El pasado 15 de marzo se aprobaron los primeros incisos que integran una de las iniciativas por los derechos sexuales y reproductivos, pasando a ser disposiciones del borrador de la Nueva Constitución de Chile.

El movimiento feminista, en especial durante la última década en Chile, se ha posicionado como una de las formas de acción colectiva más potentes. Representativo para mujeres, disidencias y cuerpos gestantes como una vía plural de denuncia y reivindicación, el feminismo se declara trinchera de lucha en contra de la violencia simbólica, política y sexual, de la posición de subordinación, desigualdad y explotación, situándose en la agenda del país como un motor de cambio. 

En períodos de metamorfosis, especialmente con un activo proceso constituyente que lidera la coyuntura nacional, las demandas históricas del movimiento en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de mujeres, disidencias y cuerpos gestantes, se han elevado en la discusión, logrando pasar al borrador de la Nueva Constitución luego de aprobarse una serie de artículos e incisos. Lo anterior, es visto como la antesala de profundas transformaciones y avances en materias de género en comparación con la Carta Fundamental vigente, asimismo, proyectos de ley pendientes. 

Los derechos sexuales y reproductivos le dan sentido de autonomía a las personas, por lo tanto, deben estar garantizados como un derecho fundamental, señala la psicóloga clínica especialista en enfoque de género, Claudia Vergara.

“El que se esté hablando, el que se discuta, ya plantea un cambio de perspectiva. El que la nueva Constitución los contemple no sólo dará un marco de protección, sino también una base para poder mejorar los servicios encargados de proteger estos derechos”. 

En materia, derechos sexuales y reproductivos

La cadena de solicitudes transversales del movimiento incorporadas en las iniciativas, expuestas por convencionales y propuestas mediante las “Iniciativas Populares de Norma” en el pleno de la Convención, han marcado la pauta de contenido del último tiempo por las implicancias para la sociedad. 

Tras la aprobación de los primeros artículos e incisos sobre estos derechos, incluyendo la área de salud en este ámbito, como es el caso de la posible consagración del aborto legal, se predispone, de cierta forma, a una variación sustancial en torno a políticas ya conocidas, como una directa mejoría al bienestar y calidad de vida. 

Para la abogada defensora de Derechos Humanos y activista feminista, Sindy Salazar Pincheira, es clave que “La sociedad se haga cargo del derecho de las mujeres, en el reconocimiento de la autodeterminación de los cuerpos que ya que no sólo despenaliza, sino que, es la base para establecer una o más políticas públicas acorde a nuestros tiempos y necesidades, dando pie para avanzar en la protección y promoción de una educación sexual integral”.

Esperanzas que se vuelven tangibles, apunta una joven penquista que, debido a factores personales, tomó la decisión de abortar en clandestinidad después de averiguar cada una de las implicancias legales, físicas y psicológicas del proceso; “Saber que el Estado ya no podría interferir en una decisión tan personal y que el riesgo sería mínimo con la atención adecuada, sería por fin dejar de vulnerar a las mujeres y quitar el tabú de que somos objeto de reproducción, con firmeza puedo decir que muchas no nacimos para ser mamás y no está para nada mal (sic)”. 

Reconocimiento y autodeterminación

Al ser integrado en la propuesta de Nueva Constitución como una libertad civil básica, el aborto palpita como el camino a la emancipación biológica y no sólo eso: según la activista e integrante de la ONG “La Rebelión del Cuerpo”, Daniela Saéz, “De una vez por todas se llaman las cosas por su nombre y es un hecho significativo para los activismos en general, especialmente para los feministas que nacen en espacios donde hay un notable abandono de políticas gubernamentales, que desde el sufrimiento se identifican carencias que obedecen a una violencia sistemática”. 

En Chile, de acuerdo con Salazar, la existencia de tres causales es una forma de seguir perpetuando el nulo reconocimiento de la autodeterminación y derechos sexuales. Limitar el ejercicio a tres parámetros, es no reconocer una normativa de derecho internacional en relación con DDHH que históricamente han sido privados. 

Incluir este tipo de normativas, se traduce en una especie de progreso para el país considerando el carente amparo frente a la violencia sexual, gineco-obstétrica y social que, debido al género, adosado a la frágil educación sexual-reproductiva integral y, como si no fuera poco, el fallo reiterativo en métodos anticonceptivos, afectan de forma directa a la calidad de vida y bienestar de mujeres, disidencias y cuerpos gestantes.