¿Qué es lo que asegura la pluralidad informativa o la proliferación de desinformación en un país? Actualmente, hay pocas leyes que regulen esta dimensión. Es en este sentido, y tras el reciente proceso político que atravesó el país, que la posibilidad de implementar una Ley de Medios ha tomado fuerza en la discusión pública.

“Generalmente ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra”, dice el filósofo e historiador romano Tito Livio. En aquel entonces, la idea de República se empezaba a gestar basada en la relación que tenía la ciudadanía con quienes estaban en el poder. 

En el mundo la prensa es considerada por algunos académicos como el cuarto poder. Lo anterior, dado que su importancia radica en cómo sitúa al mundo hacia otros, y para que esto suceda de una manera certera, la confianza es un elemento vital.

En Chile, según una investigación de Reuters Institute junto a la Universidad de Oxford (2020),  un 70% de los chilenos y chilenas no cree en lo que ve o escucha en los medios de comunicación. 

Esta realidad ha desembocado en una crisis sobre la prensa, justificada en que gran parte de la población vincula a las noticias con la elite, e incluso la difusión de noticias falsas. Según el mismo estudio, desde el 2018 hasta la fecha la desconfianza sólo se ha incrementado.

Entre las razones se encuentra la creencia de que la agenda de noticias que lidera responde a necesidades e intereses de quienes están a cargo. Así lo dicen las cifras.

En medio de estos años, las manifestaciones sociales dejaron ver la cobertura tendenciosa que predominaba en los medios tradicionales. Desde el estudio indican aquello como una gran influencia sobre la baja del indicador.

“En democracias saludables, los medios de comunicación también lo son”, dice la primera línea del prólogo del libro “Intermedios: Medios y Democracia en Chile”, escrito por el periodista Alvaro Arriagada.

El texto, de por sí, es una crítica a la estrecha relación que tiene el poder económico, político y social, con los medios de comunicación en Chile. Una discusión que desde la postdictadura ha generado roces entre las audiencias y el poder asimétrico que tienen los medios.

Recientemente, ciertos sectores de la sociedad han demandado la necesidad de un ente regulador de la información y de quienes trabajan esta.

La Ley de Medios es una norma enfocada, principalmente, en la regularización del Estado a los medios de comunicación de un país determinado. Dicha normativa busca abordar y legislar diversas aristas que tienen los medios, tales como su contenido o sus propietarios.

Actualmente en Chile no existe una ley que modere la actividad de los servicios comunicacionales. Diversas han sido las propuestas para incluir un precepto de este tipo o similar. Quizá el caso más bullado fue cuando el ex candidato presidencial, Daniel Jadue, lo incluyó en su programa de gobierno, provocando una tormenta de reacciones en el universo electoral.

Una realidad que puede ser tangible

Según un informe realizado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en Chile existen dos grandes operadores que concentran cerca del 90% de medios en el mercado: Mercurio y Copesa.

Durante la última semana, el concepto de la información y su calidad ha cobrado un alcance mayor. Lo anterior, debido al reciente proceso político que atravesó el país en el plebiscito de salida, ya que, los días previos de campaña, el flujo informativo de las noticias fue mayor. Dada la importancia de este momento histórico, el cómo se informó la ciudadanía fue crucial para el desenlace.

Tras evidenciarse que existieron campañas de desinformación encausadas a tergiversar la realidad, la posibilidad de regular la propiedad de los medios y también su contenido, volvió al debate público. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es una disyuntiva que se encuentra en una fase de ideas, pero no de implementación. Lo más cercano, según comenta el abogado Victor Adams, son normas dispersas y no tan específicas: “En Chile no tenemos una Ley de Medios como tal(…). Eso nos deriva al primer gran escollo que dificulta la realización de una norma única que regule de manera general a los medios”, comenta.

No obstante, hoy en día existen diversas condiciones que nublan la posibilidad de implementar una normativa de este tipo en el país. Una de ellas, es que la posibilidad de la existencia de una Ley de Medios que regule el contenido emitido, podría generar una especie de veto en la información. 

El abogado Diego Ferrada comenta: “Un riesgo de una posible Ley de Medios es la censura, desde mi perspectiva, esta nunca debe existir previamente”.

A pesar de lo anterior, para el profesional se hace necesaria una normativa para que, en sus palabras, mentir, deshonrar o tergiversar información no sea rentable como estrategia comunicativa. 

Sin embargo, existen ciertas limitaciones en torno a la agenda. Por un lado, está la necesidad de regular, pero por otro, esta regulación puede dar pie a escenarios radicales o absolutos sobre la información que llega a las audiencias.

“La censura previa es peligrosa ya que le da herramientas al gobierno de turno para promover su agenda sin ningún tipo de oposición”, establece Ferrada.

Asimismo, desde la perspectiva del abogado Víctor Adams, uno de los principales factores por los cuales no se ha creado una norma que destrabe esta problemática es la incidencia política en esta industria.

“Lo que más ha afectado en la carencia de una Ley de Medios es por el fuerte lobby que ejercen estos (en referencia a los medios) en los actores políticos para que esto no cambie, a ellos les conviene que el escenario se mantenga así y es la mejor forma que han tenido para defender sus intereses”, sostiene Adams.

Las voces de quienes están dentro

Entonces, ¿cuáles serían los alcances posibles, en caso de implementarse una ley en Chile?

Para el editor del periodico local Resumen, Alejandro Baeza, aquello abriría paso a un financiamiento estatal hacia medios que, hasta ahora, se consideran independientes. 

La principal característica de estos es que trabajan desde la autogestión en un plano digital, teniendo una brecha de accesibilidad a la población que consume directamente desde canales tradicionales.

“Sin todas las visiones del país representadas en los medios no puede haber democracia posible, porque se excluye del debate a grupos importantes. El Estado incluso sostiene medios privados de prensa escrita de un solo sector político”.

Es decir, en palabras de Baeza, la posible implementación de una Ley de Medios fortalecería la democracia. Es en este punto que la periodista, Sofia Cifuentes, también está de acuerdo.

“Desde el periodismo se nos enseña que la libertad de expresión es vital, ahí entra la posibilidad de varios puntos de vista. Debemos tener todas las voces posibles”, comenta la profesional.

En ese sentido, la Ley de Medios viene a entablar la necesidad de una transparencia sobre a qué sector representa cada organización comunicacional. Diego ferrada comenta que aquello ya ha sido implementado en otros lugares como Estados Unidos.

“En Chile los medios grandes, y a pesar de pertenecer a grupos económicos, se venden como objetivos y sin una tendencia o ideología clara, cuando es evidente que no es así. Quizás una solución a esto pueda ser que sea como en Estados Unidos, que todos saben la visión política de los medios como Fox News o CNN”, enfatiza.

Es decir, una posible implementación, por un lado aseguraría la pluralidad informativa, y por otro, establecería dictámenes básicos para evitar la desinformación y las llamadas fake news.

Para la publicista, magíster en Comunicación Estratégica y académica de la Universidad de Concepción, Myriam Cáceres Canessa, hay que establecer ciertos lineamientos bases: “Hay dos palabras claves que hay que considerar para los actuales y futuros medios de comunicación. Por un lado, que el medio  transmita, tanto en lo digital como en lo físico, dos valores necesarios: la confianza y la credibilidad”.

Además de lo anterior, el proyecto busca sancionar la proliferación de la desinformación. Una realidad que, según un reciente estudio de BBC News, se implementó con fuerza durante el reciente plebiscito constitucional.