El debate sobre la violencia sexual en América Latina ha aumentado en un 25% según cifras de la ONU, mientras que un informe de la Fiscalía en Chile determinó que cada 14 minutos ocurre algún delito sexual en el país.

La violencia de género en la región latinoamericana está lejos de erradicarse y según indican algunos informes realizados por la Organización Mundial de la Salud, los delitos sexuales han presentado un aumento considerable desde el inicio de la crisis sanitaria. Según datos de Unicef, se estima que existen 1,1 millones de niñas y adolescentes en Latinoamérica que han sufrido violencia sexual en algún punto de su vida. 

Un estudio promovido por la delegación del gobierno de España para la violencia de género estima que las sobrevivientes tardan entre ocho meses a ocho años en denunciar a su agresor, y que  los principales motivos tienen que ver con el miedo, la culpa y la vergüenza. 

En este contexto, la impunidad y el estigma social les han otorgado a los victimarios una protección que vulnera a las víctimas. Los prejuicios perpetuados por una sociedad machista y  misógina han dificultado la realización de denuncias sobre delitos sexuales y violencia de género, debido a que muchas veces los abusadores son parte del círculo social de la persona afectada. La OMS indicó en un informe que la crisis sanitaria ha disparado las denuncias por violencia, lo que determina que en la mayoría de los casos, las víctimas conviven con sus agresores. 

Como delito, la violencia sexual contempla estándares que permiten flexibilizar las sentencias para los abusadores sexuales. Los niveles de intimidación o fuerza exigidos por la justicia para la validación de estos delitos son duramente cuestionados, ya que no existe una reacción estandarizada al abuso. Laura Maestre, abogada y activista, comenta en su sitio web TribunaFeminista.com que las reacciones de las víctimas de violación no siempre corresponden a lo establecido por la justicia.

En esta línea, entra en el debate el consentimiento sexual que, lejos de ser un determinante en los casos, se ha transformado en una barrera a la hora de penalizar los abusos y violaciones. Este término se ha reducido judicialmente a nociones con límites difusos de acuerdo al sentido común compartido y delimitado por estructuras sociales, lo que disminuye considerablemente las posibilidades de justicia para las víctimas. 

El consentimiento como imaginario social 

Una nueva ley dictada en Dinamarca busca calificar como violación todo encuentro sexual que se genere sin un consentimiento activo. Esta reforma pretende eliminar legislaciones desactualizadas que no brindan protección a las víctimas, marcando un precedente sobre equidad de género y protección de la infancia ante la forma en que se abordan las penalizaciones por violencia sexual en otras partes del mundo.

En Latinoamérica, por otro lado, lejos de regular este aspecto y endurecer las leyes que condenan los delitos sexuales, reducen las penas y minimizan los delitos basándose en la fragmentación del concepto de consentimiento. Según Alessandra Guedes, asesora regional contra la violencia intrafamiliar de la Organización Panamericana de la Salud, al menos una de cada tres mujeres de entre 15 a 49 años ha sufrido violencia física o sexual en América Latina y el Caribe.

Pero antes de entender el trasfondo social y cultural que posee el consentimiento, se debe saber que este término hace referencia al acuerdo activo entre dos o más individuos al realizar actividades de índole sexual. Esto además, incluye establecer límites claros sobre lo que se pacta para no incurrir en situaciones de abuso.

De acuerdo al análisis sobre consentimiento sexual realizado por Yoliliztli Pérez, doctora en antropología social de la Universidad de México, el problema de la banalización del concepto se ha arraigado en la sociedad debido al machismo estructural que ha limitado la posición de la mujer. Además, añade que el consentimiento se ha convertido en un fenómeno social naturalizado y que se inscribe en una lógica social en la cual las mujeres deben conceder o resistir.

El consentimiento como un derecho humano

 Según explica Unicef, la edad de consentimiento sexual se refiere a la cantidad mínima de años que una persona debe tener para ser considerada capaz de consentir la actividad sexual. Con la delimitación de este rasgo se busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de abusos y consecuencias que pueden darse al no poseer plena conciencia sobre sus derechos y  el desarrollo de su vida sexual.

Por otro lado, a pesar de que los Derechos Humanos Internacionales fijan los 18 años como la edad mínima para casarse, un estudio realizado en 2016 por el Pew Research Center reveló que 117 países, entre ellos Estados Unidos y España, permiten legalmente el matrimonio infantil. Unicef indica que la cifra anual se alza a 12 millones de niñas casadas antes de la mayoría de edad, lo que reduce sus posibilidades de seguir con su educación y aumenta la probabilidad de violencia dentro del hogar. 

Esto constituye una violación a los derechos humanos según la misma entidad, que trabaja día a día para disminuir la tasa de matrimonio infantil alrededor del mundo. Hasta la fecha, la región que se ve más afectada es África Subsahariana, pero esto no quiere decir que en otras partes del mundo este fenómeno no esté presente: en América Latina y el Caribe, el matrimonio a temprana edad está ligado a factores que contemplan las desigualdades de género y la pobreza.

Según estadísticas entregadas por Unicef, una de cada cuatro niñas en Latinoamérica contrae matrimonio antes de los 18 años, ocupando el segundo lugar en la lista mundial de regiones con mayores índices de embarazos adolescentes. Además, según esta misma organización, las cifras no han disminuido en 25 años.

