Tras 13 meses de un proceso tumultuoso, lleno de polémicas evitables e intervenciones ridículas, el borrador de la nueva Constitución se encuentra listo.

Un proceso histórico en donde un contundente 78 % de los ciudadanos decidió reemplazar la actual Constitución, un hito celebrado y laureado a lo largo del país y el mundo. Con el pasar del tiempo, este entusiasmo inicial fue menguando considerablemente. Si bien las campañas del terror por parte de diferentes actores políticos eran de esperarse, lo cierto es que los propios constituyentes -tras un sinfín de payasadas y demostraciones de poca seriedad- no han sido dignos de la confianza depositada en ellos por parte de la población.

Decir que Chile se encuentra en crisis no debería causar sorpresa a nadie. El país ha sido testigo del aumento de la violencia en establecimientos escolares, el déficit de personal en el sistema de salud público, los estragos en la salud mental por los tiempos actuales; así como otras problemáticas de índole social. Ya con el proceso terminado y con las campañas propagandísticas a punto de comenzar, resulta pertinente comprobar si es que la nueva carta magna se encuentra a la altura de las problemáticas exhibidas por Entrelíneas.

En el ámbito de la salud mental, el borrador de la ley fundamental estipula una serie de medidas que aseguran la creación de instrumentos comunitarios destinados a la atención y prevención de enfermedades de esta índole, además del derecho a la protección contra la discriminación a aquellos que sufran de estas condiciones. En cuanto a la dimensión física, el Estado aseguraría un sistema de salud universal, enfocándose en el fortalecimiento y el desarrollo de las instituciones públicas.

De la misma forma, el código fundamental presenta alrededor de 13 artículos en donde se detalla la prevención y el combate a la violencia, orientados a la prevención del delito, la protección en la niñez y la acción contra la violencia de género. Además de asegurar una serie de derechos reproductivos, apartados antidiscriminación y artículos que tratan a la vivienda como materia de derecho constitucional.

Es cierto que existen apartados cuestionables y puede que muchos de estos artículos progresivos no funcionen eficientemente o que en términos prácticos solamente resulten en bonitas palabras legales, pero por ahora -mientras se espera el trabajo final de las comisiones- no se puede negar que representan oportunidades para un Chile mejor.