Se vive hoy en el país, como hecho público y notorio, una sensación de profunda y continua inseguridad. El Gobierno del nuevo presidente Gabriel Boric en numerosas ocasiones ha demostrado preocupación por los llamados delitos violentos y el aumento en el constante temor de la población. Actualmente, se evidencia en las noticias hechos delictuales como portonazos, encerronas, robos, ataques armados, secuestros, estafas y asaltos.

A raíz de este escenario de recurrente incertidumbre surge el cuestionamiento de ¿por qué es inseguro vivir en Chile? Definitivamente,  éste es un problema que responde a múltiples causas. En primer lugar, hay consenso por mencionar a la falta de severidad en las penas asignadas por la normativa. Urge modificar el código penal y ciertas leyes especiales de carácter criminal para aumentar las sanciones de los delitos graves.

En segundo lugar, también existe acuerdo en mencionar el papel de nuestros tribunales de justicia. Sabido es que uno de los principios que informa la reforma procesal penal es la necesaria cautela que favorece a los inculpados, a quienes, nuestra legislación reconoce diversos derechos. Sin embargo, la sensación de la ciudadanía es que los juzgados han exorbitado el mandato legal, cediendo en extremo este principio en favor de tales personas. Incluso algunos compatriotas han señalado en conversaciones privadas que hoy en día los criminales gozan de mayores inmunidades que sus víctimas.  

Otro punto a destacar, como tercer aspecto, es la ineficiencia operativa de Carabineros de Chile. Las fuerzas de orden público no se pueden disolver, porque es imposible un Estado moderno sin estos servicios, pero tras los acontecimientos de violación de los DDHH, existen los argumentos suficientes para evidenciar que hay uniformados corruptos. 

En cuarto lugar, se han normalizado conductas que por lo menos lindan en atentados a los preceptos legales y reglamentarios. Es tal la falta de cumplimiento de las normas que se ha naturalizado como actitud correcta aquellas situaciones que por siempre se entendieron alejadas de la normativa penal. Por esto, ya no es extraño ver infracciones comunes como las faltas de tránsito ni delitos que lesionan bienes jurídicos como el daño a las personas o a la propiedad.

Finalmente, especial mención merece el ejercicio abusivo del derecho de manifestación y de reunión. En efecto, desbordando la reglamentación actual, grupos radicales a diario irrumpen en espacios públicos provocando desórdenes amparados en el supuesto uso de tales garantías fundamentales, aún cuando el motivo de las protestas sea justificado.