La burbuja que reventó luego del Estallido Social, sumada al cúmulo de revueltas populares desde 2006, decantó en un auge de las agrupaciones territoriales en las que el trabajo colectivo con sus poblaciones ha podido levantar un ejercicio de participación mucho más intenso que el de la democracia representativa a la que el país está tan acostumbrado desde dictadura.

Por Makarena Sierra Alcayaga y Marco Uribe Pedreros

Levantarse a votar un domingo cada cuatro años es lo que cada ciudadano promedio como Paulina Becerra (38) hace en la democracia representativa de Chile. Ella es médico, especialista en ginecología y vive en Chiguayante desde hace tres años. A pesar de mantenerse informada del acontecer nacional y ejercer su deber cívico en cada elección, no participó activamente de espacios políticos hasta el 18 de octubre de 2019. 

Motivada por la lucha social y las problemáticas del país, se reunió con un grupo de personas que no conocía para ponerse a trabajar en el proyecto de una nueva carta magna. “Los ciudadanos tenemos que comprometernos con el país en el que queremos vivir. No podemos esperar que las soluciones vengan todas impuestas desde arriba, sino que es desde las bases donde deben salir propuestas vinculantes. No podemos vivir quejándonos de las cosas que no nos gustan si no participamos, si no nos manifestamos, si no decimos cómo queremos vivir”, señala Becerra.

Son muchos los casos en donde la ciudadanía sentía desconexión para sumarse a procesos electorales. Sin ir más lejos, Chile viene arrastrando un registro de baja participación ciudadana en las últimas instancias de votación. Por ejemplo, en los comicios generales de 2013 votó el 49% del padrón electoral, mientras que en los de 2017, el 46,6%. Y, si bien en el plebiscito hubo una cifra histórica del 50% del electorado, para las elecciones municipales y convencionales siguientes, este porcentaje bajó siete puntos.

Sin embargo, al igual que Becerra, hay miles de personas. Tras el Estallido Social, muchos se reunieron en sus comunas y localidades para hablar sobre lo que estaba sucediendo, mientras que las asambleas populares y territoriales se reactivaron para hacerse parte de la discusión y traspasar conocimiento sobre los procesos políticos. “Había un diagnóstico común de que muchas cosas estaban funcionando mal y que algo había que hacer. No podíamos esperar a que todo viniera desde arriba. En eso yo creo que hay un consenso colectivo de que es necesario participar”, enfatiza la chiguayantina.

Las primeras luces de este fenómeno se dieron durante 2016, cuando la por entonces presidenta Michelle Bachelet lanzó un proceso constitucional abierto a los ciudadanos en tres etapas: encuentros y consultas públicas (regionales, provinciales y locales), deliberación y redacción del texto; y, finalmente, un referéndum popular para su aprobación. De acuerdo a un estudio de la OCDE de 2017, en el proceso de consulta participaron 218 689 chilenos en total. Para las consultas individuales vía online participaron 90 804 ciudadanos a nivel nacional; en los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), 106 412; en los cabildos provinciales, 12 854; y, por último, en los cabildos regionales, 8621. 

Este proceso no concluido fue una antesala en la que los conceptos prioritarios para las personas en una nueva Constitución son los mismos que hoy resuenan en las salas del ex Congreso Nacional: vivienda digna, igualdad de género, estado laico, participación ciudadana y multiculturalismo. Por entonces, lo concretado fue un gran avance tras décadas de despolitización de la sociedad.

Los antecedentes de la dictadura

Para el profesor de historia y académico de la Universidad de Concepción, Bastián Torres, hoy en día se suelen cometer ciertos errores al hablar de participación ciudadana y el grueso de aquellas lecturas fallidas recaen en el hecho que se establece a la adhesión electoral como el centro de la discusión. “Al día de hoy, aún existen personas que solo entienden o piensan la participación ciudadana como el acto electoral cada cierto tiempo, pero hay una comprensión más profunda y maximalista de la participación, en la que se entiende al ciudadano o ciudadana como un sujeto político en toda la expresión de la palabra. Eso quiere decir que participa, integra y crea distintas organizaciones que van formando parte del tejido social”, señala el profesor.

