Soberanía alimentaria: una necesidad en el Chile de hoy y del futuro

Un grupo de convencionales constituyentes propuso una norma que establece el derecho a la soberanía alimentaria en la nueva Constitución, situación que volvió a poner encima de la mesa algo tan básico y vital como el acceso a alimentos de calidad y el derecho a ser independiente al momento de producir, comercializar y consumir los mismos.

Por Cristian Márquez.

“El Estado reconoce y garantiza a los actores esenciales de la soberanía alimentaria (campesinas, pescadores, recolectores artesanales, apicultoras, crianceros, etc.), su derecho a acceder y a hacer usufructo individual o colectivo de la tierra, agua y mar, al libre uso, manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos, a los recursos económicos y a la biodiversidad, asegurando los medios y medidas necesarias para resguardar a los actores esenciales de abusos, destrucción, contaminación y prácticas monopólicas, oligopólicas, extractivistas, especulativas y delictuales que atenten contra su bienestar, formas de vida y de producción”, este es un extracto de la propuesta de norma que un grupo de 14 convencionales ingresó a la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional el pasado 31 de diciembre.

Manuela Royo, Camila Zárate, Vanessa Hoppe, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Francisca Arauna, Alvin Saldaña, Alejandra Flores, Carolina Vilches, César Uribe, Gloria Alvarado, Elsa Labraña,  Gloria Alvarado y Francisco Caamaño son quienes firmaron la petición para incluir la soberanía alimentaria dentro de la nueva Constitución, situación que pone nuevamente en la palestra algo tan básico y vital como el acceso a los alimentos pero que hoy por hoy no está regulado en la actual carta magna.

En la propuesta de norma, los convencionales van más allá e incluso añaden que “el Estado debe fomentar el desarrollo del conocimiento y tecnología en función del resguardo y fortalecimiento de las formas de vida y de producción, lo cual debe incluir la promoción de los saberes tradicionales, la investigación científica y la agroecología, asimismo se debe fomentar los mercados locales y circuitos cortos de comercialización de alimentos, garantizando el acceso a infraestructura necesaria y favoreciendo relaciones comerciales justas entre consumidores y productores”.

Pero, concretamente, ¿qué significa soberanía alimentaria? Para Carolina Vilches, convencional constituyente por el Distrito seis y que además es patrocinante de esta propuesta, dicho concepto tiene que ver con “el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país. La soberanía alimentaria es indispensable para el buen vivir y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país, cuyo objetivo será la producción de alimentos para el consumo interno”, comentó.

En la misma línea, Vilches también señaló desde dónde surgió la idea de consagrar la soberanía alimentaria en la nueva carta magna: “Nace desde los territorios, lugares que se han visto afectados por el extractivismo hacia las comunidades y se evidencia el abandono del Estado hacia la agricultura familiar campesina. También es importante el contexto global de crisis ecológica, donde múltiples organismos e instrumentos del derecho internacional han llamado a reconocer el rol primordial que cumple la agricultura familiar campesina en el tránsito hacia un desarrollo rural integrado, sostenible y equitativo, pues es un actor estratégico para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población, la soberanía alimentaria del país y la preservación de la biodiversidad, a la vez que resulta fundamental para combatir los principales desafíos de la Agenda 2030 reconocidos por ONU y FAO”.

Además, la representante del distrito seis también señala que las altas cifras de obesidad infantil a nivel nacional influyeron a la hora de proponer la norma anteriormente descrita: “Por supuesto que influye, ya que evidenciamos el cambio cultural que produjo la introducción de la comida chatarra en la vida de las personas y es por eso que la soberanía alimentaria puede lograr que las comunidades rurales y urbanas puedan acceder a alimentos sanos y nutritivos”.

El Mapa Nutricional de Junaeb elaborado en 2020 -que evaluó a más de 700 mil escolares a nivel país- arrojó que más del 50 % de los niños y niñas presentan sobrepeso u obesidad, mientras que la obesidad severa prevalece en un 7,6 % de este grupo. Fotografía de gob.mx. 

¿Soberanía o seguridad alimentaria?

Al interior de la Convención Constitucional existen diferencias en la forma de abordar esta materia al momento de redactar la carta magna, pues mientras algunas voces señalan que se debe establecer claramente la soberanía alimentaria, otros se decantan por la seguridad alimentaria, debido a que de está forma se estaría regulando y estableciendo el derecho a que toda persona tenga acceso económico, físico y social a los alimentos nutritivos para así satisfacer las necesidades y preferencias energéticas diarias para que la persona tenga una vida sana y de calidad en cuanto a lo que se consume.

Sin embargo, quienes prefieren el concepto de soberanía alimentaria afirman que al establecer la seguridad en la nueva Constitución no se está apoyando ni potenciando la producción de alimentos a nivel local, es decir, a pequeña y mediana escala, como lo son los agricultores menores, campesinos, etc.

Escenario alimenticio en Chile y situación internacional

En la actual carta magna no está establecido lo referente al derecho a la soberanía o seguridad alimentaria, puesto que aquello relacionado a las políticas públicas sobre el tema alimenticio está sustentado en leyes o decretos específicos. Por ejemplo, el Estado de Chile posee políticas como el Plan de alimentación complementaria del Ministerio de Salud que está destinada a adultos mayores y niños, mientras que por otro lado también se encuentra el Plan de alimentación escolar de Junaeb.

Por tanto, si esta norma recientemente presentada se llega a aprobar en el pleno de la Convención Constitucional sería la primera vez en la historia de Chile que la soberanía alimentaria quedase consagrada en la Constitución.

Mientras que a nivel planetario, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), son 16 países -todos ubicados entre América Latina y el Caribe- los que incluyen el derecho a la alimentación en sus respectivas cartas magnas.

¿Limitar la exportación de cerezas?

En diciembre de 2021, el exsubsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Tomás Flores, comentó en un live de la radio El Conquistador que “en la comisión de Recursos Naturales de la Convención están en contra de que se exporten cerezas, porque están exportando el agua de Chile dentro de cada cereza”.

Declaraciones que de inmediato escalaron en cuanto a las reproducciones e instalaron la preocupación, especialmente en quienes se dedican al rubro.

Sin embargo, la misma Convención Constitucional se encargó -a través de un comunicado- de desmentir los dichos de Flores, documento donde se señala que jamás se ha propuesto tal medida y que corresponde a una noticia falsa.

Posteriormente el economista Tomás Flores corrigió sus palabras y señaló que la idea antes detallada todavía no es algo formal, pero que sí se ha discutido al interior de la Convención. Fotografía de chileconvencion.cl.

En este caso es factible llegar a un acuerdo y establecer la complementariedad de ambas perspectivas, es decir, contemplar la soberanía alimentaria en la nueva Constitución es perfectamente compatible con añadir la seguridad en el acceso a los alimentos. No son excluyentes, puesto que me parece que asegurar que todos los habitantes del país tengan el derecho a poder consumir alimentos nutritivos, de calidad y libres de contaminantes puede ir en la misma línea que potenciar la producción a nivel campesino o más local. Lo primordial es asegurar el derecho a la alimentación y elevar el estándar de calidad tanto en la producción de alimentos como también al momento de prohibir los agrotóxicos que finalmente terminan dañando a las personas y a la naturaleza.

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