El sistema de salud en Chile, como en el mundo, hace distinción de sus usuarios en función del tipo de servicio que es ofrecido: la atención pública y la particular. Aquel ofrecido por el Estado se considera un derecho para aquellos que tributan en territorio nacional, mientras que el privado está reservado como un bien de consumo y administrado por médicos cuyo objetivo es generar ingresos mediante la atención a sus pacientes. ¿Existe una diferencia en la calidad del servicio ofrecido?

El trato para la salud de los chilenos está definida principalmente en dos categorías, una de ellas corresponde al sistema público que opera mediante un seguro social administrado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) con base en un sistema de reparto que se financia con recursos del Estado entrantes a través de los impuestos generales. Por otro lado, se encuentra lo privado, cuya responsable es la Institución de Salud Previsional (ISAPRE) que por medio de proveedores particulares ofrecen contratos individuales que se diferencian según su precio y cobertura.

Ante esta distinción resulta menester analizar las problemáticas administrativas que resultan en situaciones tangibles para el usuario. María Navarro, administrativa del Servicio de Orientación Médico Estadístico del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de La Florida en Talca, asegura que las diferencias en la atención de la salud en Chile se enfocan principalmente en el volumen de pacientes que atiende cada uno. Navarro explica que en el caso de FONASA, si un usuario requiere de derivación a un profesional especialista de algún área, es complejo (casi imposible) encontrar horas disponibles en un periodo corto de tiempo, ya que se encuentran ocupadas. Además, al momento de la toma de exámenes no se cuenta con equipos de alta tecnología, resultando un proceso mucho más lento que trae consigo el deterioro del paciente al no tener una atención oportuna. “En el servicio privado, existen médicos especialistas y tecnología de calidad. Los pacientes no son derivados a otro establecimiento y la atención suele ser buena. Sin embargo, esto tiene que ver con el poder adquisitivo del paciente”, señaló la funcionaria.

Atención deficiente para los usuarios

En el mismo sentido, María asegura que existen casos en los que la atención pública cumple, pero no es pertinente para el padecimiento del usuario. Para ella, esto queda más que evidenciado en el área de salud mental. “En el caso de pacientes que tengan problemas graves en lo emocional, como intento de suicidio, drogadicción o esquizofrenia, pueden acudir a la atención primaria, pero casi siempre se les deriva a urgencia hospitalaria para que puedan quedar en observaciones de profesionales o del servicio de psiquiatría. Sin embargo, al cabo de dos o tres días son enviados a sus hogares con medicación, sin tener un mayor estudio o contención profesional adecuada que vele por la salud integral del paciente”, comenta con aflicción. Con esto se demuestra un trato sistematizado donde no se garantiza el bienestar prolongado de los usuarios. 

Jessica Rivas, administrativa de la Seremi de Salud del Maule, también advierte de las problemáticas existentes en el sistema público. “Los servicios públicos son financiados por fondos estatales, por ende, no se puede rechazar una atención al usuario. Esto hace que exista un colapso por el número de consultas. Distinto es en el sector privado, ahí podrían denegar el tratamiento del paciente, aunque por ley tienen el deber de estabilizar una situación de emergencias, pero pueden derivar al usuario al servicio público”, sentenció. 

El caso de Javiera Ruíz, paciente tratada por FONASA es esclarecedor en cuanto a cómo opera en la actualidad el servicio público. Javiera declara haber sido atendida por distintas patologías en el hospital de Talca, recibiendo un trato tan diverso como sus enfermedades. La usuaria afirma que existe una muy notoria diferencia en el trato de las enfermedades “catastróficas” y las que no se encuentran bajo esa categoría. “Cuando fui a que me atendieran por un dolor en el pecho, me trataron super mal, me dieron relajantes musculares y para la casa. Frustrada por el diagnóstico, volví a asistir al invierno siguiente, convencida de que padecía asma. La hora me la dieron para 11 meses después y recién ahí me diagnosticaron lo que yo sabía que tenía”. 

Para su pesar no sería la última vez que debería hacer uso del sistema público de salud, pues hace un par de meses acudió para tratar su cáncer de útero. En esta segunda instancia su experiencia fue totalmente distinta. “Al tratarse de una enfermedad catastrófica me atendieron rápido y de manera muy profesional. Pedí la hora un viernes y para el siguiente lunes me llamaron para hacerme exámenes. El día jueves de esa semana ya estaba agendada mi operación”. Si bien el caso es propio del testimonio de Javiera, asevera que el trato de casos graves es altamente ágil. Ahora debe acudir cada seis meses a controles posteriores y prevenir la reaparición de la enfermedad.

