Por causa de la pandemia, los servicios de salud sexual y reproductiva en Latinoamérica y el Caribe retrocedieron unos 30 años, confirmó Harold Robinson, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Lo anterior se explica por diversos factores: dificultad para acceder a métodos de control de la natalidad, ya sea porque los países limitaron estos servicios en medio de la pandemia o porque debieron redistribuir recursos a otras áreas de la salud para hacer frente al contexto sanitario en curso.

Chile no fue la excepción. Por ejemplo, bullado fue cuando en julio de 2020, usuarias de una partida de las pastillas Anulette CD reportaron que esta se encontraba defectuosa, motivando al Instituto de Salud Pública (ISP) a retirar y destruir más de 270 mil cajas del medicamento. Como resultado, más de 200 mujeres quedaron embarazadas.

Además, Corporación Miles, junto con Health Supplies Coalition, realizaron una investigación que constató que, si el gasto promedio en anticonceptivos en enero de 2020 era de $12.322, en mayo de 2021 este se ubicó en $14.649, registrando un aumento del 18,8%.

Otro de los efectos de la pandemia, según Robinson, fue el aumento de los casos de violencia de género durante la primera ola, a consecuencia de los confinamientos forzosos o cuarentenas, lo que devino en la denominada “pandemia social de violencia doméstica”.

Sobre tal aseveración también hay contundentes pruebas. Basta considerar que, sólo en la Región del Biobío, las denuncias de violencia contra la mujer aumentaron un 46% durante 2021, mientras que a nivel nacional la cifra se elevó en un 2%, según el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD).

Sobre el clima general de protección y cumplimiento de estos derechos, Bárbara Monsalve, estudiante de obstetricia, opina que “con el hecho de no permitir la educación sexual en los colegios ya estás transgrediendo el derecho, porque la gente no puede aplicar algo que no sabe. El clima de protección está estancado debido, precisamente, a esta carencia”.

Perspectiva legal: legislación al debe

Natalia Delgado Luna, abogada, máster en derechos de la mujer y género, y directora legal de la Fundación Antonia Barros, informa que la Constitución vigente no contiene una norma expresa que consagre los derechos sexuales y reproductivos, ni los derechos de mujeres o minorías. “Esa es una falencia muy grande, porque al no tener un reconocimiento expreso queda al arbitrio y la interpretación de los órganos -legislativos o judiciales- su aplicación y entendimiento”, agrega.

Sin embargo, hay una salva: junto con lo anterior, asevera que la única manera por la cual se entendería que, pese a que no existe una norma, de todas formas su cumplimiento constituye un mandato constitucional es por lo que recoge el artículo 5, que hace aplicable a la legislación todos los tratados internacionales vigentes suscritos por Chile.
En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha efectuado distintas recomendaciones u observaciones que manifiestan que, al derivar los derechos sexuales y reproductivos de la naturaleza y esencia misma del ser humano, constituyen Derechos Humanos. “Por lo tanto, cada uno de los países deben darle pleno reconocimiento, ahí es donde nuestro país está al debe”, puntualiza.

Con respecto al borrador de la nueva Constitución, observa que en este hay ciertos artículos que son claves: “tenemos el artículo 14 y 16 del Sistema de Justicia. El 16 viene a reconocer expresamente que todas las personas tienen derechos sexuales y reproductivos y señala cuáles son, mientras que el 14 consagra la perspectiva de género en el sistema de justicia”.

Sobre los próximos desafíos al respecto, comunica que el haber planteado en el texto en redacción la existencia de derechos de esta clase constituye un paso a la vez relevante y complejo, porque “en el actual sistema de justicia como se encuentra establecido no cuenta con los organismos suficientemente especializados para llevar a cabo el art. 14, es decir, que ese artículo tal y como está hoy no es posible aplicarlo. Es necesario que se lleve a cabo un proceso de reestructuración completo para que se pueda alcanzar en los hechos lo que pretende la norma”, cierra.

Avances locales

Concepción inauguró el primer dispensador de condones vaginales hace aproximadamente una semana. La iniciativa, posibilitada gracias a un convenio entre la municipalidad, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) y el Ministerio de Salud, tiene por objeto generar instancias de participación de las mujeres y propiciar su autonomía, señala Bárbara Rojas, coordinadora del Programa Mujer, Maternidad y Sexualidad, a cargo de su funcionamiento.

La acogida no podría haber sido más favorable. “Las usuarias han venido a consultar por la oferta programática que tiene la municipalidad por el programa, que son orientaciones en temáticas sobre sexualidad. Ha sido muy buena la recepción, incluso han venido hombres a buscarlos para incentivar a sus amigas y parejas a usarlo”, añade, además de señalar que se están entregando insumos que garanticen el acceso a la información, protección y prevención, lo que definió como “la representación de un Derecho Humano”.

Sin embargo, el Programa ofrece mucho más que eso. Desde hace dos años vienen entregando kits de salud sexual, los que incluyen preservativos de pene, vagina y lubricantes. Además, realizan distintos tipos de consejerías, derivaciones a servicios de salud públicos, talleres y capacitaciones a población mayor de 14 años a nivel educacional, de organizaciones de mujeres y adultos mayores, u otras entidades que así lo requieran.

El desafío es entonces, en su opinión, “derribar ciertos mitos y tabúes que existen en la población, que muchas veces está sesgada en temas de sexualidad, entonces el desafío es abrir esta mentalidad y generar espacios de reflexión y conversación, naturalizar la sexualidad y los métodos de prevención y entregar toda la información correspondiente”.