El súper ciclo por el que atraviesa el “metal rojo” chileno y las exorbitantes ganancias de las grandes mineras han reactivado la discusión sobre la realidad tributaria de dichas compañías en nuestro país. Esto lógicamente toma una mayor relevancia teniendo en cuenta el contexto de pandemia en que nos encontramos y la necesidad de contar con recursos fiscales para ir en ayuda de la población. Actualmente el precio del cobre está muy por encima de lo normal: el valor supera los cuatro dólares la libra, cuando el promedio histórico equivale a dos dólares la libra, lo que además se proyecta para varios años más. Entonces, ¿alguien va a dejar de comprarle cobre a Chile por aplicar un Royalty de 3%?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto denominado “Royalty Minero”, que establece una compensación, en favor del Estado, del 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos por parte de las empresas que se dediquen a explotar cobre y litio en territorio nacional. El proyecto atañe a productores de más de 12 mil toneladas métricas de cobre y 50 mil de litio.

Sin duda, esta moción presentada en 2018 por el diputado Esteban Velásquez (FVRS), abre la discusión sobre establecer un verdadero Royalty Minero.

Cabe consignar que desde 2006 está vigente en Chile el impuesto específico a la minería, que se considera un gravamen a la renta operacional por la explotación de las grandes empresas, es decir, depende de las ventas anuales. Entonces, si ya existe un impuesto ¿Por qué es necesario establecer un Royalty Minero? El Estado es el dueño del cobre y litio del territorio nacional, por tanto, tiene el derecho a recibir un pago por conceder el derecho exclusivo a explotar estos recursos mineros que, dicho sea de paso, son escasos en el mundo y no son renovables.

Es relevante recalcar que el Royalty que se discute en el congreso depende del nivel de la extracción minera y no de las ganancias anuales de tal empresa, por tanto, el Estado se aseguraría un ingreso permanente a las tan golpeadas y siempre importantes arcas fiscales. 

Desde el gobierno, el oficialismo y el empresariado minero han manifestado su profundo rechazo a esta iniciativa ¡era que no! pues afirman que si se aumentan los impuestos a mineras privadas se afectará gravemente la producción minera y la economía, lo que va a “espantar” la inversión extranjera. La misma amenaza que utilizaron cuando se aprobó el primer retiro del 10% de las AFP, por ejemplo.

Los empresarios mineros piensan que actualmente están tributando cifras más que suficientes para el Estado. Sin embargo, hay algo que no mencionan los honorables inversionistas es que la legislación vigente tiene letra chica: dichas compañías pueden declarar pérdidas, que pueden ser pagos de préstamos con bancos foráneos del mismo holding, lo que les permitiría pagar menos impuestos. Imagínense los intereses de esas “deudas”. 

Es evidente que la avaricia reina en quienes están en contra del royalty. Un impuesto del 3% -en tiempos de súper ciclo- no provocará un caos. Se acabó el tiempo de legislar a la medida de ellos. Chile cambió.