Son múltiples los informes realizados en la última década que dan cuenta la violación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes al interior de los centros del Servicio Nacional de Menores. Su disolución y reemplazo por nuevos organismos gubernamentales eran la esperanza para las infancias más perjudicadas. Lamentablemente, continúa siendo un espejismo.

En junio del 2020 se anunció oficialmente el fin del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la creación del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia.  “Es un gran paso adelante para nuestros niños”, relató Sebastián Piñera en el punto de prensa. En él daba a conocer una de sus promesas para poner fin a las vulneraciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) con la creación de nuevas residencias familiares y centros de acogida en el transcurso de un año.

Una transición puesta en duda tras la masificación en redes sociales de un video que denunciaba el maltrato de un menor en una residencia de Providencia, que pone en evidencia -una vez más- los maltratos que ocurren en estos recintos.

El informe de la Policía de Investigaciones (PDI), revelado por CIPER en 2019, es categórico en señalar que en todos los centros del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Éste da cuenta del catastro que se realizó en 2017 a 240 de las 241 residencias que existían a lo largo del país, con más de 2 000 casos de violencia y maltratos graves registrados en ese año.

Lo anterior se suma a las negligencias estructurales también constatadas en el informe Emilfork: sobrepoblación en residencias, falta de personal, incumplimiento e incluso inexistencia de protocolos, ausencia de atención psicológica y psiquiátrica, sobre administración de fármacos, inspecciones insuficientes por parte de los tribunales de justicia y fiscalizaciones avisadas con antelación desde el Sename.

Ante esta crítica situación, el nuevo servicio debía ser implementado con el sistema de garantías para la infancia, que aún se encuentra en tramitación. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, enfatizó en que este nuevo servicio “no es suficiente si no tiene a la base una estructura que sea capaz, desde la visión estatal, de reconocer y garantizar el ejercicio efectivo de derechos de aquellos niños que tengan que vincularse con este servicio”.

Ya no hay tiempo para que los distintos gobiernos continúen con políticas públicas incompletas y poco efectivas. Es momento de que el Estado considere las medidas que organismos nacionales e internacionales le han entregado para proteger realmente a las infancias que han sido más vulneradas.