Repensar el progreso

El saqueo y uso indiscriminado de recursos naturales en manos de industrias y latifundistas generan un daño irreversible en los ecosistemas, dimensionar el impacto que tiene en el ambiente el actual ritmo de vida se torna vital.

Por Tamara Jara Carrasco

Los cimientos en los que nace y empieza acuñarse el término progreso, están teñidos de la trágica y sangrienta pugna de la que fueron protagonistas y testigos los territorios durante el siglo XX. Con la llegada de los años 50 y la posguerra, surge la preocupación por reconstruir una Europa fraccionada y en ruinas.

Es en tal contexto histórico que sale a relucir el gigantesco potencial de producción norteamericano, que consolida el papel de EEUU como una nación líder del nuevo mundo libre. La industrialización, la expansión del comercio y la producción basada en un modelo capitalista instaurado por Truman, sentó las bases del orden mundial.

Un orden que, para Claudia Fuentes Pereira, ingeniera en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, sustenta “un modelo de producción masivo de bienes y servicios para el desarrollo industrial de los países”.

Es bajo tales lógicas industriales que aparece el extractivismo como una forma de producción en desmedro de los territorios. Caracterizado por dinámicas de dominación y apropiación de la naturaleza a costa de recursos y materias primas que puedan sostener el mercado.

Esta esencia productivista y consumista vincula el desarrollo a una perspectiva evolucionista y lineal para todas las sociedades que deben esmerarse por llegar a un nivel de modernidad adecuado para un estándar que solo legitima el progreso y el desarrollo a través del crecimiento basado en la acumulación de bienes naturales y riquezas.

De modo que, no es de extrañar que Chile, bajo el alero del gigante norteamericano, sucumbiera a su modelo de sociedad. Siendo un modelo amparado, según Felipe Pino, abogado ambiental de la ONG Fima, por una “institucionalidad ambiental que lo legaliza y perpetua a través de instrumentos tecnocráticos”.

De hecho, es durante los años 60 que se fortalece el cordón industrial en las comunidades de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, hasta transformarse en las zonas de sacrificio que son hoy en día. Constituyéndose, según la ingeniera Claudia Fuentes, como territorios ejemplares de la “acumulación de decisiones de inversión en un mismo lugar, cuyos impactos ambientales rebasaron el umbral de lo manejable”.

Es este abuso y usurpación indiscriminada de los territorios y sus recursos naturales lo que aqueja a la pequeña comuna de El Carmen, ubicada en la provincia de Diguillín de la Región de Ñuble. Poblado que se ha visto asechado por el megaproyecto impulsado desde 2001 por la Dirección de Obras Hidráulicas y que pretende levantar un embalse sobre la angostura del valle del Río Diguillín denominada Zapallar.

Fotografía de cortesía de la Junta de Vigilancia Río Diguillín y sus afluentes.

El embalse, según la carta abierta escrita por “Unión Diguillín”, tiene como objetivo “priorizar el agua para la agricultura de exportación y no para el abastecimiento de la población”. Desde la comunidad, cuestionan los argumentos que buscan justificar la construcción de la represa, amparándose en el “supuesto crecimiento de la agricultura que dará progreso a las regiones y mejorará la calidad de vida del mundo rural”.

Así se evidencia, una vez más, el acaparamiento y negocio del agua, que ampara el Código de Aguas, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet, que según Lucio Cuenca del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) “considera a las aguas como un bien económico (…) y le transfiere la facultad al Estado de conceder derechos de agua a privados”. Pudiendo identificarse, según Cuenca, a lo menos tres sectores económicos “el consejo minero, las hidroeléctricas y el sector agrícola exportador”.

El proyecto que inundará 325 hectáreas, no solo afectará a cerca de 70 familias que serán obligadas a abandonar sus campos y migrar. También se verá afectada la vida de los ecosistemas que serán arrasados por la contaminación de los ríos y tierras. Significando la pérdida de bosque nativo, flora y fauna nativa, el desplazamiento forzado de especies en riesgo de extinción. Es decir, la aniquilación de biodiversidad producto del acaparamiento de un recurso tan vital como es el agua.

Otro hecho, no menor, es la desaparición del patrimonio cultural presente en la zona. La desviación y encausamiento de las aguas inundara cerca de 20 hitos arqueológicos, bienes materiales de la memoria de los pueblos.

Sin embargo, la unión ha hecho la fuerza. Desde las comunidades afectadas, se han coordinado y articulado en el movimiento social Somos Diguillín. Angela Cruces Martínez, oriunda de El Carmen e integrante de la agrupación, manifiesta “la importancia de que la población se eduque e informe sobre los impactos que el proyecto tendrá en la zona si no es detenido a tiempo”.

Así es como se entrecruza el buen vivir de las personas y los ideales de progreso que cada vez gana más detractores y fuerza opositora que advierten sobre la inviabilidad de seguir sustentando el frenético ritmo productivo actual y proponen un equilibrio entre las necesidades de la humanidad y los recursos para satisfacerlas.

Fotografía de cortesía del movimiento social NO al embalse Zapallar.
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