De ahí que impera la importancia en reconocer los derechos consagrados de la sociedad actual. En tiempos de dictadura fueron cerca de 17 años en donde no existió el sufragio, además de que toda forma de participación ciudadana que significara una amenaza al régimen fue perseguida, acallada y desaparecida.

En este punto, Torres marca las diferencias entre los períodos de la historia de Chile, haciendo una representación del país antes y después de 1973: “Tenemos un antes en el que la organización sindical se había desarrollado bastante en nuestro país y las asociaciones gremiales estaban muy presentes, extendidas en todo el territorio. Eran una forma de organización popular”. 

Citando el libro de Tomás Moulian, “Chile actual: anatomía de un mito”, el docente continúa explicando que “la dictadura representa un quiebre que termina por ser una revolución en la que, a partir de un programa neoliberal, la participación ciudadana es relegada a una democracia protegida y representativa que vota cada cuatro años, y que luego se desentiende para entregar las responsabilidades a los poderes ejecutivo y legislativo”.

Como consecuencia, hay una reducción del activismo de la población en el ambiente político. En este sentido, Torres agrega que existe una victoria del neoliberalismo en términos culturales: “La democracia se entiende hoy en día a través del consumo. Todo debe ser rápido, expedito e inmediato. Cualquier cosa que nos demande tiempo no nos gusta. Es cosa de observar lo que sucedió en el Estallido: emergen los cabildos y organizaciones populares, pero luego la asistencia comienza a menguar, porque el tejido social a través de la participación ciudadana requiere tiempo y, en una sociedad que está profundamente mediada por el consumo, nos gusta consumir todo inmediatamente”.

18-O y la activación del trabajo en los territorios

Si bien muchos territorios en el país ya tenían organizaciones que se encargaban de las problemáticas que les afectaban desde mucho antes del 18-O, muchos barrios se activaron luego de este, con actividades que incluían romerías, cacerolazos, velatones y asambleas. Desde entonces, han ido construyendo una dinámica en constante movimiento que les ha permitido mantenerse en pie a pesar de la pandemia. 

Un ejemplo de esto es la Asamblea Popular Wallpen. Su trabajo nació de manera autoconvocada desde la coordinadora territorial de la misma comuna, con el fin de buscar un espacio que se mantuviera en el tiempo en el que pudieran converger las ideas de vecinos y vecinas acerca de la contingencia de octubre de 2019. Erwin Escobar (21), integrante de la asamblea, cuenta que antes de su constitución en febrero de 2020, se comenzaron a realizar muchas actividades en las poblaciones de Hualpén y que las primeras instancias abiertas tenían por objetivo gestionar cajas solidarias y ollas comunes. 

“Cuando llegó la pandemia nos vimos con las manos un poco atadas para realizar actividades políticas, así que comenzamos a realizar colectas afuera de los supermercados, con el fin de recolectar alimentos para las casas de vecinos que los necesitara. Obviamente con un mensaje político que discutimos previamente”, señala Escobar. 

Sin embargo, el trabajo de hoy está enfocado en trascender el clientelismo y desarrollar acciones que puedan llevarnos a motivar y concientizar a los vecinos para que puedan organizarse. Es por eso que se encuentran trabajando con una red de profesionales para rescatar las principales problemáticas de poblaciones específicas de la comuna, así como levantar talleres sobre temáticas contingentes, como el proceso constituyente y la situación de los presos políticos.

En esta línea, dice que lo principal es “cortar con la costumbre de que las personas reciban y reciban sin cuestionarse nada. Eso es porque el sistema subsidiario entregó muchas cosas, pero manteniendo la individualización de las personas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que las personas entiendan que en el trabajo colectivo se puede concientizar mucho, entendiendo que hay una lógica individualista muy arraigada en la sociedad”, apunta el hualpenino. 

