Un viejo debate moral ha tomado la palestra nacional, el aumento de la delincuencia ha causado que la sociedad se replantee la abolición de la sentencia de muerte. Algo que la sociedad chilena no puede permitirse en ningún caso. 

A principios de semana, el diputado Gaspar Rivas (PDG) presentó un proyecto de ley que repone la pena de muerte, a tan solo 21 años de su derogación. En la actualidad la máxima condena posible es el presidio perpetuo calificado, en el que deben pasar por lo menos 40 años para que un presidiario pueda optar a beneficios. Sin embargo, los recientes casos de asesinato y el alza de la delincuencia han reactivado el debate.

Durante junio, Entrelíneas ha cubierto una serie de casos y publicado una serie de columnas relacionadas con el aumento de la violencia en el sur del país. Ya en el ámbito nacional, y según estadísticas de Carabineros, en lo que va de 2022 han ocurrido 339 homicidios, un aumento del 48 % respecto al año anterior. Sin ir más lejos, de acuerdo con los datos de la última encuesta CEP, los asaltos y los robos son los temas que más preocupan a los chilenos.

Las propuestas populistas suelen ser las primeras en aparecer en situaciones extremas, sin embargo, estas estrategias raramente han solucionado algo. En el caso de Chile, que mantuvo la pena de muerte hasta el siglo XXI, la pena de muerte nunca causó un impacto real en la cantidad de homicidios cometidos. Según una investigación Ciper, el periodo en donde ocurrió la baja más significativa resultó ser la época de la industrialización dirigida por el estado de bienestar. Etapa caracterizada por la caída en la pobreza, la modernización estatal, el aumento del gasto social y las mejoras en salud y educación.

No existen investigaciones suficientes que demuestren que la pena capital disminuya la cantidad de homicidios, ya que no es disuasiva, puesto que la mayoría de los criminales de esta índole no piensan en las consecuencias de sus acciones al momento de realizarlas. Según investigaciones de Amnistía Internacional, la condena a muerte no reduce la criminalidad, más bien brutalizan las sociedades en donde se practica. Puesto que en el fondo lo que está ocurriendo son asesinatos sancionados por el Estado.

Al no existir argumentos racionales que no se basen en el revanchismo, se puede afirmar con seguridad que la implementación de la pena de muerte no corresponde a otra cosa que no sea una muestra adicional de crueldad. La sociedad chilena no puede permitirse sucumbir ante la delincuencia, puesto que la condena a muerte no es realmente una demostración de justicia, por el contrario, esta corresponde a una señal de desesperación. Una total y completa declaración de rendición ante la brutalidad.