El año pasado se generó un debate en la agenda política, sobre beneficiar a ex militares procesados por delitos de lesa humanidad, es decir, actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Actualmente cumplen condena en el recinto penitenciario Punta Peuco. Opiniones en contra se han generado frente a esta situación, ya que hasta el día de hoy las torturas y asesinatos cometidos en la dictadura militar de Augusto Pinochet son un tema sensible en la sociedad chilena.

En diciembre de 2016 el ministro de justicia, Jaime Campos, expresó en una entrevista con El Mercurio que  los beneficios carcelarios para condenados por delitos de lesa humanidad en el recinto penal Punta Peuco, es un tema de máxima importancia para Chile y que no se ha tenido el coraje de abordar. Esto tenía que ver con la petición de algunos parlamentarios de proponer un proyecto de ley en pos de los condenados.

Carolina Chang, jefa de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región del Biobío, indicó que existen beneficios para las personas privadas de libertad, pero que Chile como un Estado de derecho debe velar por el cumplimiento de las condenas, sobre todo cuando se transgredieron Derechos Humanos en la dictadura: «Las personas que violaron los Derechos Humanos pueden acceder hoy día a beneficios penitenciarios. Ahora, siempre estos beneficios deben ir de la mano de evitar la impunidad. No puede ser que las personas que cometieron esos crímenes no cumplan su condena, o buena parte de ellas sin condiciones mínimas como el arrepentimiento o la colaboración con los casos. Estas personas vivieron muchos años en la impunidad».

La visión de un torturado y exonerado político

En el último informe de la Comisión Valech, que se encarga de la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados entre 1973 a 1989, se informó que la cifra asciende, al menos, a 40 mil personas. Aladino Opazo Salazar de 88 años,  torturado y exonerado político, es parte de este informe. Al respecto expresó que es una injusticia que se intente dejar impune a personas que tanto tiempo costó condenar: «Para mí es una injusticia tremenda, porque yo soy víctima de esta gente descriteriada. Cuando ellos torturaban no se acordaban de los Derechos Humanos, ellos no sabían si nosotros éramos delincuentes o no para tratarnos así».

Aladino Opazo, que en 1973 era Supervisor Mayor en la industria Celulosa Arauco, aún recuerda las torturas que tuvo que sufrir, y le causa indignación que parlamentarios intenten ayudar a personas que en la dictadura no tuvieron compasión: «Estos tipos pueden estar de acuerdo en que estos caballeros se vayan para sus casas y que terminen sus años de vida allá sentados  mirando tele, en compañía de sus familiares, bueno y cuando a nosotros nos torturaban, ¿los parlamentarios se acordaron de eso?«.

Cabe destacar que en el recinto penitenciario de Punta Peuco, hasta ahora se calcula que 13 militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad, podrían recibir el beneficio de terminar su condena en libertad vigilada según datos del Instituto de Derechos Humanos. Esos condenados tienen entre 66 y 90 años y sus penas van desde 5 años y un día hasta 15 años de cárcel. Vale recordar que uno de los presos más emblemáticos es Álvaro Corbalán, quien cumple presidio perpetuo.

¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?