Fuerza policial en la Araucanía ¿excepción en la zona?

Cuatro provincias en la zona del llamado conflicto mapuche cuentan con presencia militar desde el martes 12 de octubre, lo cual se extendería por quince días de considerarse necesario.

Tras décadas de disconformidad en la Araucanía, fue necesaria una paralización de los camioneros de la zona para que el gobierno decidiera tomar acción respecto a la violencia que se genera en el lugar. En consecuencia a esto, el presidente Sebastián Piñera, decretó estado de emergencia hasta el 27 de octubre. 

Biobío, Arauco, Malleco y Cautín son las provincias que a partir del martes 12 de octubre cuentan con la presencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios. Esto, con fin de disminuir los constantes ataques que aquejan a los camioneros manifestantes, dentro de los cuales se repiten atentados incendiarios hacia las maquinarias de transporte.

Trabajos de vida o muerte

“Yo soy de Laraquete y moverme por mis propias tierras a veces puede significar terminar herido o muerto. Esta gente quema camiones sin pensar en las personas que estamos trabajando honradamente en la madera, que somos de aquí mismo y merecemos movernos por donde queramos”, señala Bruno Delgado, camionero maderero de la Zona. Lamentablemente, estos ataques hacia vehículos, maquinarias e incluso propiedad privada registran más de ciento veinte incidentes entre el 2020 y 2021. La mayoría a manos de encapuchados, que socialmente han sido vinculados a agrupaciones del pueblo mapuche.

Aun en estado de excepción, durante la madrugada del 18 de octubre, ocho camiones fueron quemados en la comuna de Victoria. Fuente: elmostrador.cl.

Cesar Rodríguez, quien actualmente está retirado de la institución, afirma que Carabineros de Chile está de manos atadas. El exfuncionario participó del Grupo de Operaciones Especiales en la zona, por lo que comenta que: “Después del caso de Catrillanca, hemos tenido más cuidado que nunca con cómo reaccionamos ante los enfrentamientos. No hay mucho espacio para errores y por lo mismo no podemos hacer bien nuestro trabajo de mantener resguardado este sector de los ataques”.

Quien no quiso quedar fuera de esta polémica discusión, en donde se debate si esta medida es o no la adecuada para el contexto que se vive en la zona, fue el Instituto de Derechos Humanos. Este, a través de un comunicado de prensa, señaló que “representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la PDI”.

La cotidianidad irrumpida por tanquetas

Quienes claramente no están a favor de la militarización de la zona son aquellos que históricamente han tenido que dar pelea para que sus territorios, creencias y costumbres no sean violentadas. Hasta el día de hoy, la causa mapuche busca la restitución de tierras que les han pertenecido ancestralmente, y por las que llevan siglos luchando.

Por este espíritu combativo a lo largo de la historia, es que las personas pertenecientes a este pueblo prehispánico han sido ultrajados por el Estado chileno. De esto habló el dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, con la revista española Efe.

“(Pretenden) denostarnos, demonizar diciendo que la causa mapuche es terrorista. La CAM no ha matado absolutamente a nadie de las personas con las que tenemos confrontación (…) Nosotros hacemos sabotaje, no violencia irracional. No atacamos agricultores, ni a la sociedad chilena en general. De hecho, en el último tiempo nos han endosado responsabilidad respecto de crímenes en los que no hemos tenido nada que ver y hemos sido muy claros a la hora de negar nuestra participación”.

Reconocido es el caso de la Machi Linconao, quien fue acusada de crímenes en donde luego el servicio público tuvo que desestimar las causas. Fuente: diarioeldia.cl.

El paro del servicio de los camioneros, sumado al estado de excepción, han traído más consecuencias negativas que positivas. Así lo manifiesta Silvana Benítez, quien es dueña de un restaurante y cafetería en el centro de Contulmo, los cuales han visto disminuido su flujo de clientes desde el decreto del estado de emergencia. 

”Con los camioneros tuvimos problemas, ya que en varias ocasiones se nos impidió ir por mercadería a Concepción o Los Ángeles. Días atrás fuimos, con temor, y a las afueras de Angol se veían muchos camiones estacionados con banderas, fogatas y pidiendo plata a los vehículos que pasaban”. Silvana, además manifiesta que “no es la medida adecuada. La presencia militar no debiera estar en el Contulmo urbano, donde la tranquilidad es de siempre, aquí la gente se entra muy temprano”.

