(Des)financiar nuestros derechos humanos

A casi 50 años del golpe militar resulta desconcertante que los parlamentarios sigan prefiriendo su ideología política sobre el amparo de los ciudadanos.

Más allá del engorroso camino que ha tenido la discusión del primer presupuesto del Gobierno de Gabriel Boric en el Congreso Nacional, durante la semana pasada la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados nos dejó un importante mensaje: incluso después de toda la historia que tiene Chile con los derechos humanos, las ideas políticas se siguen anteponiendo sobre la protección de estos.

Tras una sesión de discusión de casi 22 horas, los diputados y las diputadas decidieron rechazar el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto, dejando también sin fondos al Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura. Asimismo, se negó el financiamiento para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, el que involucraba 90 mil millones de pesos destinados a establecimientos colaboradores, tales como Villa Grimaldi, Fundación Eduardo Frei Montalva, Londres 38 y la Casa de la Memoria, entre otros.

En estas páginas se ha establecido lo indispensable que es para la democracia el resguardo de los derechos humanos, por lo mismo, la decisión nos deja en un escenario intranquilo. Por un lado, se devela la facilidad con la que algunos parlamentarios negocian nuestra protección e ignoran una de las principales obligaciones del Estado. En este punto, es cuestionable la comprensión que tienen de sus cargos, ya que la “celebración” de ciertos diputados a través de redes sociales implicó no solo desvalorizar el aporte de las instituciones que colaborar con la promoción y defensa del bienestar de las personas, sino también negar la existencia de los crímenes de lesa humanidad en el país.

Por otro lado, resulta desconcertante la manera en que resguardamos la memoria, sobre todo, considerando que en 2023 se cumplen 50 años del golpe militar. Lo acontecido en la Cámara de Diputados da a entender que recordar lo sucedido en 1974 es más un beneficio para un sector político que una garantía constante de que los derechos humanos no son una materia negociable.

Pese a que aún queda esperar la decisión del Senado y los demás puntos de tramitación, es alarmante que en Chile se siga cuestionando lo factible que es invertir en el resguardo de las personas y el conocimiento.

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