Poder casarse no es un regalo, es un derecho

Desde ya en varias veredas se levanta la bandera del “hay que respetar todas las opiniones”. Pues sí, es cierto que se nos ha inculcado que estemos o no de acuerdo con posturas ideológicas o juicios de valor de cualquier persona lo correcto es aceptar las diferencias sin reparar en discusiones. Sin embargo, cuando se trata de la defensa de derechos humanos y civiles ¿es posible respetar el parecer de quienes dicen que no todos merecemos el mismo trato ante la ley?

Aplausos y abucheos recibió el llamado del Presidente Sebastián Piñera a apresurar la legislación del proyecto de ley sobre matrimonio igualitario durante su discurso en la más reciente cuenta pública. Para muchos un distractor, para algunos una traición y para otros un aprovechamiento político. No obstante, más allá de las intenciones del Jefe de Estado, sus dichos pusieron sobre la mesa un tema trascendental: en Chile aún existen ciudadanos de segunda clase. 

Mientras la iniciativa ya había sido tardíamente impulsada por la expresidenta Michelle Bachellet en 2017 luego de presiones internacionales, aún las voces de aquellos sectores políticos y religiosos en contra de la idea parecen tener un peso sumamente protegido e indiscutible. 

Frente al solo hecho de que en el país se permita contraer matrimonio a personas del mismo sexo, el senador Iván Moreira ya lo anuncia como “una bofetada al pueblo cristiano” y desde Chile Vamos la fractura valórica e ideológica llama a escuchar a quienes están en contra de conceder tal derecho a la población LGBTIQA+. 

El último informe anual del MOVILH indica que durante 2020 las denuncias por casos de homofobia y transfobia aumentaron en un 14,7%. Fotografía de Josean Rivera y MOVILH.

Entonces, ¿qué pasa con estos ciudadanos de segunda categoría mientras la clase política discute si nos corresponde o no el “privilegio” de casarnos? ¿Se supone que debemos sentarnos silenciosamente a ver el debate y escuchar apacibles cualquier discurso de discriminación y odio en contra nuestra? Ya no están los tiempos para eso. Los derechos no se negocian y el Estado debe garantizar, sin espacio para la discusión, igualdad ante la ley para todas, todos y todes

Cuando el más reciente informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) demuestra que los actos de violencia y segregación a personas de la diversidad sexual van en aumento, nadie debería darse el gusto de cuestionar el matrimonio igualitario. No se trata de un “regalo” o “dulce” para complacer a unos cuantos o sumarse al carro alegórico del orgullo gay, sino de pagar una deuda histórica con una comunidad sistemáticamente vulnerada. 

Sin embargo, y para novedad del señor Presidente, Chile Vamos y el mundo cristiano; aquella deuda no queda ahí. La discriminación y violencia con que este país ha tratado a las disidencias sexuales no solo nos ha privado de poder casarnos, sino que también ha quitado vidas e impedido, a quienes nos quedamos, el poder transitar libremente con seguridad y dignidad. 

Así, en el “nuevo Chile” que deseamos construir para el futuro no hay cabida para cuestionamientos ni dudas sobre los derechos de la comunidad LGBTIQA+ y solo existen cupos para fuerzas que promuevan la justicia sin titubeos.

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