El cuerpo de las mujeres como herramienta de trabajo sexual genera variadas interrogantes sobre su legitimidad en esta sociedad. Existen diversos puntos de vista que actualmente forman parte del debate en torno a las políticas públicas que se deberían ejecutar en relación a la prostitución. Asimismo, en la última década han proliferado distintas plataformas virtuales que han creado nuevos modos y condiciones para ejercerla, planteando así diferentes temas que van complejizando la discusión que implica este oficio hoy en día.

En medio de un panorama mundial que se ha caracterizado en los últimos años por una sociedad que exige el cambio y la reivindicación de múltiples situaciones paradigmáticas, diferentes grupos de la población que hasta hace poco habían permanecido en silencio u oprimidos, hoy han sido capaces de plantear su propia agenda y necesidades en un debate público que va más allá de las instancias gubernamentales. Uno de estos estos temas, relevado por diferentes corrientes del feminismo, apunta al trabajo sexual que ejercen las mujeres.

No se trata de nada nuevo. De hecho, el que se considera popularmente como el oficio más antiguo del mundo ha existido desde siempre en Chile. Pero de forma silenciosa, lejos de la mirada de las autoridades políticas y de los medios de comunicación. En este escenario, quienes ejercen la prostitución se han tenido que organizar para generar sus propias redes de apoyo en virtud de los riesgos que conlleva su actividad laboral.

Antonia Torres es una mujer transgénero que se dedica mayoritariamente al trabajo sexual de forma presencial. A raíz de los riesgos, entre los que destaca principalmente el maltrato físico, ella comenta acerca de las precauciones que ha de tener presente a la hora de trabajar: “Las medidas son siempre estar en contacto con gente, tener redes de apoyo básicamente. Por ejemplo, avisar siempre cuando llega un cliente o mandar siempre la ubicación en tiempo real cuando una sale a hacer domicilio y cosas de ese estilo. Pero más allá de eso no hay mucho resguardo. Una generalmente va a la suerte de la olla. Hay que tener harto ojo y confiar en la intuición. A veces vale más perder un cliente que perder la vida”.

Respecto a la legalidad del trabajo sexual, la abogada Paulina González comenta para Entrelíneas que el comercio sexual se encuentra escuetamente regulado en la Constitución, Código Penal y Código Sanitario. En ese sentido, agrega que: “Es ínfimo el tratamiento legal que se le ha dado al tema y más allá de ser una regulación íntegra, solo deja un mundo sin normas en el que se trata de navegar en los vacíos legales. Por otro lado, existen iniciativas comunales en ordenanzas municipales que han hecho el intento de dar mayor legitimidad a la materia”.

Desde lo virtual

Con la llegada de nuevas tecnologías a nuestra cotidianidad, múltiples actividades y rubros se han ido digitalizando o se han apoyado en gran medida en lo conectado y simultáneo que resulta ser el mundo actualmente. El trabajo sexual no ha sido una excepción dentro de este fenómeno. Últimamente hemos sido todos y todas testigos de la aparición de estas nuevas plataformas que han expandido el abanico de prácticas en las que se ofrece y se paga por contenido sexual o erótico. De este modo, distintas posturas en torno a este tema no han tardado en hacerse presente. Belén Calcagno, vocera del Colectivo de Mujeres Autoconvocadas Biobío, desde su óptica del feminismo realiza una dura crítica a estos espacios virtuales: “Si bien el derecho de la mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo es algo que defendemos las feministas, las plataformas como Onlyfans o la pornografía perpetúan la cosificación y mercantilización de las mujeres como objetos de deseo de los hombres”.

Desde la vereda de quienes han ocupado estas herramientas online para ofrecer un servicio sexual se encuentra Beatriz, a quien llamaremos de esta forma pues prefiere resguardar su identidad. Tiene 25 años, es trabajadora sexual virtual y esporádicamente ejerce de manera presencial. Sin embargo, su principal actividad se basa en la venta de videos, fotografías y videollamadas. Tras ser consultada respecto a la profesionalización del trabajo sexual a partir de plataformas como Onlyfans señala: “No profesionaliza este rubro, solo es una plataforma útil. Últimamente se ha llenado de gente famosa vendiendo fotos no explícitas, esto significó la eliminación  de cuentas de trabajadoras sexuales que realmente necesitan esto para vivir”. 