Pero esta problemática no es la única en Latinoamérica que constituye una violación a los derechos humanos. El abuso, la violación, el acoso o la explotación sexual son fenómenos que se desarrollan en todos los países y grupos sociales, vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. 

En América Latina, el panorama no deja de alarmar a las organizaciones mundiales; países como Brasil, Bolivia y Perú no han logrado disminuir la cantidad de denuncias por abuso de menores, aun cuando existen leyes que castigan este tipo de delitos. Según datos proporcionados por un estudio sobre abuso sexual infantil de Unicef, ningún país de Latinoamérica le ha dado un papel prioritario a este asunto, advirtiendo que es necesario que se establezca una educación sexual integral que prevenga a los jóvenes sobre estos peligros.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el inicio prematuro de la actividad sexual presenta una serie de riesgos relacionados con la salud reproductiva: dentro de estos está el embarazo no deseado o precoz, abuso y la exposición a enfermedades de transmisión sexual. Los menores en ambientes sociales vulnerables se ven especialmente en riesgo, pues pueden ser atraídos a la actividad sexual por parte de adultos a cambio de bienes y favores.

Elena Chávez, trabajadora social especialista en familia, explica que existe una relación directa entre la socialización que se vive en el hogar y la normalización de las acciones sexuales. “Por ejemplo, si producto del hacinamiento, niños, niñas y adultos comparten habitación en una casa, los menores desde pequeños pueden estar expuestos a la masturbación, el exhibicionismo o relaciones sexuales entre adultos. Si los niños crecen absorbiendo esto como algo normal, van a consentir experimentarlo sin mayor cuestionamiento, lo que puede ser perjudicial para ellos”.

Según un informe realizado por la ONU, en Latinoamérica la educación sexual ha sufrido un gran retroceso, impactando directamente en cómo las personas interiorizan y perciben la sexualidad, lo que implica poner en riesgo la salud sexual de miles de niños, niñas y adolescentes.

El promedio de la edad de consentimiento en Latinoamérica se ha establecido en los 16 años, siendo México el país con la delimitación más baja fijada a los 12. Chile, por su parte, fija el número en 14 años y hace una diferencia entre relaciones heterosexuales y homosexuales, dejando a estas últimas con un mínimo de 18 años de edad para consentir. 

A pesar de que las normas internacionales no establecen una edad mínima para el consentimiento sexual, el comité de la Convención sobre los Derechos del Niño consideró que 13 años es una cifra prematura. Catalina Carrasco, matrona del Hospital Regional de Concepción, comenta sobre las consecuencias de la iniciación temprana de la actividad sexual: “Una niña de 12 o 14 años no cuenta con la capacidad de gestionar un embarazo, mucho menos cuando este trae complicaciones. Esto puede desembocar en abortos espontáneos, infecciones de transmisión sexual, VIH, cáncer de cuello uterino e infertilidad, provocando secuelas reproductivas o incluso la muerte”.

Por otra parte, la psicóloga infantil Catalina Nova explica que: “Según las etapas evolutivas, un menor de 14 años no está preparado para iniciar su vida sexual. Su descubrimiento está comenzando y esto puede generar un quiebre en su desarrollo psicológico. De la misma forma, tampoco están preparados para otorgar consentimiento, por lo que se estaría ante un caso de violación”. 

El consentimiento desde el feminismo

Según los datos entregados por Unicef el 2018, la región latinoamericana y el Caribe cuentan con las tasas más altas del mundo en la iniciación sexual de niñas: un 25% de la población infantil ha tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años, mientras que en República Dominicana y  Ecuador los datos indican que el 28,4% de las adolescentes son madres antes de los 18 años.

Paula Burgos, abogada especializada en feminismo y género, comenta que los delitos sexuales no deberían regirse por el grado de consentimiento sino por la sola ausencia de este.“Si bien, los factores que tipifican el delito de violación se encuentran explícitos en la ley, muchas de las víctimas tienden a no realizar la denuncia debido a que el consentimiento sigue siendo un punto de inflexión utilizado para determinar la gravedad de los hechos”. 

En cuanto a la regularización del consentimiento sexual, Paula añade que se debe determinar la validez del consentimiento sexual considerando la diferencia de edad y el equilibrio de poder que existe entre víctima y victimario, no en la resistencia puesta por la persona afectada. 

Cecilia Ananías, periodista y parte de ONG Amaranta, muestra su desacuerdo con las especificaciones en torno al consentimiento sexual que se tienen en Latinoamérica. “Para mí, las determinaciones sobre el consentimiento tienen una mirada sumamente machista, desigual y sí, ligada a lo que llamamos cultura de la violación y a la pedofilia. No se debería sexualizar a las niñas y eso es lo que se está haciendo, efectivamente, al establecer edades de consentimiento tan bajas.”

En este contexto, la urgencia por establecer el debate sobre las edades de consentimiento en Latinoamérica debe tomar un lugar prioritario en la sociedad actual. Por lo que es necesaria una estrategia social y educativa que explique la necesidad del respeto, igualdad, madurez y los límites explícitos en las relaciones sexuales.