Carencias en la provisión de medicamentos esenciales para sobrevivir, desinformación y nula consideración en protocolos sanitarios son algunos de los puntos más graves en la lista de acusaciones que levantan personas que viven con VIH en contra del Estado chileno.

“Nadie se acordó que desde antes ya había una pandemia”, comenta Francisco Fariña, profesor de inglés que vive con VIH hace más de tres años.  Ciertamente, el caos mediático que provocó la crisis sanitaria en nuestro país fue un foco de desinformación y pánico colectivo que impactó, de forma muy cercana, a la población VIH positiva. “Estaba el miedo de qué iba a pasar conmigo, si el virus me iba a afectar de forma diferente por mi sistema inmune, además de la ansiedad de no saber qué pasaría con mi tratamiento”, recuerda Fariña al ser consultado sobre cómo vivió las primeras semanas del COVID-19 en Chile. Lo cierto es que la medicación antirretroviral para VIH, conocida como TARV, es indispensable para quienes viven con este virus, pues basta con abandonarla un día y las consecuencias en el sistema inmunológico pueden ser fatales. He ahí la importancia de no interrumpir el tratamiento, el cual está supuestamente garantizado por el Estado de forma gratuita para todo quien lo necesite en territorio nacional a través del sistema público de salud. 

Acceso a medicación y atención profesional

Iniciada la pandemia, mientras a nivel internacional organizaciones como la OMS y ONUSIDA recomendaron proporcionar medicación a personas que viven con VIH (PVVIH) por un tiempo superior a los dos meses, en Chile se hicieron públicos casos en los que no se otorgaron más de 10 pastillas, cantidad que precisamente solo garantiza 10 días de tratamiento. De igual forma, las citas y controles médicos fueron en la mayoría de los casos cancelados o postergados por un periodo de tiempo superior al establecido para PVVIH. Según cifras de la primera encuesta nacional elaborada por la fundación Chile Positivo, un 74% del universo sondeado menciona que ha sido más difícil acceder a controles de VIH en contexto de pandemia. 

“En un principio solo me daban uno (TARV) y tenía que ir a buscarlo, lo cual igual era un riesgo porque era en el Hospital Lucio Córdova donde llegaban gran parte de los exámenes de COVID-19 del sur de la Región Metropolitana”, recuerda Luis Tovar, estudiante de psicología y voluntario en CEVVIH (Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH). Así, desde un comienzo de la pandemia el problema no solo estuvo en la provisión de medicamentos, sino también en cómo obtenerlos y el riesgo que implicaba verse en la obligación de asistir a hospitales colapsados. Mismo peligro que aumentaba con la baja dosis de TARV a la que tenían acceso PVVIH y que las forzaba a estar constantemente saliendo de sus casas y usando transporte público en pleno peak de contagios por COVID-19. 

Para personas VIH positivas que acceden a su tratamiento a través de Fonasa, este queda sujeto a un centro de salud en específico. Es decir, cada quien puede asistir y solicitar TARV y control médico únicamente en el establecimiento que le corresponda. Para Francisco, quien debido a la crisis sanitaria tuvo que dejar su hogar en Santiago y volver a vivir con sus padres en Rancagua, aquel sistema dificultó de sobremanera el acceso a su medicación. Luego de estar viajando cada dos o tres meses a la capital para solicitar su medicina, cuya dosis variaba cada vez, optó por trasladar su tratamiento al hospital de la ciudad donde ahora vivía en vista de las limitaciones y riesgos que suponía la pandemia. “Fue un trámite sumamente engorroso y poco grato”, recuerda. Además, tanto Francisco como Luis coinciden en que desde un comienzo la información y ayuda llegó de fundaciones como Chile Positivo o CEVVIH, mas no del Ministerio de Salud. 

Responsabilidad del Estado

En los últimos días, a más de un año de la irrupción del COVID-19 en el país, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud debido a la falta de entrega y dispensación de terapias para el VIH. Víctor Hugo Robles, escritor y activista conocido como “El Che de los gays” fue quien interpuso la acción judicial luego de meses de denunciar a través de redes sociales y medios de comunicación las fallas en el protocolo sanitario para PVVIH. 

El recurso detalla que los hospitales estarían entregando dosis de TARV para 30 días en lugar del mínimo de dos meses que establece el Decreto N°4 del 7 de febrero de 2020 emitido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, además de un compromiso testimonial del MINSAL encabezado por el Dr. Enrique Paris. 

Por su parte, el presidente de la fundación Chile Positivo, Carlos Lobos, comenta acerca del sentir de la comunidad VIH positiva en el país en relación con el rol del Estado en el último año y medio: “Creemos que la pandemia del COVID-19 eclipsó la pandemia del VIH que ha estado presente por décadas y no se ha logrado dar una respuesta real a la necesidades de las personas que viven con VIH”. 

Mientras las soluciones de parte de las autoridades están aún en deuda con la población VIH positiva en Chile, lo cierto es que el trabajo de redes y fundaciones apoyadas por voluntarios ha sido la luz en la lobreguez para quienes no solo no han recibido apoyo del Estado, sino que a su vez han sido vulnerados en su derecho a un tratamiento justo y digno.