Muchas han sido las interrogantes frente al rol que tendrá el gobierno de Gabriel Boric en el cierre del actual proceso constituyente. ¿Cuál será el margen de acción del ejecutivo frente al plebiscito de salida de la nueva Constitución? ¿Arriesgaría la legitimidad del proceso una activa participación del actual gobierno? Son algunas de las preguntas que oficialismo y oposición realizan en estas semanas. 

Nos encontramos en las últimas semanas de trabajo de la Convención Constitucional y tendremos el próximo 4 de julio el esperado texto final. A pesar del boicot de gran parte de la derecha, tanto fuera como dentro de la convención, el proceso se llevó a cabo de manera exitosa. Sin embargo, lo más importante viene ahora y esto es sin duda el plebiscito de salida. ¿Qué rol jugará el gobierno de Gabriel Boric?

Las reglas del juego

Primero que todo, hay que entender el margen de acción legal con el que cuenta la actual gobierno. Es decir, qué cosas permite (o no) la actual legislación a la administración de turno a la hora de enfrentar el plebiscito de salida. En este sentido, el dictamen de la contraloría publicado el 24 de mayo de este año es claro, las autoridades pueden hacer campaña de información sin mostrar su preferencia al apruebo o al rechazo.

Sí bien este margen de acción normativo delimita a todos los empleados públicos del país, es especialmente relevante para quiénes están hoy en el gobierno. Ya que, si bien no puede mostrar preferencia alguna a una de las opciones, el gobierno debe jugar un rol protagónico en la difusión del proceso Constituyente. Sin ir más lejos, acompañar debidamente al proceso fue una de las tareas obligadas que realizó el pasado gobierno.

La legitimidad del proceso

Más allá de los límites que puede establecer la ley, es inevitable para todos asociar al actual gobierno con el apruebo de la nueva Constitución. Más aún, cuando el actual Presidente la República fue protagonista del acuerdo del 15 de noviembre, inicio oficial del proceso Constituyente (sin olvidar el importante rol de la movilización a nivel nacional). Es por esto que sería hipócrita exigirle a la actual administración un rol ecuánime en el proceso, es evidente y lógico que defenderán la opción del apruebo. Lo interesante en este punto, por lo tanto, es analizar si ese activo rol en el proceso será positivo o no para su desarrollo.

Desde un punto de vista práctico, es fundamental un activo rol del gobierno en la difusión del plebiscito. Lo fundamental será, entonces, que sus aportes sean entendidos como un acompañamiento y no como una apropiación el proceso Constituyente. Esto último, traería consecuencias negativas para ambas partes. Por un lado, el proceso se vería manchado con los errores propios de un gobierno en ejercicio. Por otro, un activo rol del ejecutivo podría aumentar las voces qué acusan al actual proceso de ilegítimo, ya que no estaría cumpliendo los parámetros mínimos de un proceso democrático.

Mucha habilidad política y sabiduría deberá tener el actual gobierno, para ayudar al proceso constituyente sin perjudicarlo con sus propios errores.

Carlos Nova.