Las fallas del sistema penal en la protección a las mujeres

Conmoción, descontento e indignación se generó en la sociedad luego de la muerte de Ámbar Cornejo, especialmente después de saber que el principal sospechoso de este suceso era Hugo Bustamante, quien se encontraba en libertad condicional luego de pasar diez años recluido por el cruel asesinato de su pareja y del hijo de esta. En los últimos años, el sistema penal ha fallado en su labor de proteger a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres, dejando al descubierto que casos como este no son los únicos. 

Por Antonia Morales y Catalina Urrutia

Conocido como “el asesino del tambor”, Hugo Bustamante solicitó libertad condicional en el año 2016. En dicho momento, Bustamante no había cumplido ni siquiera la mitad de su sentencia por el asesinato de su pareja y el hijo de ella en 2005. Cuando estos antecedentes salieron a la luz, luego de la muerte de Ámbar Cornejo, causaron tanta indignación, que derivó al intento de acusación constitucional contra la jueza que le otorgó el beneficio.

Detención de Hugo Bustamante, acusado del homicidio calificado de Ámbar Cornejo. | Fotografía Agencia Uno

El caso de Bustamante no es el único que existe en el que un criminal obtiene libertad condicional para finalmente reiterar sus crímenes. Lo mismo ocurrió con César Castillo, conocido como “el violador del centro de Concepción”, que recibió el mismo beneficio de salir en libertad antes de cumplir la totalidad de su condena.

Castillo fue condenado a veinticinco años y trescientos días de reclusión por cuatro crímenes, entre ellos, abuso sexual y violación a una menor de edad. Luego de cumplir solo ocho años de esta condena solicitó libertad condicional, la que le fue otorgada en el 2016. 

Un año más tarde, Castillo ya contaba con una nueva denuncia por abuso sexual e intento de violación. Meses después se sumaría otra denuncia, esta vez reiterando su modus operandi que le otorgó el apodo: intimidando a la mujer, forzándola hasta alguna galería del centro de Concepción y abusando de ella en el lugar. En ambos casos, las víctimas lograron identificarlo claramente, la primera debido a que lo conocía unos meses antes del ataque, y la segunda mediante fotografías. No obstante, ninguna de las denuncias fue suficiente para revocar el beneficio y hacer que cumpla el resto de su condena en prisión.

“Yo lo conocí un tiempo antes, no sabía que lo habían condenado por violación. Me ofreció llevarme hasta mi casa en auto, nunca desconfié de él. En el camino fuimos hablando sobre Dios y nuestra fe, pero en vez de llevarme a mi casa me llevó a la suya. Me amenazó con matarme si no tenía relaciones con él. Me besó y se desnudó, me obligó a desnudarme, estaba encima mío. Por suerte llegó alguien y alcancé a salir corriendo antes de que pasara algo más”, cuenta una de las mujeres que denunció a Cesar Castillo, quien además comentó que la acusación no fue considerada por insuficiencia de pruebas, ya que no existió penetración. 

¿Por qué quedan en libertad?

Hasta 2019, fecha en la que se modificó el decreto de ley 321, las exigencias para solicitar libertad condicional eran menores. No era necesario considerar las observaciones de Gendarmería y, para la mayoría de los crímenes, solo se exigía cumplir la mitad de la condena. Desde el año pasado se deben cumplir dos tercios de esta ante delitos de gravedad y la mitad de la pena para aquellos casos de menor transgresión.

Según datos publicados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde 2010 hasta el primer semestre de 2016 se les otorgó libertad condicional a 15.749 reos, de los cuales alrededor de dos mil son de la Región del Biobío.

El abogado José Reyes explica que: “Solicitar libertad condicional es un derecho para todos los condenados que tengan penas por más de un año. Muchos abogados penales tienen esto muy claro y son especialistas para solicitar este tipo de beneficios, así como también la rebaja del tiempo que deben cumplir sus clientes encarcelados. Antes de la modificación del año pasado, para la mayoría de los crímenes solo se necesitaba la mitad de la condena para solicitar el beneficio”.

