Debido a la pandemia, en los últimos meses se ha registrado un explosivo aumento de familias en campamentos y tomas de terreno. En la Región del Biobío, en comunas como Talcahuano y Coronel han aparecido nuevos asentamientos habitacionales que agudizan el problema de la crisis habitacional que aqueja al país.

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), desde 2011 la cantidad de familias en campamentos aumenta entre dos mil y tres cada año. Hoy, con la crisis sanitaria, se estima que estas cifras han aumentado aún más debido a la cesantía y el confinamiento. Acorde a su informe bianual 2018-2019, en el Biobío existen 131 campamentos, pero en esta cifra no están consideradas las tomas que se han formado en el último año.

Por su parte, el catastro realizado cada dos años por la ONG Un Techo para Chile registraba hasta 2019 6.346 familias en 131 campamentos en la región. No obstante, en la actualización del informe (2020-2021) se da cuenta de que hay 122 campamentos en el Biobío, en los que viven 6.957 familias. De estas, el 83% de estas no tienen acceso formal a agua potable. 

Además, a esto hay que sumarle las nuevas tomas contabilizadas desde los municipios. Según el Seremi de Vivienda, Sebastián Abudoj, corresponderían a 90 asentamientos en los que se estima que viven tres mil personas. “Todas se han establecido este último año”, señaló a Diario Concepción. 

Problema sin solución

Una de las causas más palpables sobre este aumento tiene relación directa con la pandemia. Antes de llegar a estos campamentos, las personas vivían de allegados o en arriendos que no pudieron seguir pagando debido a la cesantía. Cabe destacar que el excesivo precio del arriendo en ciudades, muy por sobre el sueldo mínimo, era una situación que ya se hacía presente hace años y que venía facilitando la marginalidad en las periferias.

Otro factor importante a considerar es la lentitud con la que avanza el sistema de subsidios habitacionales. El desgaste en las personas que pueden estar años postulando sin conseguir nada también hace que las tomas ilegales de terreno proliferen como una solución rápida al problema. 

Además, las diferentes definiciones de «campamento» también contribuyen a la poca claridad con respecto de la cantidad exacta. En la que maneja el MINVU, por ejemplo, sólo entran asentamientos que se organizan en comités de vivienda y postulan a programas gubernamentales a través del conducto regular, mientras que organizaciones como Un Techo para Chile incluye todos los grupos de vivienda que carecen de, al menos, un servicio básico (agua, luz, alcantarillado).

Déficit histórico

A pesar de que las condiciones para este aumento de asentamientos habitacionales en el Biobío son derivadas de la pandemia por COVID-19, no es nuevo para el área metropolitana de Concepción. Menos para el país, que arrastra un déficit habitacional hace años.

La Fundación Vivienda construyó mapas de las áreas metropolitanas más grandes del país, en base a los resultados de un estudio cuantitativo hecho en 2017 sobre el déficit habitacional. Sus resultados, arrojan que en la zona centro de la capital regional de Biobío existe un déficit mayor al 20%.

Este, según la directora regional de Techo Chile, Isidora Lazcano, constituye un factor importante a la hora de analizar la situación de los campamentos en el país. Estos últimos, señala, “son el síntoma de este problema más profundo que tenemos en las ciudades, la falta de acceso a la vivienda, la exclusión y el déficit habitacional. Si no ponemos los esfuerzos en solucionar este problema de fondo, no podremos terminar con los campamentos”.

No basta con un techo

Aunque Chile se encuentra suscrito a tratados internacionales en los que se reconoce el derecho a una vivienda, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este aún no se encuentra plasmado en la carta magna, como si en otros 72 países alrededor del mundo. 

Un documento elaborado por TECHO Chile y Fundación Vivienda titulado “Habitar en Dignidad”, señala que la ausencia de este derecho en la Constitución hace que el sistema público funcione desde el asistencialismo, lo que a su vez, imposibilita el reclamo ante tribunales de justicia. Esto quiere decir que las personas son sólo beneficiarios y no sujetos portadores de un derecho fundamental.

Además, también se hace hincapié en que el problema no radica sólo en concebir la vivienda como un objeto, sino que se debe considerar también las condiciones geográficas de su ubicación. Es decir, metros cuadrados, vulnerabilidad de zonas y cercanía con servicios públicos (hospitales, escuela y transporte) que aseguren a las personas una participación integral en la sociedad.

En esta línea, en un artículo de La Tercera, Javier Ruiz-Tagle, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile, comenta que hablar de vivienda es un tema complejo, puesto a que para ello también se debe incluir el debate sobre el suelo y, por ende, sobre la propiedad individual.

Una oportunidad

Por todo lo anterior, cambiar la constitución es una oportunidad para incluir el derecho al acceso a la vivienda y, también, alinearlo con las demás discusiones sobre la planificación de áreas urbanas, políticas de arriendo y la regulación de territorios habitables, en línea con un desarrollo social integral.

Actualmente, el MINVU se encuentra trabajando en actualizar su catastro para el período 2021-2022, que debería publicarse el segundo semestre, mientras que un grupo de arquitectos de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción se encuentra diseñando un mapa georreferenciado de campamentos y sitios fiscales en las provincias de Arauco y Concepción.

En la siguiente imagen interactiva puedes revisar algunos campamentos y tomas de terreno que han aparecido en la región durante crisis sanitaria: