En 1984, 20 000 toneladas de desechos mineros tóxicos comenzaron a llegar desde Suecia a Arica, ocasionando graves daños a la salud de sus habitantes y al medioambiente. Esto, como consecuencia de un negocio entre la empresa minera Boliden, con domicilio en el país escandinavo, y la chilena Promel, que accedió a importar los residuos industriales de la compañía sueca. Hoy, luego de un extenso proceso judicial y más de 12 000 personas afectadas, los relaves todavía permanecen ahí y apenas bajo la superficie.

Entre 1989 y 1995, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) construyó las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales, que se transformaron rápidamente en una gran comunidad producto de los cientos de familias que se encontraban a la espera de conjuntos habitacionales. Todo esto, en terrenos que estaban fuera del plano regulador de Arica y en un sector correspondiente a antiguos basureros municipales.

Con el tiempo, los habitantes comenzaron a experimentar problemas de salud que coincidían con los síntomas de intoxicación por polimetales. Así fue como descubrieron que, durante años, tuvieron por vecinos a toneladas de desechos tóxicos apilados sin protección al lado de su zona residencial.

Al destaparse el grave caso de contaminación, la comunidad ariqueña se enteró de lo inexplicable: una década antes de la construcción de sus viviendas, el gigante minero sueco Boliden pagó a la empresa metalúrgica chilena Promel para eliminar 20 000 toneladas de lodos de fundición provenientes de sus minas en Suecia. Sin embargo, Promel no procesó los residuos. Muy por el contrario, los dejó desprotegidos junto a la planta de procesamiento de la compañía, lugar aledaño al sector donde años más tarde el Serviu construyó las poblaciones.

Debido al revuelo que ocasionó esta revelación, en 1998 las autoridades resolvieron trasladar el material tóxico hasta la Quebrada Encantada, sitio que se encuentra a solo dos kilómetros de la comunidad y donde permanecen hasta hoy. 

La responsabilidad de Boliden por los daños en Arica fue objeto de un extenso caso judicial en Suecia, entre 2013 y 2019. La Corte de Apelaciones sueca determinó que las solicitudes de reparación habían prescrito y falló a favor de la empresa europea. En tanto, paralelo a ese proceso, en el territorio nacional se generaba otra batalla legal.

Acciones reparatorias tardías e insuficientes

Luego del traslado de los desechos a la Quebrada Encantada, los afectados recurrieron a la ONG Fiscalía Internacional del Medio Ambiente (FIMA), para establecer una demanda civil que les permitiera obtener alguna retribución por los daños que les ocasionó la contaminación.

Durante los años de exposición, el Ministerio de Salud realizó estudios a la población que demostraron que más de un 50 %  tenía un nivel de plomo elevado en la sangre. Además, muchos de ellos presentaron alergias, erupciones cutáneas, y, en casos más complejos, problemas cognitivos, cáncer y abortos espontáneos. Es en este contexto que, con casi 28 años de atraso, se promulgó en el 2012 la Ley de Polimetales.

Sobre esta legislación, el colectivo norteño Wila Pacha sentenció que “transformó a las víctimas de los polimetales en beneficiarios del paternalismo estatal” y que, si bien es un programa de becas estudiantiles, de alimentación, salud e indemnizaciones que tratan de paliar los daños producidos, “resultan completamente insuficientes gracias a que el foco de contaminación continúa sin ser removido”.

Además, aseguran que desde el año 2011 aproximadamente 600 personas han sido erradicadas de Cerro Chuño. Sin embargo, entre 2015 y 2016, las casas y terrenos abandonados comenzaron a ser ocupados por personas sin hogar. “Hoy la zona está completamente habitada, con mínimas condiciones de salubridad y con un grave aumento de la criminalización y abandono del lugar”, enfatizaron.

Un lugar estigmatizado

En la actualidad, la comuna se encuentra desamparada. Si bien han cambiado en gran parte sus pobladores, siguen llegando nuevos habitantes –en su mayoría migrantes- que continúan viéndose afectados por las injusticias ambientales. 

Además, este conflicto desequilibró profundamente el tejido comunitario y cultural de los ariqueños. El antropólogo Rodrigo Pino, quien participó como testigo en el proceso judicial que se desarrolló en Suecia, afirma que “su condición de contaminados los lleva directamente a sentirse discriminados por sus propios pares, enfrentando así conflictos internos entre comunidades y cargando con una indudable fractura social, que a ellos les pesa”. 

Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental (AIDA), recalca la importancia del respeto a los derechos fundamentales en este contexto. “Cuando hay vulneración de derechos en una comunidad, resulta inevitable que se vea afectado su tejido social. Se deben tomar medidas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir jamás, no solo en Arica, sino que en todo el país». 

Los vecinos siguen luchando por atención sanitaria y la eliminación de tóxicos en su entorno. Desde el 2019 exigen que el gobierno sueco trabaje para retirar los desechos también, sin tener respuesta.