Usuarios colapsados con el sistema

Lamentablemente, el caso Javiera pareciera ser una excepción a la regla. Evelyn Moreno es administrativa del CESFAM La Floresta en Hualpén. Día a día ella es testigo, y víctima a la vez, de las deficiencias del sistema público de salud. “Atiendo distintas especialidades, siendo lo primordial, para mí por lo menos, salud mental. Hay veces que debemos contener a los pacientes que vienen con crisis de diversas patologías, y 15 o 20 minutos de atención, evidentemente, no es suficiente», declara la funcionaria.

Moreno agrega también que, en su calidad de ser la cara visible, la primera persona con la que conversa y se descarga el usuario, en más de una oportunidad ha sido víctima de violencia verbal y física por parte de ellos. “Muchas veces el sistema no da abasto. A veces vemos que el paciente es crítico y todo el equipo debe hacer volteretas para hacer un sobrecupo de la especialidad requerida. En otras ocasiones los pacientes colapsan y arremeten contra nosotros, agrediéndonos. Esta es una deficiencia del sistema público de salud de la que no todos hablan”, declara.

Déficit de especialistas

La deficiente variedad de especialistas para que los usuarios tengan una atención integral también es un problema que afecta a gran parte de la población. Hace algunos años la situación era más precaria y las políticas públicas en salud que han aplicado los distintos gobiernos han hecho que esta área mejore. Sin embargo, esto continúa siendo deficiente. Gianette Hermosilla, fonoaudióloga por la Universidad de Concepción y académica de la Universidad Santo Tomás, reconoce que, desde su área, existe aún mucho por avanzar en cuanto a la atención primaria de salud. Para ella, inserción de fonoaudiólogos ha sido un proceso lento y que costó mucho en el reconocimiento del rol que cumplen estos profesionales en el sector público.

Del mismo modo, la fonoaudióloga reconoce que es muy complejo entrar al sistema público de salud. “Existen muy pocos cupos para fonoaudiólogos. En la mayoría de los centros de atención primaria hay un profesional del área para atender a todo un sector. Esto es totalmente insuficiente porque ese profesional no alcanza a ver a un paciente por lo menos una vez a la semana. Peor aún, conozco casos de pacientes que se atienden mensualmente, así es difícil lograr una recuperación oportuna”, manifiesta Hermosilla con descontento.

La deficiencia de fonoaudiólogos en la salud es preocupante, ya que los servicios prestados por estos profesionales son importantes en distintos rangos etarios. “Con el programa Chile Crece Contigo, impulsado por el Gobierno, damos una cobertura solamente a una pequeña población de infantes. Esto no es favorable porque como fonoaudiólogos somos indispensables a lo largo del ciclo vital. Por suerte, hoy en día se está abriendo campo en unidades de geriatría y personas con secuelas por distintas enfermedades”, reconoce. Sin embargo, advierte que esto abre paso a la rehabilitación, denominada atención terciaria, la que se da en hospitales. Aquí es donde las interconsultas y derivaciones pueden tardar meses, perdiendo tiempo valioso en la salud de los pacientes.

El escenario para quienes no tienen recursos económicos es fatal, y la preocupación del Estado en materia de salud pública debería ser tratada con la mayor de las urgencias. Hace muy pocos días fue noticia la muerte de un joven tras 12 horas de espera por atención médica en urgencias en Puerto Montt. Los profesionales del hospital indicaron que no había un box disponible para el paciente que, entre muchas otras patologías, padecía leucemia no diagnosticada, y al no ser oportunamente atendido sufrió un derrame cerebral.

El déficit en equipamiento de infraestructura hospitalaria, ambulancias, tecnología y el propio acceso a la atención médica son materias en las que la salud pública chilena está al debe con sus usuarios. Mientras predomine la discriminación económica por parte del sistema de salud privado y las autoridades competentes no tomen cartas en el asunto, los únicos perjudicados será aquella gran parte de la población que no cuenta con los recursos suficientes para pagar por una atención oportuna en salud. Desgraciadamente, este costo va más allá de lo monetario. La problemática en el sistema de salud público atenta contra la vida de los ciudadanos.

Por Leonardo Paredes y Sergio Hinojosa.