Más de 50 personas fueron deportadas desde territorio nacional el pasado domingo. Migrantes, todos de nacionalidad venezolana, debieron abandonar el “sueño chileno” en un controversial proceso que ha vuelto a dejar en evidencia las carencias humanitarias del sistema político y social actual. 

Mientras desde el Gobierno se esfuerzan en defender el operativo que forzó a 56 extranjeros residentes en Chile a volver a su país natal, organizaciones migrantes y de DDHH no han cesado sus críticas frente a lo que a muchas luces indica un tratamiento indigno y arbitrario de la crisis migratoria.

Con la justificación de que se trataba de un grupo de personas que habría cometido delitos e ingresado ilegalmente al territorio nacional, el ministro del Interior Rodrigo Delgado ha sido enfático en que el Gobierno actuó dentro del marco de la ley. No obstante, más allá incluso de la ola pública de reproches que despertó el operativo, el hecho no hace más que reflejar la verdad de un país discriminatorio e inhumano en su esencia. 

En el último tiempo hemos hablado de matrimonio igualitario, reconocimiento constitucional a pueblos indígenas, equidad de género y la misma inmigración, por mencionar algunos de los temas más recurrentes en la agenda social. Materias que, si bien han cobrado protagonismo en la época más reciente, se originan en carencias humanitarias históricas sin resolver. 

En Chile, la violencia institucional se vive día a día en comunidades mapuche perseguidas y reprimidas por fuerzas policiales, en el desconocimiento del derecho a unión y formar familia a homosexuales, en la revictimización a sobrevivientes de abuso sexual, en la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, así como en el no reconocimiento a la identidad de personas trans o en el desamparo a menores del SENAME; entre tantos casos más. De este modo, es posible plantear la hipótesis de que habitamos un país cuya estructura se sostiene en la concepción de ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, en el cual se contrasta la teoría de que “todos somos iguales ante la ley” con una práctica que da espacio a sectores de la población que parecen vivir en la ilegalidad, o al menos al margen del sistema.

Entonces, ¿inmigrantes ilegales? En un país donde existen grupos hegemónicos históricamente inamovibles el ser legal es un privilegio. Poder vivir, habitar y subsistir dentro de la licitud cívica, respetando una ley que te respeta como ciudadano, es una prerrogativa cuyos acreedores y las propias autoridades no están dispuestas a reconocer ni cuestionar. 

En esta edición de Entrelíneas damos especial énfasis a aquellas realidades marginadas, así como al trabajo y esfuerzo de quienes en su día a día, desde las más diversas trincheras, se proponen construir un mundo diferente.