Lejos de acercarnos al 1% para cultura y arte, con el presupuesto que el gobierno pretende, el gasto público en este ámbito bajará de 0,4% a un histórico 0,3%. Es decir, aún más lejos de lo que recomienda la Unesco (2%). Lo que está ocurriendo es análogo a lo que ya ha ocurrido en ciencias, donde se recortan presupuestos esperando que los índices económicos suban para pensar, luego, en volver a invertir.

Hoy la cultura también forma parte de este universo de necesidades convertidas en mercancía, en que su acceso y participación es un privilegio. Las desigualdades sociales que experimenta Chile se corresponden con la desigualdad cultural imperante en el país, donde los estudios demuestran que el origen social determina la participación en la cultura: a menor posición en la escala social, menor acceso y participación cultural.

Si bien, a partir de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Estado ha asumido cierta responsabilidad sobre la actividad cultural del país, las políticas culturales y sus escasos recursos no han podido asegurar el derecho a la cultura. El Estado chileno no invierte más del 0,4% del presupuesto público en cultura, algo así como $11.000 de gasto público por habitante, cuestión que implica que sólo 1 de cada 5 proyectos culturales que se presentan a los fondos de cultura son financiados.

Es imperante que el presupuesto a las artes y la cultura deba ir siempre en aumento año tras año, sin embargo, la tendencia observada es que en general su crecimiento es casi vegetativo, con algunos años diferenciadores, como en 2014 donde se registró un aumento de un 35%.

Preocupa que organizaciones creadas como parte de un plan estratégico, con el objetivo de desarrollar políticas públicas de acceso a la cultura o de resguardo patrimonial, no dispongan de un financiamiento basal público, estable y garantizado.

Muchas de las instituciones colaboradoras mantienen un plan de gestión mixto con recursos públicos y privados, sin embargo, no es posible delegar en la gestión privada los pilares estratégicos de estas organizaciones. A saber, la mayoría de estas organizaciones tiene a lo menos un proyecto con certificación de Donaciones Culturales, no obstante, es conocido que el mundo privado no es atraído por la inversión en cultura que no represente hitos masivos.

Desde mi perspectiva, se necesitan políticas públicas no discrecionales y que tengan financiamiento por ley. Es necesario que la accesibilidad a la cultura y las artes esté garantizada y debe ir consagrado en una nueva constitución. El patrimonio cultural y artístico no es solo una etiqueta o una actividad de arrastre para el Estado, sino que es la sucesión donde confluye la identidad, la igualdad, el capital humano, la economía y la sostenibilidad de una nación.