Desde hace ya varios años, se han ido gestando las discusiones que sitúan a la Isla de Traiguén y su venta, como un acto fraudulento. Esto se dio a conocer en el momento en que los actuales dueños, la familia Risopatrón, comenzaron el proceso de cerrar entradas al río y por consiguiente, a detener el tráfico de las personas a este sector. 

Por Eduardo Godoy

La Isla de Traiguén ha sido utilizada durante muchos años para la recolección de leña, mosqueta, caza y también, como sector recreacional de la comuna, ya que cuenta con flora y fauna nativa que hacen que el paraje sea de una hermosura única. O así lo fue hasta hace unos años. 

La latente amenaza del sector forestal en la zona hace que las comunidades pongan ímpetu en defender lugares como este y es entonces, cuando la propiedad privada choca con los intereses de la comunidad.

La isla es nuestra

La Isla Nuestra, es un colectivo de personas de la comuna de Santa Bárbara que considera que la isla en cuestión, debiese mantener la neutralidad en la propiedad ya que el uso recreativo del sector forma parte de la idiosincrasia de la comunidad.

En conversación con Diego Barrientos, actual representante de la comitiva por la defensa de la isla, plantea que la defensa del territorio va más allá de sólo defender un paraje recreacional. Explica que, “defender el territorio y lo que contiene es necesario para mantener a salvo la naturaleza del avasallamiento capitalista”. Diego entiende que este territorio tiene un dueño formal, pero pone hincapié en cómo fueron obtenidas la cantidad de hectáreas y por ese motivo, como comité iniciaron una junta de firmas que busca detener la privatización del predio. 

El día jueves 18 de marzo de 2021, se entregaron a la oficina de partes de la Municipalidad de Santa Bárbara las primeras 275 firmas que se recolectaron con el fin de que la municipalidad se disponga a realizar acciones legales para detener la venta de la isla de Traiguén.

La solicitud fue recibida por el consejo municipal y la respuesta fue favorable. Es más, se realizó el día 29 de marzo una sesión de consejo extraordinaria para abordar el tema, donde fue expuesta la problemática a la comunidad mediante la difusión de la Radio Doña Bárbara. En esta sesión se dispuso de la voluntad política de los concejales para realizar investigaciones más profundas. 

Durante esas álgidas semanas el “Comité por la Recuperación de la Isla” hizo entrega de un presupuesto para la asesoría legal en la Oficina de Partes del Municipio que fue aceptado en la reunión de consejo municipal del día 14 de junio.

Frente a la notoria preocupación de la comunidad, los concejales de Santa Bárbara aprobaron de manera unánime el presupuesto planteado por el comité y se comenzó a investigar el tema legal de la Isla de Traiguén.

La problemática legal

La complejidad de los decretos de Bienes Nacionales que delimitan qué terrenos pueden o no ser de carácter privado, explican que los territorios inundables no pueden tener un dueño, es más, forman parte del territorio fiscal en donde no puede llevarse a cabo construcciones, por una lógica de que no es factible construir nada ahí. 

Las zonas delimitadas como parte de la isla en cuestión, entran en aquella clasificación ya que las últimas grandes crecidas del río Bío-bío ocurridas en 1991 y en 2006 taparon muchísimas hectáreas en aquel entonces. De esta manera, la comunidad y el Consejo Municipal no entienden cómo pudieron haber sido loteadas y vendidas esa cantidad de territorio. 

En palabras de Edmundo Cofré, concejal durante 24 años en la comuna, afirma que “la situación es complicada debido a que hubieron extensiones de dominio fraudulento durante estas crecidas de río y por ende, se agregaron más terreno que el que correspondía”. 

Si bien, desde 1910 el territorio cuenta con oficios de dominio, no se explica cómo de las 19 hectáreas que formaron parte en ese entonces, se aumentaron a 80 hectáreas con el siguiente dueño y 155 con el actual dueño, la familia Risopatrón. Quienes además cuentan con derechos de agua en el sector. 

El futuro del territorio

Lo que se espera al momento de conseguir la disolución de esta supuesta fraudulenta venta, es recuperar el territorio como lo fue en un momento de uso público. Aurelia Salinas, vecina y presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Claudia Arrau afirma que “las entradas a los ríos nunca habían estado cercadas”. Recuerda con nostalgia cómo en verano era casi una tradición salir a buscar mosquetas y moras para el invierno, y cómo muchísimas familias recolectaron la leña que con la que se calentaron durante tantos inviernos.

Es difícil creer cómo un territorio tan grande  pudo haber sido cercado casi por completo y de esta manera, denegar la entrada legal a ríos, esteros, valles y cauces que fueron en algún momento utilizados por la comunidad.