Parece ser que la educación, la privación de la libertad y el repudio social no son suficientes para acabar con estos terribles hechos.

A propósito de los últimos casos de violencia de género y sexual en el mundo, es que la justicia siempre queda siendo parte de la opinión pública. Sin embargo, en Perú, tras la violación a una niña de tres años, el gobierno impulsó un nuevo proyecto de ley de castración química obligatoria para los violadores.

La castración química es un tratamiento con medicamentos inyectables que disminuyen radicalmente la testosterona, por lo que la libido y conducta sexual se reduciría y evitaría agresiones sexuales a terceras personas. En Chile, este proyecto de ley se impulsó en 2014 y, a diferencia de la del país vecino, incluía un tratamiento psicológico voluntario para el violador. Sin embargo, hay investigaciones cuyos resultados ponen en cuestión la ética y moral que se aplica, y la dignidad y derechos humanos para los condenados por delitos sexuales.

Algunas investigaciones señalan, en el caso de la pedofilia, que ésta no es una elección, sino un trastorno mental debido a un “cruce” de conexiones nerviosas del cerebro que generan estos comportamientos. La diferencia es que las personas que son pedófilas pueden sentir atracción hacia niños y no ejercer violencia sobre ellos, mientras que, por otro lado, están quienes sí realizan actos de abuso y violación sexual. En ambos casos es posible detectar un trastorno mental que se puede tratar con psicoterapia y medicamentos para controlar los impulsos, pero jamás dejarán de ser pedófilos. Así como también existen abusadores que no son pedófilos. En este sentido, ¿es posible tratar a todos quienes cometen delitos sexuales de la misma forma, con una castración química?

Aquí es donde entran a la discusión la ética y derechos humanos a aplicar, ya que se puede considerar como una tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Ahora, ¿no es acaso la violación también una tortura y un acto cruel e inhumano? Pensar que todas las personas que violan merecen castigo es lo socialmente aprobado y lo “políticamente correcto”. Sin embargo, luego entra la ley y en algunos casos cambia toda la situación con un certificado médico que, bien sabemos, es fácil falsificar o conseguir a cambio de dinero.

Así, quedan libres muchos violadores y abusadores sexuales, cuyas víctimas quedan desamparadas. ¿Qué hace falta, entonces, para levantar un proyecto de ley que termine con los delitos sexuales, pensando en quienes tienen trastornos y en quienes no? ¿Es suficiente aplicar una castración química? No es tan sencillo como parece.