La redacción de una nueva constitución tendrá que considerar una normativa ambiental que consagre y valore jurídicamente a la naturaleza. Cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno es clave si se busca asegurar un futuro.

Por Tamara Jara Carrasco

Ante la oportunidad de replantearnos y reestructurar la carta normativa de nuestro país son muchas las inquietudes y demandas que cruzan nuestra mente. Luchas e ideales justos que como seres humanos albergamos dentro nuestro, acorde a los valores y deseos de un mundo que nos haga sentido ante tanto sinsentido.

La discusión constituyente deberá centrarse y pautearse según las diversas temáticas que se alcen desde los territorios y las comunidades. Porque esta es la instancia en que nuestras voces deben ser oídas, porque mucho se sacrificó para que así pudiera ser.

La nueva constitución llega a cuestionar los paradigmas que nos rigen y pone en la palestra la necesidad de regirse por otros nuevos, en concordancia a las necesidades de la sociedad actual, pero con especial consideración, en las futuras.

Y es al pensar en las generaciones futuras que emergen uno de los principales desafíos que tendremos que enfrentar en el futuro próximo, la crisis climática y ecológica que nos asecha permanentemente, producto del desenfrenado ritmo de producción e industrialización en desmedro de nuestros recursos naturales.

Plantear la necesidad de una constitución ecológica es subversivo y anti sistémico, porque llega a criticar nuestra base, la forma en que nos hemos organizado como sociedad al alero de un sistema que prioriza el desarrollo y la acumulación de bienes por sobre el buen vivir de sus comunidades.

Un país que se caracteriza por la injusticia ambiental, por el saqueo de sus territorios, por sus recursos naturales en manos de privados, por su progreso a costa de la vida. En Chile, seis de cada diez chilenos viven en zonas saturadas ambientalmente.

El cordón industrial Quintero-Puchancavi es una de las 20 zonas saturadas que existen, sobrepasan las normas de calidad ambiental al ser territorios devastados y contaminados por la industria. Tierra y aguas contaminadas que impactan directamente la calidad de vida de las personas que allí habitan.

Si bien, una constitución ecológica no llega a poner a fin a las zonas de sacrificio, si nos encamina en la superación del modelo de desarrollo que las sostiene y perpetua, planteando una nueva forma de relacionarnos con el medio ambiente.

Como seres humanos tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La justicia ambiental debe incorporarse en la Constitución, para así avanzar en una legislación ecológica y amigable con nuestros ecosistemas y especies nativas.