 42 se encuentran con arresto domiciliario y 58 impresión preventiva, indicado en los registros entregados desde el Colectivo 18 de Octubre de Santiago.

“La represión suele ocurrir y se escudan en los procedimientos establecidos por ley: algunos comienzan por un control de identidad mal aplicado, desórdenes públicos en los que no existen pruebas para una formalización y a veces, hay cambios de criterios donde la Fiscalía determina que deben ser pasados a una audiencia de formalización e incluso en prisión preventiva”, comentó Danilo Bustamante, miembro del Colectivo 19 de Octubre de Concepción.

Respecto a la cantidad de presas y presos en Concepción, existen 153 prisiones preventivas entre octubre y diciembre de 2019 en la cárcel El Manzano. Para el mismo periodo el Ministerio de Justicia habló de 2500 presos a nivel nacional, sin embargo, las cifras hablan del total de procesados y no de las causas en particular.

“Desde las organizaciones solidarias con la prisión política, las cuales se levantaron desde octubre, la primera urgencia fue dotar de contenido a estas cifras y encontrar a los presos y sus familias. De esto, se comenzaron a elaborar catastros por comunas y regiones, donde los mismos detenidos se reconocían como parte de esta prisión política. Si hablamos de cifras hay una gran diferencia entre la cantidad de prisiones preventivas dictadas y la cantidad de personas que se asumieron como presos políticos. En la intercomuna de concepción hemos tenido experiencia con una treintena de casos, algunos se resolvieron rápidamente, mientras que otros se mantienen privados de libertad” afirmó el colectivo No más Presos por Luchar.

Sucedió en Concepción: presos y presas por la revuelta

Catalina Fuentes es estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción. Fue detenida el 3 de diciembre de 2019 y se convirtió en uno de los casos más polémicos de la cárcel El Manzano.

Catalina inició su relato.  “Ese día, nos dirigimos a Tribunales para la movilización. Yo estaba con una mochila con mis documentos, con una mascarilla y un rociador de hidróxido de aluminio. En un momento me vi sola y fui al sector donde los adocretos estaban sueltos, mientras tanto se comenzaba a juntar la Primera Línea. Me senté en el suelo y removí uno, pero al ver que más personas se sumaron a mover los adoquines saqué otros tres. Después de una hora, me fui del lugar por la calle O’Higgins. Llegando a Colo-Colo unos autos nos encerraron y se bajó mucha gente: era la Policía de Investigaciones (PDI). Me subieron al auto, me tiraron del brazo y me dejaron en uno distinto al de mi compañero”.

Luego del procedimiento fueron trasladados a un centro asistencial a constatar lesiones. Posterior a eso se dirigieron al edificio de la PDI para esperar hasta el día siguiente y ser llevados al juzgado, donde fueron imputados por daño simple y desórdenes públicos.

Ante la preocupación propia del arresto, la estudiante tuvo que lidiar además con los tratos indebidos de parte de gendarmería: “Un día, un gendarme sargento me llevó a su oficina y me dijo que yo había sido manipulada por las personas a cargo de las causas sociales y me pidió que hablara para no convertirnos en Venezuela; hizo alusión a que recibimos pagos de otros países por destruir la calle. Ella fue explícita y me dijo que me iban a matar, a mí y a mi familia”, recordó.

Sobre las condiciones en la cárcel, “el sistema es muy precarizado, no hay preocupación por la salud mental ni por la reinserción. Las personas vienen de contextos muy difíciles, donde el Estado les da la espalda y el maltrato es normalizado. Dentro de la cárcel no existen lujos ni contención, hay mucha pobreza y con suerte recibes visitas, pero fuera de eso estás abandonado”, reflexionó Catalina Fuentes tras su paso por la prisión.

Edgardo García es otro de los casos de los presos políticos. Fue detenido el 6 de marzo mientras se desarrollaba la marcha “No más Sename” en el sector de la Universidad de Concepción. Fue el último encarcelado en la ciudad penquista desde el comienzo del Estallido Social, antes del caso de los 11 acusados por la UdeC, por ser un peligro para la sociedad aún sin estar con antecedentes. Su hermano, Eduardo García, comentó que “estuvo tres días desaparecido, sin contacto con nadie, después nos enteramos que durante ese tiempo estuvo descalzo”.

“El apoyo de nuestra familia, de la iglesia, de la asamblea territorial y el Colectivo No Más Presxs por Luchar, nos ayudó para articularnos con las otras familias. Para mi mamá fue de gran ayuda poder conversar con otras madres en la misma situación”, recordaba Eduardo.

Junto con exponer la situación que vivió su hermano, tiene una clara y definida visión sobre los establecimientos penitenciarios: “Las cárceles en Chile son indignas y se necesitan reformarlas. Además que en este caso le debemos sumar la pandemia del Covid-19 y las condiciones de hacinamiento dentro de las prisiones. Alcanzamos a verlo tres veces antes de que restringieran las visitas para evitar contagios. Luego solo podíamos enviar encomienda y hablábamos un par de veces por llamada telefónica que autorizaba gendarmería”.

Eduardo finaliza con una reflexión: “Pero la vida nos posicionó en un escenario en el que vivimos la injusticia del país, donde el castigo se basa en la prisión preventiva, herramienta que tiene el Estado para apagar las mentes de las personas y desequilibrar a las familias. En la historia siempre se hablará y escribirán varias versiones, algunos hablarán de lo mucho que marcharon por las calles, otros opinaran lo que se decía en televisión, comentaran de los torturados, mutilados, de las violaciones a los derechos humanos, los muertos y el plebiscito. Otros hablaremos de los presos por luchar, valiente juventud que salió sin miedo a pedir dignidad”.

En Chile no todos tienen derechos humanos 

A través de los testimonios y las visiones de expertos, hay una opinión compartida sobre la falta e irrupción a los derechos humanos de las presas y los presos, la que se vislumbra en los casos expuestos y en las condiciones de hacinamiento, además de la higiene en los recintos y carencia de reinserción.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 5 declara que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, lo que no concuerda con las declaraciones emitidas.

Cabe mencionar que de todas las denuncias recibidas por la Fiscalía, 6.369 son hacia el organismo de carabineros, 307 a militares, 137 a funcionarios de la Policía de Investigaciones y 27 a marinos. Otras 30 son hacia uniformados sin clasificar. Esto se traduce en una profunda desconfianza hacia los organismos que se supone, están destinados a resguardar y proteger a la ciudadanía. 

El nivel de desacreditación a las instituciones nombradas responde también a la violencia que se vive en las cárceles y que no es un tema que esté presente en las temáticas contingentes. Se precisa reconocer cómo se vive dentro de una cárcel, las condiciones de las presas y los presos, para poder reconocer la dignidad de todas las personas y la garantía de que todo ser humano tiene el derecho de vivir dignamente.