Próximo a iniciar la Convención Constituyente, las problemáticas en torno a la ilegalidad del uso de narcóticos se encuentran presentes. ¿Cuál debería ser el trato a estas sustancias en la nueva Carta Magna?

Pronto a la calificación por parte de TRICEL de las elecciones realizadas el 15 y 16 de mayo, el Presidente de la República deberá dictar un decreto que convoque a la instalación de la Convención Constitucional. Luego de 15 días, ésta deberá iniciar sus funciones, iniciando así el proceso que promete reformular la Carta magna de Chile. Con respecto a esta cercana transformación: ¿Cuál debiese ser la nueva política de drogas a incluir en nuestra próxima orgánica?.

Es incuestionable decir que las actuales regulaciones en torno al consumo de estupefacientes no son efectivas, de hecho para algunos especialistas la guerra contra estas sustancias se ha perdido, el acceso y venta ilegal de estas no ha disminuido a pesar de los aumentos presupuestarios anuales destinados a los programas de SENDA. Debido a que en la actualidad, el único camino para construir una agenda política que busque controlar la problemática, es la de descriminalizar el uso de los narcóticos. 

En primer lugar ,al ser la necesidad de la construcción de un Estado con enfoque de derechos el origen del proceso constituyente, el que se persiga el consumo de drogas contradice este principio. Las declaraciones internacionales que versan sobre estos elementos inamovibles, reconocen a las libertades independientes como razones civiles, entre las que se encuentra la privacidad. Por lo cual, el insistir en la persecución de la utilización de psicotrópicos no solo es ineficiente al cuestionar componentes individuales sino que también vulnera tratados suscritos por Chile. 

   Por otro lado, la ilegalidad del consumo de estupefacientes produce violencia a diferencia de las políticas regulatorias, al ser su clandestinidad la que ocasiona organizaciones criminales destinadas a su venta y producción como lo es el narcotráfico.De hecho en territorios asociados a estas bandas delictivas, en donde se ha descriminalizado el uso de cannabis, las vejaciones han disminuido un 13% según The Economic Journal.

A pesar de lo anterior, no se puede desconocer que la realización de este tipo de políticas puede promover la utilización de drogas a diferencia de su estado delictivo, generando la necesidad de crear iniciativas de salud pública para evitar este crecimiento. Sin embargo, es tan compleja la problemática en torno a la persecución de narcóticos que para crear un nuevo país que garantice el derecho a la seguridad, la paz y las libertades civiles; se debe emprender un camino sin retorno hacia la descriminalización.