El punto de partida de la investigación fue dado por la entrega de material de las cámaras de seguridad de la institución y actualmente se encuentran 11 personas privadas de libertad producto de un proceso que es cuestionado, en aspectos generales, en la instancia legislativa de la Comisión Constitucional del Senado.

El pasado 7 de septiembre del año 2020 se realizó la detención de 11 personas, debido a los daños causados en las intermediaciones de la Universidad de Concepción. Esto, en el marco de las protestas de octubre del 2019. Según el Informe Mensual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), existen 2500 casos de encarcelamientos y más de 11.300 detenciones entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) realizó una exhaustiva investigación, tomando como punto de partida las imágenes de las cámaras de seguridad de las instalaciones UdeC. Quien hizo entrega de estas informaciones es, Juan Javier Salinas Castro, Jefe de Seguridad de la Universidad de Concepción.

Gentileza de La Tercera, 2021.
Las manifestaciones de octubre de 2019 se transformaron en un hito a nivel internacional, no se habían visto movilizaciones tan álgidas desde 2006 con la “revolución pingüina”.

Actualmente, 5 de las personas investigadas se encuentran en prisión preventiva en El Manzano y los otros 6 se encuentran en un centro del Sename. Es por esto que las familias los considerados “presos políticos” han realizado diversas jornadas de protestas. 

Audiencia con Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción

El pasado miércoles 26 de mayo de 2021, Elena Orellana Vocera de la Red de Familiares de presos políticos del Caso Udec en conjunto con la Corporación de DDHH Sebastián Acevedo, se reunieron con el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali, para una audiencia que habían solicitado con una semana de anticipación. El objetivo, solicitar la intervención de la Iglesia para el caso UdeC.

En conversación con Elena Orellana, asegura que los ánimos del Monseñor fueron positivos aunque, él asegura que “la iglesia ya no tiene el poder de antes”, pero luego de la reunión, afirman que Monseñor Fernando se comprometió a enviar una carta al Rector Carlos Saavedra. Elena afirma que cualquier ayuda será bien recibida pero mantienen sus esperanzas en el indulto general. 

Gentileza de Resumen, 2020.
Fotografía tomada durante una manifestación pacífica a las afueras de la cárcel El Manzano, donde se encuentran encerrados varios presos políticos de la revuelta.

Respecto a la postura y silencio de la Universidad de Concepción, la Red de Familiares de presos políticos afirman que no han recibido ninguna respuesta de parte de la institución y esperan que se inicien conversaciones en conjunto para “conocer a quiénes está criminalizando la universidad”, afirma Elena. 

Un punto de vista Jurídico

La querella criminal que interpuso la Universidad de Concepción fue el punto de partida para la investigación. Luego de esto, la BIPE de la Policía de Investigaciones junto con la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile (CENCO) realizaron exhaustivas investigaciones, que van desde el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, hasta seguimientos de redes sociales. La ropa, tatuajes y comportamientos son parte del informe de la BIPE entregado al Ministerio Público.

Gentileza de Resumen, 2020.
La Policía de Investigaciones cuenta con un grupo determinado de agentes especializados en investigación llamado Brigada de Investigaciones Policiales Especiales

En conversación con Gonzalo Gonzales, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, se refirió a la situación general de los presos políticos en Chile y afirmó que “es necesario desglosar las responsabilidades del poder ejecutivo con las del poder judicial”. Para Gonzalo, los ánimos de encarcelar y perseguir a quienes participaron de alguna forma en la revuelta de octubre de 2019, son particularmente, ánimos del poder ejecutivo, y afirma que el poder judicial funciona de manera diferente.

Aún así, pese a las dificultades y desventajas judiciales en las que se encuentran las personas investigadas por el caso UdeC, para Gonzalo, la postura de querellante de la Universidad de Concepción puede convertirse en una posición provechosa para las personas acusadas. Explica que, si bien, las partes querellantes pueden retirar los cargos eso sería “en cierto sentido, contraproducente”, ya que, al ser querellante la Universidad de Concepción puede incidir positivamente en el resultado del fallo y posterior sentencia del juez. 

Esto, entrega luces favorables para la Red de Familiares de Presos Políticos del Caso Udec, pero en sí, no es nada seguro.

El proyecto de indulto y su actual discusión

Este miércoles 26 de mayo, se aprobó en la Comisión de Seguridad del Senado, la idea de legislar el proyecto de indulto general a las personas que se encuentran en prisión preventiva producto de las investigaciones policiales, desde octubre de 2019.

El proyecto contó con la aprobación de Francisco Huenchumilla, Jaime Quintana y José Miguel Insulza y el rechazo de parte de Felipe Kast e Iván Moreira.

Luego de su aprobación, el proyecto de indulto sigue su camino a la Comisión de Constitución pero también se espera, debido al anuncio del Presidente Piñera del pasado diciembre de 2020, la utilización del “veto presidencial” con el que cuenta el ejecutivo.

Se ponen entonces, de manifiesto las posturas políticas de mantener encerradas a las personas que hayan participado de las manifestaciones de 2019. Y se reavivan de manera intermitente las esperanzas de familiares y colectivos de que sus hijos, hijas, sobrinos y sobrinas vuelvan a casa y no sean encarcelados/as por ser parte del descontento social de una población que sólo necesita dignidad.