En Chile se han formulado y promulgado leyes para regular el ingreso de migrantes, pero éstas no consiguen los objetivos esperados. Mientras la crisis en la frontera de Chile con Bolivia se mantiene bajo constante tensión, las autoridades continúan en jaque, tal como en un juego de ajedrez.

“Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero”. Hoy en día esta frase emblemática del folclore chileno parece muy lejana, sobre todo al observar lo ocurrido en el norte de Chile, en Iquique.

Las manifestaciones y manera de actuar, como lo visto en la quema de pertenencias de la comunidad migrante en el norte, vuelven a revivir uno de los temas que no ha tenido una respuesta efectiva. Ésta es la regulación migratoria, un problema que se viene arrastrando en nuestro país desde hace al menos 20 años, trayendo consigo la búsqueda -hoy tal vez desesperada- de soluciones eficaces.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, reconoció que “el gobierno es el principal responsable” de la actual crisis migratoria. A pesar de sus palabras, no se puede dejar de pensar en las situaciones similares que cursaron administraciones como la de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Cada uno de los anteriores intentando también ponerle -como se le denominó en su momento- el cascabel al gato.

En ese sentido, la administración de Sebastián Piñera implementó hace un par de meses una medida legal que esperaba ser una respuesta eficaz al problema. Ésta fue la Ley de Migraciones, promulgada el pasado 11 de abril del presente año, con la que se intentaba “poner orden en nuestra casa”. Dentro de los objetivos esperados estaba -en primer lugar- la regulación del ingreso de los migrantes a territorio nacional por pasos habilitados, pero esto se transformó en todo lo contrario. Los cruces por pasos fronterizos no habilitados se intensificaron y han dejado como saldo: 12 víctimas fatales, travesías en medio del desierto, tráfico de migrantes, una aguda crisis y la saturación de pequeñas localidades.

Sumado a lo anterior, el llamado al Estado de Chile para actuar de manera inmediata se ha intensificado desde los distintos sectores políticos, pero pareciera no existir una señal clara del proceder ni del mandatario ni de los que alzan la voz. Este si bien es un problema de la actual administración, también es un problema y una terrible derrota de todos los poderes políticos que, en vez de solucionar un problema, ponen parches superficiales que a la larga complejizan aún más la situación.

Con urgencia es necesario un trabajo mancomunado que entregue verdaderas soluciones y asegure algo tan fundamental como el derecho a migrar. Un derecho mundial que tenemos tanto los chilenos como todos los extranjeros de todos los países del mundo.