Y agrega que: “Al momento de organizarnos, las personas se dan cuenta de que no conocen a sus vecinos y el carácter político que toma es súper importante, porque a veces ni siquiera tienen la capacidad de discutir la contingencia nacional o simplemente no les importa, pero al fin y al cabo se van dando cuenta de que tiene que ver con el día a día: los problemas en las deudas o el no tener casa propia, por ejemplo”.

Los cambios que propone la Convención

“Más que un cambio, tras el Estallido Social sucedió una acumulación”. Así resume el cientista político Benjamín Jara cuando se le consulta por la aparición masiva de cabildos asambleas territoriales luego del octubre de 2019. No desconoce los movimientos sociales de 2006 y 2011, que luego decantaron el proceso constituyente creando la mesa regional en el Biobío. 

“En la mesa regional, entre los años 2015 y 2016, tuvimos la estrategia de pasar al ámbito público y hacer directamente cabildos en las plazas, teniendo la primera una muy buena aceptación para ese entonces. Lo que pasó después del 18 de octubre es directamente la estrategia de movilizarse como costumbre, como hábito, porque directamente la práctica de la revuelta provocó un quiebre entre el ámbito político-partidario y lo político-social, que estaban mezclados, empequeñecidos y atrofiados”, comenta Jara.

A su juicio, la política estaba ya dañada desde hace mucho tiempo y pone como ejemplo las juntas de vecinos: “Hoy en día, estas funcionan como sedes sociales de los partidos. Ellos dan asistencia a dichos grupos. Los diputados dan subsidios, logran conectar con la gente a través del equipo de fútbol del barrio, entre otras cosas. Todo eso se rompe el 18 de octubre, porque la gente se dio cuenta que solo por el hecho de ser masa, de ser movilización, de ser voluntad popular, logran traspasar las barreras de la institucionalidad. Lo que finalmente, en ámbitos reales y prácticos nos lleva a una nueva Constitución», puntualizó.

En esta línea, la Convención Constituyente ya está trabajando en mecanismos para una participación ciudadana incidentes y vinculantes. En la propuesta de reglamento de la Comisión de Participación Popular se establecen dos tipos: convocados por la Convención y los autoconvocados por personas y agrupaciones desde afuera. El pleno deberá recepcionar y sistematizar las propuestas que emanen de estos últimos. 

Amaya Álvez, constituyente electa como primera mayoría por el Distrito 20 señala que “las organizaciones locales tienen que poder conversar sobre la nueva Constitución. Yo espero que cada vez más personas se vayan entusiasmando con el proceso y que la participación sea cada vez mayor”. La abogada y militante de Revolución Democrática (RD) ha realizado tres encuentros locales en las comunas de Concepción, Talcahuano y Chiguayante a los que han asistido vecinos para resolver dudas y recibir ideas. 

Respecto a si ha habido un cambio en la participación de las personas, Álvez dice que va a depender de que sea canalizado y que logre un efecto en la nueva carta fundamental: “Creo que la gente tiene que ver que no sólo le pregunten, sino que su respuesta sea importante, porque va a incidir en la creación de la norma. Creo que la gente está cansada de participar sin ver un efecto concreto”.

Así también, una de las propuestas de la Comisión de Participación Popular es la implementación de jornadas nacionales de deliberación, cabildos distritales y locales, encuentros territoriales y plebiscitos dirimentes, los que se llevarán a cabo cuando no se obtenga el quórum establecido para la aprobación de alguna norma constitucional. En este último punto, sin embargo, Jara toma distancia y aplica un freno al vicio que podría ser la repetición constante de tal herramienta, pues “esa democracia participativa termina siendo una democracia horizontal, cosa que no existe a menos que tengas a un 60% del país con muchas ganas de votar. Además, implica tener al Servel trabajando por cuatro asuntos para los que las instituciones y el Estado no están creados. Están para tener un rumbo, una trayectoria y no para ser constantemente movidos de timón”, finaliza.