En Chile hay lactantes que viven como reos o al menos lo seguirán haciendo sin la aprobación del proyecto de ley que pretende modificar el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia de las mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años. 

Para garantizar el interés superior del niño y niña, se busca que las mujeres embarazadas o con hijos e hijas hasta 3 años, no cumplan su sentencia en un centro penal, sino que accedan a la suspensión de la pena, descartándose opciones como el arresto domiciliario, la internación de los niños en residencias familiares y la continuación de las unidades materno-infantil en las cárceles.

Al respecto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos comentó a biobiochile.cl la importancia de priorizar este proyecto anunciado por el presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública. “El estar privados de libertad junto a las madres o el que se separe a los niños y niñas de las madres, tiene un impacto muy importante en una reproducción intergeneracional delictual, de la contaminación criminológica y del involucramiento de los jóvenes después en delito”, puntualizó Ríos.

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile en conversación con Cambio21, comentó: “Nosotros como Colegio pensamos que la maternidad se tiene que respetar en todos los espacios. Así como la lactancia y la infancia, esto tiene que ser respetado. Hoy Chile se encuentra muy lejos de dar un trato respetuoso a las madres privadas de libertad”, expuso Román. 

En este sentido, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez comentó: “Los efectos que el encarcelamiento parental tiene sobre los niños y niñas son muchos y muy variados. Pueden incluir cambios emocionales y de conducta, impactos sobre la salud mental y física, y riesgo de tener resultados de vida más pobres”, explicaron.

Según Satefhanía Walser, presidenta de la ONG Leasur comentó a senado.cl que la presencia y necesidades de los niños en las cárceles es un problema que no se ha tratado hace años, asegurando que la suspensión de la pena es la mejor solución. “Estamos hablando de malas condiciones para llevar a término un embarazo. No se cuenta con la suficiente tranquilidad ni menos con elementos más básicos como son la alimentación y abrigo. Se pasa frío y hambre, lo que también termina por enfermar a los menores que viven hacinados igual que sus progenitoras”, relató Walser. 

Priorizar el proyecto de ley:

Los casos son graves, tanto que según los estudios realizados por ONG Leasur, las mujeres denuncian malas o nulas prestaciones en salud que ha llevado a la muerte de bebés en gestación y realización de prácticas ilegales como el ligamiento de trompas sin su conocimiento. 

 Es necesario subrayar que este proyecto de ley nace tras conocerse el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en el 2015 fue detenida por robo y condenada a 5 años y 61 días, cuando tenía ya 4 meses de embarazo.

Sin embargo, durante octubre del 2016, mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo, por lo que tras numerosos reclamos, fue derivada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, allí se le practicó una cesárea engrillada y en presencia de un gendarme; la menor fue llamada Sayén.

Casos como estos sigue y seguirán pasando mientras el proyecto siga siendo postergado, para muchos la cárcel es un tema impopular y el beneficio de mejorar esta política pública es para un número pequeño de personas; sin embargo, se están incumpliendo los derechos y necesidades de algunos niños y niñas por lo que los organismos internacionales llaman a agilizar este proyecto.