La ola de protestas y represión en Chile durante los meses de movilización desataron una ola de violencia en las calles a lo largo de todo el país. El enfrentamiento entre carabineros y ciudadanos, generó el incremento en las denuncias por atropello a los derechos humanos.

La ebullición popular que marcó los días de octubre de 2019 fue álgida y catártica. Como una tetera que, tras ser ignorada mucho tiempo al fuego, emite un rugido caótico desde lo más profundo de sus cavidades, alertando a todo aquel próximo al estruendo.

Aquella sonoridad se asemeja a lo que fue Chile durante esos meses vertiginosos teñidos de un espeso color rojo granete, en los que Carabineros de Chile violentó, mutiló, cegó, atropelló, quemó, disparó y torturó a los manifestantes. Siendo las víctimas de traumas oculares, quienes se transformaron en un potente símbolo de la revuelta social. Uno de los casos más emblemáticos, fue el de Fabiola Campillai.

La fatídica noche en que la mujer perdió la vista no había protestas ni movilizaciones en su población en San Bernardo. Eran las 20:45 de un martes 26 de noviembre, se dirigía junto a su hermana al paradero de Portales Oriente, en donde esperaría el bus a la empresa Carozzi. Sin embargo, no alcanzaron a pasar la esquina del pasaje, antes de que una bomba lacrimógena impactará en su frente.

Campillai se convirtió en la segunda persona en quedar ciega debido a la represión policial. Desde entonces, su calidad de vida se ha visto precarizada. El dolor y malestar, la privación de sus sentidos y cirugías interminables forman parte de una larga lista, de la cual destacan la falta de justicia y resolución del caso.

A un año y medio de su agresión, su victimario, el carabinero Patricio Maturana Ojeda, goza de impunidad y sigue sin ser juzgado. La situación no podría calificarse de otra forma más que indignante. Según los vídeos salidos a la luz pública, se aprecia que al menos dos funcionarios habrían reconocido ver a una persona caer herida. Ninguno prestó auxilio.

Por otro lado, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, deja expresa la existencia del crimen ilícito y sus participantes. Entonces, ¿por qué, si se identificó quién estaba a cargo y a quién se disparó, aún no existe justicia?

El gobierno de Sebastián Piñera sigue sin reconocer la violencia sistemática a los derechos humanos. Nuevamente, Chile se caracteriza por el negacionismo, tan propio de su politiquería. Más, la impunidad y absolución, no niegan que los hechos hayan ocurrido.