En Chile, garantizar el acceso a artículos de higiene menstrual para las mujeres de la población carcelaria no cae en manos del Estado, sino en la de los familiares a través de visitas o encomiendas. Sin embargo, en medio de una pandemia que restringe las visitas y no tiene ánimos de terminar, más de 3.200 reclusas dependen de la solidaridad entre ellas mismas para conseguir lo que podría considerarse un privilegio.

Muchas cosas quedaron al descubierto con la llegada de la pandemia al país hace poco más de un año. Entre estas, se encuentran el hacinamiento, la pobreza y las precarias condiciones de algunos grupos marginados de la sociedad, como por ejemplo, las personas privadas de libertad.

A pesar de que son pocas las veces en las que se les pregunta por sus necesidades, una parte importante de las cárceles del país viven con serias deficiencias en servicios básicos: sin agua potable las 24 horas, en condiciones de poca privacidad y falta de insumos de higiene menstrual, los que llegan a considerarse un privilegio. Esta última se traduce en una grave situación para las mujeres, de la que no hay más datos que testimonios de reclusas y funcionarias de Gendarmería. 

Desde organismos internacionales se ha acuñado el concepto de “pobreza menstrual» para describir la desigualdad en el acceso de insumos como toallas higiénicas, tampones, ropa interior o analgésicos, situación que se da no sólo en Chile, sino también en toda Latinoamérica en pleno siglo XXI.

Esto, sumado a una falta de educación sexual integral, han promovido la desnaturalización del ciclo menstrual, que se traduce en la invisibilización de una crisis que avanza silenciosa para desembocar en infecciones urinarias, problemas a la salud reproductiva y efectos negativos para la salud mental, acompañado de un sentimiento de vergüenza que afecta a millones de mujeres y niñas. Un círculo vicioso que no parece tener fin. 

En esta línea, si bien entregar este tipo de artículos no está garantizado para las mujeres de la población carcelaria, las Reglas de Bangkok, instrumento específico de Naciones Unidas relativo al tema, recalcan la obligación que tienen los recintos penitenciarios de prestar estos artículos, los que no es entregado por el Estado, pero que resulta ser urgente para naturalizar un fenómeno vinculado tanto a la salud como a la igualdad de género.

Tras el 28 de mayo pasado, Día Internacional de la Higiene Menstrual, se volvió a retomar este tema de la mano de organizaciones como Red de Acción Carcelaria, que inició una campaña para financiar recursos de gestión menstrual y cubrir una necesidad de la que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no ha podido hacerse cargo, ya sea por ignorancia o necedad.