En ese sentido, llama la atención que, tanto en el caso de Hugo Bustamante como en el de César Castillo, ni siquiera se había cumplido la mitad de la sentencia cuando obtuvieron este privilegio en 2016, ante lo que Reyes explica que “el sistema está colapsado. Las solicitudes son revisadas dos veces al año en las distintas ciudades por la Comisión de Libertad Condicional, en los municipios más grandes a veces cuentan con más de mil solicitudes, poco tiempo para deliberar, y pocos funcionarios que analicen concienzudamente cada una. De esta forma, muchos aprovechan de pedirla antes de tiempo y salen ‘en masa’ sin mayor problema”.

Pese a que múltiples estudios a nivel mundial advierten sobre el riesgo de reincidencia en delitos de carácter sexual, como por ejemplo, la investigación desarrollada por el Instituto de Psicología Forense de España en 2009, el abogado indica que en Chile se prioriza la presunción de inocencia afirmando que “es la base del sistema judicial, es por ello que no se puede modificar o añadir más requisitos para los casos de violaciones o abusos sexuales. Se supone que ellos (los abusadores) se rehabilitan y están listos para reinsertarse en la sociedad. Por eso se les rebaja la pena o se les permite cumplir parte de esta bajo libertad condicional”.

Ante esto, José Reyes explica que “en general, las condenas en nuestro país son bajas si se comparan con las de Brasil o Italia, donde son mucho más rigurosos en cuanto a delitos sexuales”. El abogado nos señala que nuestra nación se encuentra adscrita a distintos tratados internacionales “para evitar la marginación y estigmatización del victimario, y eso es lo que genera penas tan bajas. En Chile se decidió dejar esta decisión (sobre los años de condena y la entrega de privilegios) en la mano de los jueces, y no todos evalúan y resuelven de la misma forma, es por ello que se producen casos como el del violador del centro o del asesino del tambor, para algunos es impensable dejarlos en libertad, pero el sistema lo permite”.

Investigaciones abandonadas o cerradas

Muchas mujeres deciden no denunciar un abuso o violación. El sistema pone en duda el testimonio de la víctima y, generalmente, terminan siendo abandonadas o desestimadas por la institución a cargo de la investigación. Según cifras de la Fiscalía Nacional, entre los años 2010 y 2014 se registraron a nivel nacional 11.848 causas de violación a mujeres, de las cuales 7.583 fueron archivadas por falta de pruebas o inconsistencia en los hechos. 

El caso del violador Martín Pradenas generó reacciones en todo el país donde miles de mujeres exigieron justicia en nombre de la víctima, que se suicidó por el poco resguardo que recibió al denunciar la violación. | Fotografía de Isis Fuentealba

Laura Roa tenía 14 años cuando fue abusada sexualmente por un hombre en plena vía pública, comenta que: “Una persona con síndrome de Down abusó de mí en el año 2012. El día que ocurrió el hecho fui a denunciar rápidamente, tuve que constatar lesiones y fue un proceso super horrible, muy complejo para mí”.  

Laura explicó que el día del hecho llegaron más de 10 mujeres a denunciar situaciones parecidas en las que el abusador era el mismo. “La denuncia fue archivada puesto que la fiscal encargada del caso me explicó que el hombre que había intentado abusar de mí era inimputable porque tenía problemas sicológicos”, señala con voz de enojo la denunciante. 

El proceso puede durar hasta más de un año, según datos de la Fiscalía Nacional. En ese periodo de tiempo se evalúa sicológica y sexualmente a la víctima, y luego se estudia la consistencia de su declaración. Ante esto, Laura agrega: “Tuve que contar la situación muchas veces, tuve que revivir el momento una y otra vez para que me dijeran que no pudieron determinar nada acerca de mi caso”. 

Esto también ocurrió con César Castillo, luego de salir en libertad siguió cometiendo delitos de connotación sexual. Una de las víctimas, quien prefirió mantener su nombre en secreto por seguridad, comentó con cierta decepción que: “Luego de una investigación y de las declaraciones de los testigos, me informaron que no pudieron establecer si ocurrió abuso sexual o no, porque había contradicciones en los relatos, por lo que mi denuncia fue archivada. Era su palabra contra la mía”.

