El tabaco –o cigarro- es uno de los productos que logra hacer perder al Estado gran cantidad de recursos, los que podrían ir destinados a políticas públicas y soluciones de vida de muchas familias del país.

Con el descubrimiento de un nuevo continente por parte de los españoles en el año 1492, también se encontró un producto que se transformaría en uno de los más consumidos en el mundo: el tabaco. En aquel entonces, era utilizado por los pueblos originarios del continente principalmente con fines medicinales, pero con el pasar del tiempo, las cosas cambiaron.

Después de 500 años, en el Chile actual, el tabaco es uno de los productos regulados que le representan al Estado una importante cantidad de ingresos monetarios gracias a sus altos impuestos. Son miles de millones de pesos que anualmente van directo hacia las arcas fiscales para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de todos los habitantes del país.

En el año 2019, el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el consolidado de sus ingresos anuales en materia de recaudación, dio a conocer que solamente el tabaco, tanto nacional como importado, le otorgó al Estado $973.336 millones, superando en amplio número lo obtenido -por este mismo concepto- en licores como el vino ($81.095 millones).

Mayores impuestos, mayor evasión

El valor de todo producto aumenta considerablemente cuando puede ocasionar a futuro graves problemas de salud a las personas. Este es el caso del tabaco, en donde alrededor del 70% del valor de venta de una sola cajetilla, equivalen solamente a impuestos. Daniela Carlín, Asesora Regional Ministerial (Aremi) de Hacienda de Ñuble, menciona que estas altas tasas no buscan castigar a los consumidores, sino más bien “desincentivar el consumo. Esto debido a que el tabaco trae problemas de salud que hay que compensar, ya que habrá que gastar más cuidando a los ciudadanos”.

Pero los altos valores traen consigo un gran problema para el Estado y entes fiscalizadores, que es la venta ilegal o contrabando. Un estudio desarrollado el año 2005 por MIDE UC, estimaba que el 21,4% de cigarrillos en el país eran comercializados de manera ilícita. Por otro lado, KANTAR en el año 2019 actualizó las cifras demostrando que el comercio no regulado ha cruzado el umbral del 23%, significando un perjuicio fiscal de US$500 millones anuales por temas de evasión.

Principalmente, la venta ilícita de este producto se desarrolla en ferias libres a lo largo del país, pero en este tiempo de cuarentenas múltiples, el punto de contacto son las redes sociales. En éstas, los que se arriesgan y desarrollan este tipo de negocios pueden enfrentarse a penas de cárcel que van desde los 61 días a los tres años y un día.

Según informes entregados al Senado de Chile -en medio de la tramitación del decreto con fuerza de ley N°30 que busca aumentar sanciones a los contrabandistas- se estima que solo entre los años 2015 a 2019, la cantidad de cigarrillos decomisados por operativos policiales se ha triplicado, llegando a cifras superiores a los 14 millones de cajetillas incautadas.

Potenciales consumidores

Con un mercado de acceso libre -y en el que no preocupa quién compra- el vendedor realiza transacciones a personas de todas las edades, sobre todo cuando el Ministerio de Salud considera al 33% de la población adulta como adictos. Uno de ellos es Julius Montolivo García (64), quien fuma alrededor de 30 cigarros al día y asegura que accede a este tipo de producto ya que “es mucho más económico que el normal”. Aquello es efectivo, ya que regularmente, las marcas extranjeras contrabandeadas ilegalmente a través de la frontera son comercializadas a valores que van desde los $1.000 a $2.500 la cajetilla de 20 cigarros.

El Diputado por el Distrito 19, Jorge Sabag, cree que uno de los factores de esta gran cantidad de ventas ilegales se debe a las políticas prohibicionistas que terminan fomentando el contrabando y el mercado negro, el cual “hace que las personas tengan acceso a un producto de muy mala calidad, y que sean más propensas a adquirir enfermedades respiratorias”.

En el año 2019, el Ministerio de Salud dio a conocer que el tratamiento a los problemas de salud provocados por el tabaco –gasto que financia el Estado en el ámbito público- llegaba a la cifra de 1,2 billones de pesos. Monto monetario que es mucho mayor a los ingresos percibidos por impuestos que, como ya se apreció, no alcanzan a llegar a billón de pesos ($973.336).

Al observar montos tan distantes y que pueden seguir creciendo continuamente por diversos factores, se considera razonable lo manifestado Jorge Sabag, quien aseguró que “la política pública más eficaz es la promoción de que el tabaco es dañino para la salud”. Puede aquello también transformarse en una buena manera de disminuir el contrabando, el que parece crecer y crecer sin límite, sobre todo cuando los entes fiscalizadores deben distribuir su tiempo y enfocarse en distintas labores.

La experiencia actual de Chile en materia de leyes rigurosas y penas altas de cárcel, ha dejado de manifiesto que no es la verdadera solución para controlar problemas como el contrabando de tabaco, ya que no atormentan a quienes lo comercializan. El único haz de luz que puede lograr equiparar cifras y evitar la gran evasión de impuestos, debe ser el encontrar políticas públicas que lleguen de manera directa y profunda a quienes son los consumidores, ya que solo ellos tienen el poder de elegir entre lo correcto y lo incorrecto.