Cada año las cifras de discriminación y violencia a disidencias aumentan, mujeres que rompen la norma son acosadas y hostigadas por su orientación sexual. La creación de políticas públicas que ayuden a erradicar las formas de discriminación arbitraria es una necesidad aún pendiente.

La encuesta Visibles realizada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) evidenció que un 77% de mujeres lesbianas han sido discriminadas, mientras que un 67% oculta su orientación sexual por temor a ser agredida. Este miedo no es irracional, el ataque a Carolina Torres, el lesbicidio de Mónica Briones, María Pía Castro, Nicole Saavedra y Susana Sanhueza, dan cuenta de la lesbofobia producto de una sociedad misógina.

Desde las organizaciones articuladas por mujeres se acusa la desprotección y desinterés de la policía por resolver dichos ataques. Ante ello, las redes de apoyo y los movimientos que exigen justicia por las asesinadas, han alcanzado una amplia difusión.

Para Claudia Amigo, psicóloga y cofundadora de Familia es Familia, el trabajo de activismo realizado ha permitido que “las personas comunes y corrientes, incluso las que no tienen alcance en las temáticas de las disidencias sexuales y de género, conocieran quien era Nicole”, aludiendo al lesbicidio de Saavedra el año 2016.

La difusión y visibilización de dichos crímenes de odio, se vuelven fundamentales para ejercer presión. Según la perspectiva de Claudia, “las razones principales de que haya una inoperancia e ineficiencia por parte de la justicia, es debido a que simplemente no nos ven, no ven a las lesbianas, menos a las lesbianas camionas”.

Visibilidad lésbica

El término camiona hace referencia a mujeres lesbianas de apariencia deliberadamente masculina. No buscan parecer femeninas, al contrario, son lesbianas visibles. Dicha acción, al margen de la presencia y control de un hombre, muestra una cara inaceptable -para ellos- de lo que significa ser mujer, siendo estigmatizadas y violentadas por no acatar la feminidad en lo estético.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe titulado Violencia contra personas LGBTI en América señala que estigma se “puede entender como un proceso de deshumanización, degradación, desacreditación y desvalorización de las personas”. De modo que, se basa en un atributo o identidad que es considerada anormal, acorde a lo que determina el sexismo, en el que hombres y mujeres cumplen un papel determinado y rígido.

Es así como sufren una doble opresión, por ser mujeres y ser lesbianas. Para Claudia esta arista es fundamental ya que “existe indolencia con respecto a los casos de lesbianas camionas y de la clase trabajadora o de escasos recursos. Susana es de San Esteban, Nicole de El Melón y María Pía de Limache, ninguna con un apellido que les importe. Las autoridades abandonan a las familias, no las respetan, ni las consideran, ni siquiera las ayudan en la búsqueda de justicia”.

La experiencia de Cecilia Riquelme, fotógrafa e integrante de la colectiva lésbica Ayuquelén, da cuenta de que es una problemática que se arrastra desde hace mucho. Al respecto, menciona que “siendo activista hace más de 30 años y al investigar distintos casos, en todos hay irregularidades, errores, desidia e indolencia. Basta conocer los testimonios de familiares de lesbianas asesinadas para entender la ineficiencia de la justicia chilena”.

Marco legal insuficiente

El activismo de Cecilia junto a su oficio, se volcó al registro audiovisual que inició el año 2017 en el marco de las manifestaciones a un año del fallecimiento de Nicole Saavedra. El trabajo documental In memoriam es un proyecto en desarrollo que “tratará de recordar varios casos de crímenes de odio a lesbianas, que han quedado impunes; el caso de Nicole marca un hito, porque por primera vez se condenará al asesino”, menciona la fotógrafa.

Para Rocío Hizmeri, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) hay dos grandes motivos que pueden explicar aquello “uno es la falta de tipicidad del lesbicidio como delito de odio y junto a lo anterior, la falta de formación en género de los jueces, defensores, fiscales y demás operadores de justicia”.

Al consultarle a la abogada sobre la existencia de algún marco jurídico que las proteja, afirma que “existe la Ley Zamudio que prohíbe la discriminación arbitraria por distintas razones y la Ley Gabriela, que incorpora en la tipificación del feminicidio un agravante al ser cometido por la orientación sexual”.

Sin embargo, para Claudia “la ley no da el ancho. No cuenta con un acompañamiento para las personas, no hace un seguimiento de su bienestar. No hay políticas públicas que ayuden a erradicar las formas de discriminación arbitrarias”.

Cuestionar el odio y los prejuicios es imperativo para la seguridad de lesbianas y disidencias. La lesbofobia, más que una fobia, engloba las actitudes de hostilidad y odio, que se refugian y sustentan en un sistema cultural patriarcal y heteronormativo, avalado por las instituciones judiciales y culturales.