Entre los distintos cortes de suministros que afectan a los sectores vulnerables del país, el internet se suma a los servicios cuya ausencia impide el surgimiento de quienes luchan por salir adelante.

Para entender la desigualdad en Chile no es necesario compararse entre ricos y pobres, el ejercicio correcto es marcar un punto de partida para todos los ciudadanos, aquellos que se encuentren por debajo son las víctimas de la desigualdad que ahora habitan un lugar específico: las zonas rojas.

De partida las zonas rojas son aquellos lugares donde la conexión es precaria o nula, principalmente porque las compañías de telecomunicaciones no ofrecen sus servicios en estos sectores, de forma que algunas acciones cotidianas se hace imposibles.

Ahora, ¿por qué deberíamos preocuparnos del internet y la conectividad? Existen lugares críticos donde no hay agua potable y las familias no son provistas de luz las 24 horas, por lo que preocuparse del internet parece ser un lujo. Para contestar eso hay que darse cuenta del mundo en el que estamos viviendo actualmente, antes de la pandemia el internet ya era parte del día a día de muchas personas y desde 2020 se transformó forzadamente en un requisito para hacer varias de las tareas que antes requerían presencialidad, ya sea estudio, trabajo e incluso alimentación. Con esto puedo asegurar que en definitiva el internet se posicionó como un bien básico, sin el cual una familia no pude llevar el ritmo de vida de la sociedad actual.

Actualmente en Chile hay aproximadamente 42 comunas consideradas como zonas rojas, y la atención mediática ha hecho los suyo para poner en la mesa de discusión la necesidad que atañe a estos sectores. Sin embargo legislar para atraer empresas no es suficiente, la problemática se origina porque los proveedores no están interesados en estos lugares, ya sea por los sesgos asociados a estos lugares o porque enfocarse en otras artes termina siendo más lucrativo. En cualquiera de los dos casos el resultado es que la señal que llega a esas partes es débil y para muchos de los trabajos que se tienen que hacer con este recurso no es suficiente.

Podríamos discutir sobre la responsabilidad de las empresas con el apoyo social, pues es común que estas entidades ayuden con las necesidades locales, pero forzar esta cooperación solo lograría alejar a las empresas, pues detrás de ellas están los intereses propios de sus directores. En este sentido lo único que le queda al gobierno no es el legislar y hacer un llamado a las empresas a que cooperen, el único camino posible es la inversión estatal, aquellos millones que se pierden en boletas dudosas deberían estar destinados a los bienes básico que algunos no tienen, como por ejemplo el internet.