Fernanda Riquelme, sicóloga de la Universidad San Sebastián, comenta acerca de las consecuencias sicológicas por las que una víctima de abuso debe pasar. Ante esto explica: “Las personas que pasan por este tipo de situaciones desarrollan  trastornos  post traumáticos, en los cuales no entienden muy bien por lo que están pasando, su cerebro genera una especie de cortocircuito que no les permite explicar todo lo sucedido”. Agrega que “Muchas veces, la justicia no toma esto en consideración, generando muchos problemas en las declaraciones que dan las afectadas”.

Desde la Policía de Investigaciones de Chile señalan que al momento de denunciar es necesario contar con la mayor cantidad de respaldo posible: capturas de pantalla, mensajes, testigos, y constatación de lesiones.

Solicitud de justicia

Macarena Miranda, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), señala que el punto anterior es muy criticado, ya que: “La víctima tiene que ir lo antes posible para que se pueda encontrar algún fluido que sirva de evidencia de lo ocurrido, de lo contrario, muchas veces es la palabra de ella contra el violador. Su declaración no tiene tanto peso como dicha evidencia”.

Durante los últimos años han existido múltiples quejas hacia el sistema judicial en lo relativo a agresiones sexuales.

Desde Chile, dio la vuelta al mundo “Un violador en tu camino”, performance que manifiesta el descontento hacia los cuestionamientos que existen al momento de denunciar. Ante esto, la abogada señala que “este sistema judicial no está preparado para atender todos los requerimientos de las mujeres en temas de abusos sexuales. Desde el primer momento en que se denuncia una agresión de este tipo, son humilladas, cuestionadas, culpabilizadas y, finalmente, siempre parece ser que nosotras somos las que nos exponemos porque decidimos salir o caminar por una calle en vez de otra. Por eso no se denuncia, no porque no existan motivos”.

Mujeres penquistas interpretando “un violador en tu camino” de Las Tesis, exigiendo justicia y mejores procesos para denunciar abusos sexuales. | Fotografía de Agencia Aton

La abogada indica que el proceso siempre es complejo, ya que: “Usualmente el abusador es del círculo cercano, puede ser un familiar o amigo, alguien a quien se conoce. En ese sentido, muchas personas temen acusar a quien conocen, y la tasa de denuncia de un desconocido es aún más baja. Las cifras formales que se conocen también son bajas, y no representan realmente las violaciones y abusos sexuales que han vivido las niñas y mujeres en Chile”.

Claudia Dides, directora ejecutiva y fundadora de la Corporación Miles, en el Primer Informe de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile, declara que: “Es fundamental realizar un cambio cultural que fomente el respeto hacia la mujer. Los diversos servicios y administraciones públicas del país deben poner énfasis en información sobre violencia sexual y generar estrategias de prevención y defensa para niñas y adolescentes”.

Esta opinión es compartida desde ABOFEM, donde la abogada Macarena Miranda indica que “la solución ya no está en reeducar en las cárceles, que al final se han convertido en escuelas de violadores. Se debe comenzar a educar desde la infancia para evitar que se produzcan este tipo de acciones. El sistema penal se debe reformar urgentemente, porque hay muchos factores que no se toman en cuenta al momento de decidir si una persona está lista para reinsertarse a vivir en sociedad”.

En ese punto, desde el Instituto de Psicología Forense de España advierten que muchos de los abusadores reincidentes tienen rasgos psicopáticos, por lo que es probable que al momento de ser evaluados sepan demostrar una buena conducta, con la finalidad de finalizar antes su condena. Si bien, la mayoría de ellos generalmente atacan a personas de su círculo cercano, los reincidentes suelen atacar a desconocidas, y las bajas tasas de denuncia de este tipo de violaciones permiten que muchos se encuentren en libertad.

El sistema penal necesita un cambio urgente para que las víctimas denuncien sin miedo a represalias o a juicios sociales, para que nunca más se pregunten cómo es posible que, con tantos antecedentes, una denuncia de abuso sexual sea rechazada por la justicia en Chile; o cómo es posible que alguien que ha cometido delitos graves quede en libertad. Estas son las interrogantes que nacen de las injusticias que día a día viven las chilenas, con un sistema que las culpabiliza antes de buscar justicia y que falla constantemente en la protección de las víctimas y en la prevención de los delitos sexuales.

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