La promesa de una nueva constitución se presentó como una oportunidad para que profesionales de la comunicación postulen en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Un panorama difícil de enfrentar si consideramos la falta de pluralismo, el uso del poder y de mecanismos que llegan incluso al espionaje.

A solo cuatro meses de iniciado el 2021, el derrumbe del espejismo que existía respecto a la libertad de expresión y prensa en el país era inevitable, si es que no había sucedido todavía. No son pocos los hechos que protagonizan autoridades e instituciones que revelan la verdadera situación del periodismo en el territorio nacional.

Por supuesto, el contexto chileno no es comparable con países como México, Colombia o Brasil, donde la violencia a periodistas es mucho más crítica. Incluso, en términos numéricos, Chile ocupa el quinto lugar a nivel latinoamericano en la última Clasificación Mundial de Libertad de Prensa y lidera en el cono sur el índice Chapultepec.

Sin embargo, el 18 de octubre de 2019 significó un punto de inflexión en esta materia, con el aumento exponencial de las agresiones a los y las comunicadoras. Un fenómeno que se ha mantenido tras el comienzo de la pandemia a través de detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de Carabineros a periodistas y el reciente ataque al equipo de prensa de TVN en Cañete, compuesto por el periodista, Iván Núñez, y el camarógrafo, Esteban Sánchez.

En Chile también existen otros obstáculos en la labor periodística. La encargada del programa del Comité para la Protección de los Periodistas para América Latina, Natalie Southwick, afirmó a Interferencia que en el país existe una estructura de vigilancia por parte de las fuerzas de orden a comunicadores y fuentes. “Es parte de un esfuerzo para controlar la información que se pueda transmitir, que no necesariamente necesita de unas tácticas muy violentas, sino otras estrategias un poco más sutiles”, detalló.

Los llamados a directores y dueños de canales de televisión -como CHV y La Red- y la solicitud de requisitos especiales para poder ejercer labores comunicacionales, como la credencial del Colegio de Periodistas y el título que acredite la profesión, se suman a estos mecanismos “sutiles” para entorpecer una de las importantes funciones de la prensa: la supervisión del poder.

El uso de las medidas sanitarias para interferir en el ejercicio del periodismo es aún más grave si consideramos que ignora el llamado que hizo la CIDH a los Estados de respetar los tratados internacionales. Es en estos momentos de crisis donde más se necesita pluralismo y libertad de expresión para la construcción de democracias más sanas.