Dolor, tristeza y sufrimiento son parte de los alcances que día a día arrastran las personas víctimas de abusos sexuales en todo el mundo, debiendo lidiar no tan sólo con la reparación humana posterior a los focos de violencia, sino que también con la idea de poder reintegrarse a la sociedad de una manera más integral y complementaria para superar los traumantes episodios vividos.

Ante esto, el proceso de acompañamiento a las víctimas se torna vital para sobrellevar el gran peso de estos procesos a nivel mental y físico, por lo que la ayuda profesional está en constante búsqueda de herramientas para menguar el largo camino a la estabilización emocional de las  víctimas, más aún cuando se trata de niños, donde el proceso se torna más complejo por la maduración psicológica de las víctimas y por la incapacidad de entender las conductas humanas a tan corta edad.

Frente aquel escenario, los procesos judiciales han mantenido históricamente un protocolo para el manejo de estas complejas situaciones, donde la toma de declaraciones o la reconstrucción de escena se torna tan violento como las vivencias traumáticas. En ese sentido, los organismos competentes no han reparado en gran medida en el impacto que generan a nivel emocional y mental de las víctimas el dolor de dar vida al relato de abusos reiteradamente, y en el que audiencia tras audiencia se intentan articular los escabrosos detalles de este traumático episodio.

Para hacer frente a esa realidad, es que se ha levantado una campaña en torno a la disminución de la victimización de los niños y adolescentes bajo el nombre de “No me pregunten más” que busca aprovechar la ley de entrevistas videograbadas a las víctimas de abusos sexuales, para evitar la constante vulneración que implica asistir a las audiencias de formalización. Para ello, la Fundación Amparo y Justicia ha declarado su misión en torno al cambio de políticas públicas buscando un cambio en los procesos penales que se están llevando en curso. El abogado de la fundación, Alejandro Espinoza indicó cuales fueron las falencias que detectaron para llevar a cabo esta campaña.

“En el proceso penal, las víctimas que son niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, no solamente sufren el mal que les causó el delito, sino que después pasan por un sistema altamente hostil, que está hecho en formato adulto, con lenguaje adulto, bajo racionamiento de adultos. Eso les genera a ellos un re victimización. Por tanto, la intención de la campaña y de nuestra fundación, fue promover una política pública que ayudara a disminuir la victimización secundaria, y modele el procedimiento penal a una forma más amigable”.

Implementación de recursos

Para lograr los resultados esperados que frenen con la violencia de carácter secundario en la que se expone a los niños se torna esencial la inyección de recursos tecnológicos y profesionales para el cumplimiento de la nueva normativa de las videograbaciones. En ese sentido, Felipe Espinoza es enfático en señalar que no se cuentan con los recursos actualmente, pero se está trabajando en un proceso gradual para paliar esta problemática al interior de los tribunales con el compromiso y responsabilidad que demanda el tema.

“La futura ley no entrará en vigencia de inmediato, sino gradualmente, lo que fue acordado por los legisladores justamente dada la necesidad de incorporar todo aquello que fuere necesario en relación a la infraestructura y tecnología para esta implementación, así como para poder entrenar a los entrevistadores que interactuarán directamente con los niños, niñas y adolescentes, y garantizar que éstos cuenten con las condiciones institucionales adecuadas para el desempeño de sus funciones”.

El impacto psicológico de las víctimas

Respecto al proceso de reparación de los niños víctimas de abusos sexual, la psicóloga de la Universidad de Concepción, Nieve Shade sostuvo su preocupación respecto a las incertidumbres que deja a entrever la ley en el proceso de toma de declaraciones de preguntas abiertas, más aún cuando el lenguaje empleado debe ser acorde al trabajo que se realiza con los menores de edad. Ante eso, el análisis debe estar sujeto al discurso de las víctimas para facilitar la identificación de las alteraciones en los relatos de los menores de edad.

De esta forma, esta campaña seguirá instalada en el debate público como una forma de buscar el resguardo de la integridad emocional de niñas y adolescentes, para que una vez por todas cambien los protocolos empleados por los tribunales que han terminado por agudizar aun más la vulnerabilidad de las víctimas de abuso.

Victimización secundaria