El cambio de nombre en la cédula se encuentra dentro del marco de la Ley de Identidad de Género y a pesar de ser un hecho reconocible e histórico a nivel mundial, no está lejos de ser una de las tantas situaciones discriminatorias.

Por Isis Fuentealba

Ingresada el 2013 como un proyecto al Senado, la conocida “Ley de Identidad de Género” tardó aproximadamente seis años en ser promulgada y posibilitar las condiciones básicas a la comunidad disidente, principalmente transgénero, del país. 

Entre debates condicionados por ideologías conservadoras y religiosas, falta de representación y educación al respecto, dentro de las palabras claves del fondo de la ley, el término “burocracia” se convirtió en una llave clave para definir todo lo que, tanto en materia legislativa como de aplicación y funcionamiento, significa la disposición. 

El preciso reconocimiento del cambio de nombre y sexo registral en los documentos oficiales de las persona, considerando que se estableció como una norma que “apela a la dignidad”, debiese ser un motivo de meras alegrías, no obstante, conforme a la extensiva tramitación es que muchas/es/os definen como un calvario cada aspecto de lo que se debe realizar para, de una vez por todas, sentirse conformes con lo que aparece en sus documentos.

En mayo de 2020, El Mostrador cubría la ineficiencia del registro civil en cuanto al trámite. Cuatro meses de espera y no había respuesta para quienes habían solicitado el cambio de información, dificultando la calidad de vida en un período en el que el número de documento y cédula como tal eran fundamentales para los permisos temporales en cuarentena. Lo anterior, es similar a lo que ocurre en las instituciones educacionales, donde, a pesar de existir supuestas unidades encargadas y especializadas para un correcto tratamiento de información donde prime el respeto, la realidad es otra. 

Se podría pensar que tener un nuevo carnet bajo la Ley de Identidad de Género aceleraría el proceso, sin embargo, burocracia vuelve como una de las palabras perfectas para describir la eterna espera llena de conversaciones innecesarias; la insistencia por eliminar el “nombre muerto” de listas, sitios webs oficiales, entre otros, es casi una cotidianeidad hasta que ocurre el cambio, si es que el proceso no queda a la mitad. 

Una espera sumamente desgastante y con tintes discriminatorios. Por más comprensión que se pida por la magnitud del asunto, debe ser prioridad el sentir de quienes solicitan tales cambios, puesto que, no es más que otra forma de seguir relegando una necesidad imperante dentro de los derechos y principalmente las vidas de parte de la comunidad disidente.