Este último punto es el que genera más dudas en la población: ¿Esta medida es realmente necesaria? ¿Quiénes son los que afectan la cotidianidad de los habitantes?. Si bien la población del territorio ya convivía con constante presencia policial, con la llegada de las Fuerzas Armadas, esto se ha radicalizado.

 Lo mismo sostiene Cristian Peña, alcalde de Lebu, en una entrevista con ADN Radio, donde señaló: “Para nosotros es impactante poder ver tanques o camiones militares por el centro de la ciudad, no es normal. No tenemos por qué acostumbrarnos a ellos”.

Un argumento basado en hechos históricos a lo largo del globo, es la que comparte Sergio Pérez, residente de Contulmo. Nos cuenta que “las personas que participan en los sabotajes, son gente preparada. Los que queman escuelas y matan abuelitas son de derecha, es indiscutible. Por lo tanto, es muy difícil que se dé un enfrentamiento. Una de las características de las guerrillas es el ataque furtivo, nunca el enfrentamiento directo. Hay ejemplos en todo el mundo. No tiene sentido, además de que no corresponde”, termina el escritor.

El conflicto de interés de una lucha histórica

La razón fundamental de esta rencilla se centra en que las tierras en disputa, en la actualidad, están repletas de forestales. Estas alcanzan el 70 % de la producción forestal nacional, el cual representa en su totalidad cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De esta forma, se entiende que uno de los factores fundamentales de esta pugna es el interés que tiene cierto sector de permitir perpetuar sus ganancias a costa de un territorio que ha pertenecido de forma milenaria al pueblo mapuche.

Sumado a lo anterior, en este momento, en la comuna de Arauco se está construyendo el mega proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA). En este, el grupo Angelini invirtió dos mil trescientos cincuenta millones de dólares en la mejora y expansión de su capacidad, con fin de aumentar su producción, desde las ochocientas mil toneladas de celulosa que produce anualmente en la actualidad, a dos millones cien mil toneladas al año.

Luego que culmine la construcción, MAPA espera dar empleo a mil personas entre servicios y actividad forestal. Fuente: arauco.cl.

José Domingo Ulloa, ingeniero a cargo de la construcción de una de las calderas de este proyecto, comenta que los ataques no han afectado a la obra propiamente tal, ya que los mismos van dirigidos a las forestales y los camiones. “Fundamentalmente hemos visto afectado el traslado de personal, el riego de los buses y la gente, producto de los bloqueos y las quemas de neumáticos en la carretera. Esto ha significado la detención de la obra, en la cual trabajan cuatro mil quinientas personas”.

José agrega que el proyecto tiene un costo de 450 millones diarios aproximadamente. Esto no solo es el costo de la mano de obra en caso de no trabajar, sino también de la maquinaria que queda sin ser utilizada, además de los costos que podría implicar no tener el proyecto terminado en las fechas estipuladas. 

Hay que considerar que este es el único plan que se está desarrollando en territorio nacional en la actualidad, y en donde están involucradas empresas como Vial y Vives, Sigdo Koppers Echeverría Izquierdo, Besalco, por nombrar algunas, además de Sodexo, que entrega servicios al igual que EME Bus.

Tras los antecedentes expuestos, queda cuestionarse si esta medida de militarizar las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín son para resguardar a las personas que habitan en estas localidades, o si lo que busca es proteger el sistema productivo de las empresas transnacionales instaladas en la zona. Lo fundamental de esto es lograr una solución al conflicto, cuya complejidad impide ser finiquitada a base de intimidación armada.

Muy bien lo expresó el Gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, en una reunión con los constituyentes del distrito veinte y veintiuno. En esta, señaló que su foco estaba en la búsqueda de la resolución del conflicto. “¿Y cómo se hace esto? Dialogando, concordando, conversando, y más allá de las atribuciones que uno pueda tener, porque esto es profundamente político y, al final, se traduce en cómo poder vivir mejor”, manifiesta el trabajador social a cargo de la octava región.

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