Cuántas veces se ha escuchado la palabra “inconstitucional” cuando de cambios y nuevas regulaciones se trata, o que hay ciertos “vacíos legales” que permiten a personas y empresas hacer, de manera legal, pseudo-delitos o actividades que no se deberían hacer por normativas o leyes que cuentan con un pequeño detalle no tratado del que se pudieran aprovechar.

Muchas empresas extractivistas han utilizado la baja regularidad sobre los terrenos del país para trabajar con sus maquinarias y destruir la naturaleza bajo ninguna normativa que les prohíba o castigue por lo que han hecho. Así, son muchas las que realizan actos que para la ley pasan desapercibidos, sin embargo, las consecuencias humanitarias, sociales, económicas, geográficas y medioambientales, son las que se reflejan en este paraíso constitucional de los vacíos legales. 

Regulaciones dormidas

Se supone, que las empresas deben cumplir con ciertas regulaciones y normativas que se entornan al cuidado medioambiental. Sin embargo, en Chile no se han regulado desde hace años, y se ha visto que tras los incendios forestales, empresas inmobiliarias construyen sobre esos terrenos dañados, incluso luego de que en ocasiones se han relacionado empresas, como Arauco, como causantes de estos siniestros. Sin embargo, no hay ninguna ley que prohíba que estos suelos dañados sean utilizados por terceros, entonces si una empresa decide quemar hectáreas para luego construir casas en esos terrenos, constitucionalmente, no estaría cometiendo un delito, puesto que tampoco se hacen investigaciones a fondo para encontrar a los culpables del incendio. 

Antecedentes legales

En otros casos, empresas relacionadas a la industria pesquera deben eliminar de alguna forma sus desechos, pero según expertos, es poca la fiscalización que reciben al respecto para revisar que efectivamente se cumplan las normativas respectivas o aprovechan estos vacíos legales para ir más allá de lo que tienen permitido. En Octubre de 2018, las empresas Blumar, Corpesca, PacificBlu, Camanchaca Pesca Sur y Compañía Pesquera Camanchaca firmaron el acuerdo “Cero Residuos al Mar” para contribuir de alguna forma, sin embargo, anteriormente, en 2016, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fue formalizada como persona jurídica la empresa Corpesca por solicitud del Ministerio Público para indagar el presunto delito de soborno cometido a parlamentarios mientras se tramitaba la Ley de Pesca aprobada en ese entonces.

Una vez más, se puede ver que empresas hacen uso de su poder para pasar por alto las leyes, utilizando medios extras a los que pueden acceder para seguir cometiendo irregularidades y así continuar con sus negocios. Lo mismo pasa con el agua, donde empresas llegan a intervenir los ríos de libre acceso para desviar los sauces. ¿Es un robo? Sí, pero al parecer, está normado de tal forma que no alcanza a ser un delito.