El miércoles 28 de septiembre, los trabajadores del sector público comenzaron a movilizarse a nivel nacional, con la consigna de exigir un reajuste salarial de 7,5%. Lo que les ofrecía el Gobierno hasta entonces, no era más que un 2.9%. Ese día hubo un llamado a paro por 24 horas dirigido a todo Chile, mientras que en las principales comunas del país, salieron a marchar.

Tras varias mesas de diálogo, se consensuó exigir un alza del 7,2%, a lo que que el Ministro de Haciendo accedió a subir su oferta sólo a un 3.2%. Indignados con la respuesta del Gobierno, decidieron convocar a una nueva marcha por un mayor reajuste. Esta vez, las marchas irían en el contexto de un paro de 48 horas, jornada que se dio entre el jueves 20 de octubre y el viernes 21.

Al 28 de octubre, la oferta del Gobierno se mantenía en pie, por lo que en Concepción, se registraron cerca de 5.000 personas que participaron de una nueva jornada de movilización, que reunió a trabajadores de todas las áreas del sector público como la salud, educación, funcionarios municipales, y de distintos servicios, a protestar con ganas por una misma causa, esperando así ser escuchados por las autoridades.

La situación en la capital penquista, se vivió de manera tan tensa como en otras ciudades de Chile. Muchos de los funcionarios, dirigentes y parte de los gremios de las principales instituciones y servicios públicos de la Región del Biobío, mantuvieron sus oficinas empapeladas de carteles donde manifestaban sus demandas y declaraban estar en paro nacional. Fue el caso de Ronny Correa, presidente provincial de la Asociación de Funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS), quien fue claro en manifestar su descontento con la postura del Gobierno frente al conflicto.

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Tras una nueva reunión entre los dirigentes de la Mesa del Sector Público con el Ejecutivo y autoridades del Gobierno, el 3 de noviembre decretaron que el paro iba a continuar hasta que lograran llevar a cabo una negociación donde se escuche a los funcionarios y se les otorgue un reajuste digno. Dos días después, se les anunciaba a los trabajadores que se les descontaría sueldo por periodos no trabajador, por lo que el movimiento tomó más fuerza aún.

En una instancia que, se suponía, iba a ser probable llegar a un acuerdo, ya que el sector público había bajado su propuesta de reajuste salarial a un 4%, los empleados fiscales se llevaron el disgusto de que el Gobierno no quisiera flexibilizar en el 3.2% que les llevaba ofreciendo desde hace días. Ante una nueva fallida negociación, los trabajadores volvieron a alzar la voz y no quisieron deponer el paro. Roberto Rojas, abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII) y secretario de la Direcctiva Regional de la ANEIICH, que es la asociación de funcionarios que reune a la mayor parte de los trabajadores del SII, explica con claridad la principal exigencia del sector público.

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Finalmente, tras varias semanas de movilización colectiva, decidieron aceptar la insistente e inamovible oferta del Gobierno de 3.2% de reajuste salarial para el periodo diciembre 2016 – noviembre 2017. El fin al conflicto supuso que los trabajadores depongan el paro y reinicien sus actividades habituales. Sin embargo, no aceptaron que se les descuente por horas no trabajadas. A pesar de esto, harán turnos extra para recuperar el trabajo perdido. Además, varios dirigentes fueron enfáticos en señalar que le cobrarán la deuda al Gobierno en las próximas elecciones presidenciales.

A parte del reajuste salarial, existen otras demandas por la que el sector público se movilizó y se seguirá movilizando si es que el Gobierno las sigue ignorando o rechazando.