La contradictoria política migratoria del gobierno

En medio de la complicada crisis humanitaria que vive Venezuela, son miles las personas que se han visto forzadas a dejar hogares y familias para cruzar un desierto inhóspito en busca de una nueva oportunidad en Chile. No obstante, ya sea por razones políticas o jurídicas, la autoridad implementó un plan para expulsar a quienes ingresan por pasos no habilitados, lo que muchas organizaciones y abogados consideran una vulneración de derechos.

Corría en 2019 y Sebastián Piñera viajaba en lo que fue un polémico viaje a Cúcuta, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a los habitantes de Venezuela. En un discurso de la mano con Iván Duque, presidente de Colombia, el mandatario chileno abría las puertas de su país para recibir a cualquier venezolano que quisiera escapar del régimen de Maduro.

Dos años después, se puede ver una tétrica imagen de 56 personas venezolanas vestidas con overoles blancos, subiéndose a un avión de vuelta a Caracas. Esto, en el marco de un plan que Piñera impulsó con el objetivo de “ordenar la casa”.

Sebastián Piñera, Juan Guaidó e Iván Duque en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, en 2019. Fotografía por DW.

Sin el debido proceso

Una de las razones de la polémica fue que la expulsión se realizó un fin de semana, días en que las cortes no sesionan. Por esto, cualquier recurso de amparo que se pudiera haber interpuesto, no hubiera alcanzado a frenar la situación.

“Si uno interpone un recurso ese día, no va a obtener la orden de no innovar, es decir, la solicitud al tribunal de que, mientras se esté tramitando el recurso, no se pueda ejecutar la orden de expulsión. Y todas las cortes lo conceden. Se les vulnera el derecho ya que no se les permite que los tribunales intercedan”, explica Bárbara Silva, encargada del área de migraciones de la Clínica Jurídica de la Universidad de Concepción.

Esta última ha cumplido un rol fundamental en la región para frenar gran parte de las expulsiones dictadas por la intendencia, ya que todos los recursos que han interpuesto, han sido acogidos. El abogado y director de la Clínica, Mauricio Inostroza, señala que “las intendencias hacen una cuestionable interpretación de la ley según la cual, al denunciar y desistirse, quedan habilitados para expulsar”.

En sus palabras, esto transgrede toda normativa internacional de derechos humanos y la propia Ley de Migración, ya que no hay garantías de un debido proceso, como explicar por qué vino, la legítima defensa y el derecho a una investigación.

Contradicción con la propia ley

Si bien la nueva Ley de Migración aún no entra en vigencia, hay una disposición transitoria correspondiente al artículo octavo que establece una regulación especial para quienes ingresaron por paso no habilitado: cuentan con 180 días, a contar de la publicación de la ley, para hacer un abandono voluntario del país y poder tramitar las respectivas visas para ingresar a Chile.

Francia Campos, venezolana y directora de la Organización de Venezolanos en Biobío (ORVE), señala que “es una falta de respeto que, habiendo promulgado la nueva Ley de Migración, que dice que hay un plazo para que los inmigrantes se vayan tranquilamente, los expulsen de forma arbitraria y sin derecho a nada”.

Debido a la crisis política, social y económica de Venezuela, miles de migrantes comienzan a entrar por el paso de Colchane en febrero de este año. Fotografía por El Comercio.

En esta línea, Silva comenta que “esa es una norma que desconoce absolutamente la realidad de quienes han ingresado por pasos no habilitados, gente que se ha visto forzada a migrar, sobre todo en el caso venezolano; además, no se ha respetado. El 25 de abril, cuatro días después de publicada la ley, hubo una expulsión masiva que salió desde Iquique”, señala.

En el mismo saco

Lo que la autoridad dio a entender a la población el fin de semana fue que las 56 personas expulsadas tenían antecedentes penales, cuando en realidad, sólo eran 19. «El gobierno tiene todo el derecho de, como dice el presidente, limpiar su casa, pero que aprenda a hacerlo. No puede echar a todo el mundo”, dice Campos, quien lleva cinco años residiendo en Chile.

Por su parte, Inostroza dice que están metiendo a todos en un mismo saco: “Hay quienes han cometido delitos y pueden ser expulsados. Ningún país está obligado a soportar en su territorio personas que hayan faltado a la ley. El problema es que, entremedio, van estas personas que sólo han cometido el delito de ingresar por paso no habilitado, pero no han tenido ningún derecho al debido proceso”.

Este tipo de hechos, por supuesto, ha generado un estigma en toda la población. Y no sólo ahora, sino que desde siempre. Para Silva, es el “resultado de un imaginario social y un discurso político tremendamente populista. La gente lo aplaude, porque no sabe cómo funciona. No es gente que se levantó un día y quiso irse, sino que se ven forzadas a hacerlo”. A todo esto, se suma que, al no revisarse los casos individualmente, no se saben los antecedentes de cada una de las personas, por lo que se les pone en una situación de riesgo. Desde la Clínica Jurídica han visto casos de militares desertores y víctimas de violencia política. “El gobierno siempre ha condenado el régimen venezolano como una dictadura y ahora están devolviendo a esta gente ahí mismo. ¿Qué es más contradictorio y vulneratorio de los derechos humanos que eso?”, concluye la abogada.

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