Respecto a los peligros que se corren ejerciendo el trabajo sexual, se podría pensar que la virtualidad entrega mayor seguridad, sin embargo no está exenta de peligros. Beatriz cuenta que en una ocasión se filtró su contenido: “Llegó a mis compañeros del establecimiento de educación superior donde estudio y en Twitter recibía mensajes desagradables de gente menor de edad”. Por esto, actualmente utiliza únicamente la aplicación Instagram, donde realiza un filtro entre quienes deseen suscribirse, asegurándose que estas personas sean perfiles reales.

La trabajadora social con máster en estudios de género, Fernanda Cabezas, relativiza la supuesta seguridad que estas plataformas contienen, dando cuenta de una dimensión de la violencia presente en estos espacios online: “Creo que las plataformas virtuales pueden ser sumamente violentas. No hace falta violentar el cuerpo físico. La violencia puede ser psicológica o simbólica. Por lo tanto, no comparto el pensamiento de que estos espacios sean seguros”.

Trabajo sexual regulado

El debate sobre abolir o regular el trabajo sexual se ha inclinado en favor de ésta última postura en algunos países. En Holanda la prostitución es legal desde principios de siglo y existen barrios dedicados especialmente a este actividad donde se deben obtener licencias para abrir espacios destinados al rubro y adherirse a los reglamentos municipales. Según un reportaje publicado por el medio The Guardian, pese a que el objetivo de estas medidas era regular la industria sexual, lo cierto es que aún existe trata de personas en este país. La principal causa de esto es la falta de independencia de las trabajadoras sexuales de los proxenetas.  Por ello, hace tres años el municipio de Ámsterdam implementó un burdel administrado por trabajadoras sexuales con el fin de mejorar sus condiciones laborales.

En Chile, algunas organizaciones de trabajadores sexuales son quienes se encargan de entregar preservativos tanto femeninos como masculinos y  de realizar test de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, no existe regulación alguna de esta labor. Por lo anterior, quienes lo ejercen no poseen garantías o derechos básicos como el resto de trabajadores.

Antonia Torres comenta como trabajadora sexual lo que para ella es la resolución más pertinente y enfocada en el beneficio de quienes trabajan y viven de esta actividad: “Más que abolir o regular, a mi me gustaría hablar de reconocimiento. Que se reconozca el trabajo sexual para poder justificar nuestros ingresos porque actualmente esto no es transparente”. Por su parte, Beatriz considera sumamente importante la persecución a aquellos que corrompen y criminalizan el oficio, como proxenetas y pedófilos.

Fernanda Cabezas reflexiona en torno a al debate que implica abolir o regular la prostitución: “Creo que la verdadera solución a este dilema pasa por un cambio cultural profundo para que finalmente las mujeres puedan decidir de manera autónoma si quieren elegir un trabajo como este. La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución han nacido en contextos pobres sumamente precarios en cuanto a oportunidades. Por lo tanto, decir que esto es una elección es muy difícil a pesar de que muchas mujeres que se dedican al trabajo sexual se empoderan y resignifican su oficio como un trabajo digno para ellas. Entonces, por un lado, abolir para que sea una decisión realmente libre el querer vender el cuerpo, pero por otra parte regular también es necesario porque muchas mujeres han sido violentadas y asesinadas realizando este trabajo. Abolir, regular y educar”.

A pesar de la diferencia de posturas que existen en torno al trabajo sexual en Chile, hay un punto en el que estas ideas desembocan: un Gobierno que no se hace cargo. La inexistencia de un Estado con una postura que permita avanzar en este debate, fomenta la precarización de este trabajo. No entregar reconocimiento ni  garantías a quienes ejercen esta labor, es desentenderse de un problema latente en la sociedad, siendo las disidencias, colectivos y trabajadoras sexuales quienes se movilizan por su dignidad.